Algunos países establecen impuestos específicos a los automóviles lujosos y otros, a cualquier vehículo de alta cilindrada. Una situación similar se verifica con las motos de agua, las membresías a clubes exclusivos, los objetos de oro, las joyas, los cosméticos, los perfumes, la carne de salmón, las bebidas alcohólicas y gaseosas, el caviar y los cigarrillos, que son considerados artículos o servicios “suntuarios” en ciertos sistemas tributarios.
En Uruguay, algunos bienes y servicios de ese tipo están gravados con el Impuesto Específico Interno (Imesi) y en muchos casos, si son importados pagan además para su ingreso al país aranceles más elevados que otras mercaderías. El dinero que el Estado recauda anualmente por estos dos conceptos equivale a 2,1% del Producto Bruto Interno (PBI), uno de los guarismos más elevados entre los países de la región y similar a lo que pagan los belgas y más que los japoneses e italianos.
Pero algunos sectores dentro del Frente Amplio, y también uno de sus precandidatos presidenciales, Tabaré Vázquez, entienden que esa carga impositiva es liviana.
Con más ingresos disponibles, en los últimos años en Uruguay aumentó la venta de automóviles, motocicletas, combustibles, bebidas alcohólicas y cosméticos —todos gravados con el Imesi—, y también de teléfonos celulares y televisores, entre otros artículos que elevaron el nivel de confort de los hogares.
En distintos ámbitos, el presidente José Mujica se ha referido con preocupación al incremento del consumo desmedido. La última vez fue el pasado 24 de setiembre, en Nueva York, cuando dedicó parte de su discurso al asunto al hablar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas: “Hemos sacrificado los viejos dioses inmateriales y ocupamos el templo con el dios mercado. Nos organiza y hasta nos financia cuotas de felicidad. Parece que hemos nacido solo para consumir y consumir”.
El mismo concepto repitió en varias entrevistas y en un encuentro con residentes uruguayos en esa ciudad.
Su antecesor y actual precandidato presidencial por el Frente Amplio para las próximas elecciones, Tabaré Vázquez, también reflexionó sobre el consumo desmedido en una entrevista en el semanario “Brecha” del viernes 27.
“Yo creo que es un tema que hay que estudiar a fondo, y que hay que manejar con mucho cuidado. Voy a dar un ejemplo: nosotros a veces podemos ver un gran consumo, una gran venta de motos, ¿verdad? Y eso hoy se puede hacer porque la población tiene un poder adquisitivo mucho mayor que el que tenía hasta hace pocos años. Me parece que eso no se discute. Y usted puede decir, bueno, eso también es un consumismo extremo. Sin embargo, usted ve que la mayoría de esas motos son para ir a trabajar. Si usted pasa por una construcción importante, va a ver en las veredas decenas de motos que usan, ¿quiénes? Los trabajadores de la construcción, que pudieron —a través de su trabajo y de sus ahorros— comprar ese vehículo para independizarse, y no tener que tomar dos o tres ómnibus para ir a trabajar o volver, ahorrando dinero, tiempo, etcétera. Yo creo que eso no puede ser catalogado como consumismo. Sí podría catalogar como consumista a aquel muchacho o muchacha que tiene un celular de penúltima generación que cumple todas las funciones y sin embargo va y lo cambia por uno de última generación, o el consumo de productos suntuarios, sobre los que creo que hay que aumentar la presión tributaria”, afirmó Vázquez.
Compartió con el presidente Mujica que el consumismo es uno de esos “problemas” que “no son exclusivos de Uruguay: están en todo el mundo”.
La idea de elevar la carga tributaria para los productos suntuarios ha sido promovida por actuales jerarcas de gobierno, como el ministro de Desarrollo Social, el comunista Daniel Olesker, y forma parte de las Bases Programáticas que aprobó el Frente Amplio el mes pasado de cara a los comicios nacionales de 2014.
En dicho documento la coalición de izquierda indica que el objetivo, como en “estos dos períodos de gobierno, es que contribuya más (con impuestos) quien tenga más”. En esa línea plantea: “Se puede seguir avanzando en el nuevo sistema tributario alterando selectivamente la presión tributaria sin afectar la competitividad sectorial. Por ejemplo, a la población de más alto ingreso, a los sectores con ganancias extraordinarias o poderosos patrimonios, al consumo importado de bienes suntuarios o competitivos con la producción nacional con una muy baja calidad”.
Carga
Hoy ya existe en Uruguay un tributo que recae de forma selectiva sobre determinados productos: el Imesi.
Grava la primera enajenación de, por ejemplo, vermouth, vinos finos, licorosos, espumantes y champagne a una tasa de 23%, alcoholes potables (11%), caña y grapa (85%), cerveza (27%), aguas minerales y sodas (22%), cosméticos, perfumería en general, máquinas de afeitar y artículos de tocador utilizados en cosmetología (20%), tabacos, cigarros y cigarrillos (70%), automóviles y motos (hasta 180% con motor diesel para pasajeros y 40% los restantes), lubricantes y grasas (35%), combustibles, equipos y artefactos de baja eficiencia energética (180%). También están gravadas con el Imesi las importaciones de mercaderías que realicen directamente las personas que no sean contribuyentes, cualquiera sea el destino.
En los primeros cinco meses del año este tributo recaudó un monto equivalente a poco más de U$S 500 millones, lo que representó 10,5% del total cobrado por la Dirección General Impositiva en el período, según datos de esa dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas. Algo menos de la mitad de esa cifra provino del Imesi a los combustibles, que pagan cuando pasan por los surtidores tanto un camión de una empresa como un particular, tenga un coche último modelo o una moto de baja cilindrada.
¿Lo que pagan los uruguayos por Imesi y otros impuestos especiales es mucho o poco con relación a la carga que soportan otras sociedades? Estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos —OCDE— permiten hacer esa comparación, en términos del monto de esos tributos específicos abonados respecto al tamaño de cada economía (su PBI).
En Uruguay esa relación llegó a superar el 3% en los primeros años de los noventa, osciló en torno a 2,8% entre fines de esa década y comienzos de los 2000, y bajó luego hasta niveles del orden de 2%. El último dato de la serie corresponde a 2010 y fue de 2,1%.
En la región esos porcentajes fueron en general inferiores, en todo el período.
En 2010, solo en República Dominicana (3,2%) y en Costa Rica (2,7%) se recaudó más que en Uruguay por impuestos específicos aplicados a bienes o servicios “suntuarios” o similares con relación al PBI de cada país. En Paraguay la carga resultó igual que para los uruguayos (2,1%) ese año, y fue más baja por ejemplo en Argentina (1,8%), Perú (1,1%), Ecuador (0,9%), Venezuela (0,9%), Brasil (0,5%) y Colombia (0,3%).
Entre las economías más avanzadas nucleadas en la OCDE, la situación es algo más dispar. En este caso las cifras corresponden a 2011 y los extremos son Estados Unidos (con 0,4% del PBI pagado en impuestos sobre bienes “suntuarios”), y Estonia y Turquía (ambos con 4,5%).
Chile y México, los dos países latinoamericanos que forman parte de la OCDE, están en una situación más parecida a la de sus vecinos de la región (0,7% y 1,5% en cada caso).
