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    Uruguay eligió empoderar a su gente

    Sr. Director:

    Una de las pocas certezas que trajo el Covid-19 es que el mundo no estaba preparado para enfrentarlo. Este acontecimiento, predicho entre otros por Bill Gates y hasta políticos ideológicamente tan diferentes como George W. Bush y Barack Obama, convirtió a nuestro planeta en un gran laboratorio, como afirma el pensador Yuval Noah Harari.

    Y en un laboratorio todo está a prueba.

    En una instancia de miedo generalizado y justificado, las sociedades —incluso las más liberales— se han encontrado con la necesidad de recurrir al Estado en busca de soluciones. Nadie discute el rol y la necesidad del Estado como último garante de la cohesión social. El tema es cómo hace uso de sus funciones básicas indelegables.

    Las respuestas de los gobiernos varían, y los rumbos elegidos han estado marcados por la convicción republicana y por el carácter que sus líderes le han impreso al manejo de la crisis.

    En una entrevista reciente en el Financial Times, Harari, uno de los intelectuales más lúcidos de nuestro tiempo, señalaba: “La humanidad enfrenta una crisis global. Tal vez la más grande de nuestra generación. Las decisiones que la gente y los gobiernos tomen en las próximas semanas no solo formatearán nuestro sistema de salud, sino también nuestra economía, nuestra política y nuestra cultura”.

    Para Harari, “la historia se está acelerando, (…) los cambios que antes llevaban décadas en hacerse, ahora se están instrumentando en meses, (…) hoy el mundo es un gran laboratorio en el que se están llevando a cabo inmensos experimentos sociales con centenares de millones de personas: industrias enteras han pasado a trabajar desde casa, universidades y escuelas han pasado a la enseñanza online; los gobiernos están inyectando billones en la economía”.

    Según el historiador y filósofo, un elemento clave en este auténtico laboratorio mundial es el alto nivel de la tecnología actual, que permite, entre otras cosas, acortar drásticamente la detección de la pandemia. Recordemos que en anteriores plagas no se descubría cuál era la enfermedad que nos mataba hasta mucho tiempo después. Para aquellos casos la única solución, por primitivo que parezca, era la inmunidad de rebaño.

    Hoy ya hemos podido identificar al enemigo, y podemos esperar que se produzca el hallazgo de la vacuna —o de un tratamiento efectivo que neutralice el virus, tal cual sucedió con el HIV— en un período muy inferior al que en otras épocas llevó a identificar una enfermedad similar.

    Pero, así como tenemos más elementos para lidiar con la pandemia gracias al avance científico, el avance tecnológico implica mayores riesgos para nuestras libertades.

    El mal uso de la tecnología permite que gobiernos y corporaciones vigilen no solo las preferencias políticas de los ciudadanos, sino también que conozcan y puedan manipular sus reacciones emocionales.

    El riesgo principal en estos cambios radicales es que, en función de cómo y para qué se utilice la nueva tecnología, dependerá si se empodera al Estado o a la sociedad civil. Como Harari lo define, el resultado del laboratorio “puede ser el empoderamiento ciudadano o la vigilancia totalitaria”.

    Lo que sucede en China no sorprende, dada la naturaleza de su régimen. La obra completa de Mario Vargas Llosa ha sido censurada, la información respecto de la pandemia es opaca y la muerte sorprendió extrañamente a los primeros científicos que advirtieron sobre el avance del virus. Además, hoy los estudiantes, gracias a la tecnología moderna, tienen la obligación de usar un brazalete para que el Estado pueda controlar sus movimientos, con la excusa de minimizar la pandemia.

    Pero la tecnología no solo es utilizada en regímenes autoritarios para controlar a la sociedad civil. Hoy, en nuestro país, por ejemplo, está instalada la discusión sobre los cambios a la ley de inclusión financiera. ¿Por qué obligar y no exhortar a la bancarización cuando es un proceso que solo con el tiempo las nuevas generaciones lo irán imponiendo?

    Sin dudas, la posibilidad que los gobiernos poseen para controlar a las sociedades con tecnología de avanzada es enorme desde mucho antes del coronavirus. Pero el ingrediente que agrega este mal es el miedo y, con él, el reflejo lógico y comprensible de los pueblos de confiar en quien los protege, sin los naturales balances y controles en la toma de las decisiones, a los que saludablemente nos acostumbró el Estado de derecho.

    Ante esta tendencia natural, es clave recordar que la democracia es una construcción permanente y colectiva. Los límites del Estado y del Estado de derecho, sobre todo en casos extremos como el que estamos viviendo, dependerán de la convicción republicana de gobernantes y gobernados.

    Alcanza con observar lo que sucede en los países vecinos —y no tanto— para legitimar esta preocupación. Difícil de entender el manejo que han hecho de la crisis los presidentes de Brasil y EE.UU. En Rusia, misteriosamente, se están suicidando algunos médicos. Lo de Argentina a esta altura ya ni sorprende.

    Son varias las naciones en el mundo en las que, bajo el paraguas del coronavirus, los gobernantes han afianzado su poder, priorizado el personalismo, su vocación chauvinista y su inclinación por aumentar las potestades de la autoridad central por sobre los derechos de la gente.

    No es el caso de Uruguay.

    El nuevo gobierno supo desde 13 de marzo que el partido que debía enfrentar sin calentamiento y contra el enemigo más difícil y desconocido se jugaba en equipo, y que ese equipo necesitaría a una ciudadanía activa y a una población empoderada.

    La coalición, en plena tormenta, tiene el rumbo correcto.

    Probó que está preparada para gobernar, que confía en su gente, que conoce muy bien los límites de su potestad y que, paradójicamente, tiene más poder cuando exhorta que cuando obliga.

    En el lapso transcurrido desde que asumió, lo actuado desvirtuó el relato de que la solidaridad, la sensibilidad social y el humanismo son patrimonio de algunos, y la motosierra, de otros.

    Nadie tiene el monopolio de la bondad, y la demostración de lo equivocado de aquel relato quedó demostrada en el hecho de que el gobierno de la República Oriental del Uruguay está preocupado y ocupado por la crisis, no apegado a dogmas ni a ideologías, aunque sí al firme respeto por el marco institucional en el que opera.

    Son muy pocos los gobernantes que, ante el dilema de más poderes para sí y su gobierno o para el pueblo, eligen empoderar a su gente, proporcionándoles información y ofreciéndoles transparencia.

    “Libertad con responsabilidad” ha sido la premisa rectora del Ejecutivo comandado por el doctor Lacalle Pou. Un marco conceptual y de acción que se evidencia en medidas que apuntan a la colaboración entre el Estado y la sociedad civil, respetándole su lugar natural en una democracia constitucional, liberal y republicana.

    Una de ellas fue no declarar la cuarentena obligatoria, cuando hacerlo le hubiese significado asumir un menor riesgo. En cambio, su preocupación fue ponerse del lado de la gente y asegurarse que pudieran intentar llevar el pan diario, exhortando a la mayoría a quedarse en sus casas y confiando en que cada uno utilizara su criterio con responsabilidad, priorizando lo colectivo.

    Otra medida que sigue esta línea fue el cierre parcial de fronteras. A diferencia de naciones como Argentina, Uruguay siguió trayendo a sus nacionales y residentes en el país, confiando en que, al llegar, respetarían su cuarentena, asumiendo nuevamente mayores riesgos.

    También haberse animado a recortar por dos meses los ingresos de quienes integran el Estado, liderando con el ejemplo. Fue una señal de sensibilidad muy clara en el rumbo adecuado, ya que al terminar esta pandemia es seguro que con la nueva normalidad no  todos los que tenían trabajo en el sector privado podrán regresar a ellos.

    Como último ejemplo a cuenta de muchos más, no puedo dejar de mencionar la firme oposición del Poder Ejecutivo con respecto a financiar con más impuestos el costo de esta crisis.

    Conocedor de nuestro país, sabía que el aparato productivo, aún sin pandemia, ya no resistía mayores cargas. La razón de ello es que nuestra economía estaba al límite, por haber absorbido subas superiores a los US$ 4.000 millones anuales en sus aportes al Estado.

    De haber recibido una situación fiscal más ordenada, el manejo de esta crisis sería muy diferente. Lo curioso es que quienes subieron en tal magnitud los ingresos del Estado y no gravaron al capital lo pidan ahora.

     El mundo desarrollado hace keynesianismo, pero se preparó en años de vacas gordas. En el Uruguay, el gobierno prefirió ser políticamente incorrecto antes de dañar aún más la delicada situación de nuestra economía.

    El tiempo es un gentil hombre que pone las cosas en su lugar y a cada hombre en el suyo.

    Sin mirar para atrás, dedicado en su plenitud a cumplir con la responsabilidad con que el pueblo lo honró, el presidente con su accionar reivindica la política como profesión, y evidencia lo obvio, el arte de gobernar no se compra, pero vale demasiado.

    Por último, la sociedad civil también tiene su rol a cumplir. Debemos estar atentos para que la tecnología nos termine empoderando y no depender para ello de un gobernante providencial.

    Eduardo Ache