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    Uruguay muestra como “logro” tener la mayor clase media de la región, pero “¿mucho más consolidada?, (...) esa es otra cuestión”

    La reducción de la pobreza en los últimos 15 años fue “notable”, aunque “quedan algunos núcleos de pobreza dura y de exclusión que deben ser atacados”, sostiene el director para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Luis López-Calva. De hecho, si bien Uruguay sobresale como el país de la región con la clase media más extendida, una porción importante de sus integrantes corren riesgo de volver a ser pobres. “Esa es otra cuestión, que implicaría que se pueda mantener un crecimiento alto y niveles de desigualdad razonablemente controlados”, acota.

    López-Calva, un economista mexicano que antes de llegar al PNUD ocupó varios cargos en el Banco Mundial, estuvo dos días en Montevideo para conversar con jerarcas y otros actores políticos, preparando una suerte de “transición” en la colaboración de esa organización con Uruguay de cara al cambio de gobierno del 2020. En esos contactos percibió que hay “consenso” respecto de los retos: “las restricciones fiscales”, el peso de la deuda pública, las tensiones en el sistema previsional, además de la necesidad de elevar los niveles de productividad.

    Con Búsqueda mantuvo la siguiente entrevista.

    —El lunes 20 se reunió con el ministro Danilo Astori. ¿Qué impresión se lleva sobre Uruguay y su economía?

    —A veces, desde la perspectiva local no se ponen en contraste los logros tan importantes en términos de crecimiento y de avances sociales.

    Además, es muy positiva la desvinculación de la crisis argentina, sobre todo desde el punto de vista financiero; el premio al riesgo de la deuda de Uruguay se ha mantenido bajo gracias al buen manejo del perfil de deuda. Hacer más resiliente al país frente a los vecinos es algo muy importante.

    También hay bastante claridad en los retos: las restricciones fiscales, el eventual tema de las pensiones y del nivel de deuda respecto al Producto. Son todas restricciones, pero que están siendo manejadas muy bien.

    —Con ese diagnóstico, ¿qué temas deberían estar en la agenda del próximo gobierno?

    —Lo que diré no hace a Uruguay muy distinto a toda Latinoamérica: hay espacios para mejorar en cuanto a la productividad. Está claro que para el crecimiento económico del país es muy importante el sector externo, y se debe seguir trabajando para diversificar mercados, si bien es cierto que actualmente hay un impasse en el crecimiento del comercio mundial que supone una limitante.

    Por otro lado, la reducción de la pobreza en Uruguay en los últimos 15 años ha sido notable y es, junto con Chile, la economía que más avances logró en este aspecto. Pero quedan algunos núcleos de pobreza dura y de exclusión que deben ser atacados.

    Veo consenso en cuanto a estos retos.

    —¿Cuál es su mensaje para los precandidatos en campaña?

    —Desde la perspectiva del PNUD, la forma más constructiva para un actor externo de contribuir al debate es identificar las coincidencias y tratar de construir a partir de eso. El diagnóstico puede diferir en cosas concretas, pero hay una clara coincidencia en cuanto a la necesidad de crecer y mejorar la calidad del crecimiento, todo el tema de la inclusión. Hay que enfatizar esas coincidencias, independientemente de cuál sea el resultado de la elección. Los países que avanzan de manera constructiva —y Uruguay es uno de ellos— son los que logran poner ese énfasis.

    En una visión histórica, no es raro que sociedades que han tenido logros muy importantes entren en tensión porque demandan estadios aún más altos. Pero lo relevante es, después de todo lo alcanzado, llevar a Uruguay a una etapa de mayor sostenibilidad en donde la condición de inclusión y de desarrollo ya no esté en debate, de modo que sea una economía más de todas las que caminan en una senda de desarrollo más elevada; todavía no está ahí, a pesar de todos los logros.

    —Si bien aumentó el Producto Bruto Interno (PBI o PIB) por habitante en la región, el crecimiento económico en general ha sido mediocre y volátil comparado con otras partes del mundo. ¿Cómo se explica ese rezago?

    —Primero que nada: hay heterogeneidades en la región. Por ejemplo, en 1990 Uruguay y Chile tenían alrededor del 50% del PIB per cápita que México, y hoy están muy por arriba. Otros de alto desempeño son Panamá y República Dominicana; también Paraguay, aunque su crecimiento ha sido muy volátil. Mi punto es que aún las economías con mejor desempeño de Latinoamérica —Uruguay y Chile— están por detrás de las de mejor desempeño del mundo, que son las asiáticas.

    Habría que ver cuáles son las restricciones a la productividad: si es que hay un nivel insuficiente de inversión respecto al PIB, si el problema está en hacia dónde va esa inversión —a sectores más productivos o no— o si hay un patrón de crecimiento más basado en la innovación y menos en bienes primarios, que ha sido tradicionalmente la restricción central para gran parte de Latinoamérica.

    —El gasto en educación e infraestructura aumentó mucho en los años recientes, pero la productividad no despegó. ¿Hay en esto cuellos de botella macro y microeconómicos?

    —Identifico tres áreas: las distorsiones fiscales; la regulación y la institucionalidad de los mercados laborales; y un sector financiero relativamente pequeño, lo que limita el acceso al financiamiento a niveles competitivos.

    Desde el punto de vista microeconómico también existen distorsiones. La combinación de las políticas fiscales, las políticas sociales y algunos arreglos institucionales hacen que las empresas no crezcan. En América Latina hay muchas empresas pequeñas de baja productividad, que tienden a quedarse pequeñas. Y hay pocas grandes, con alta productividad, que demandan mayores niveles educativos. ¿Y qué pasa? Aunque como países invirtamos en educación, la demanda por educación no es muy dinámica y, por ejemplo, en Chile, Brasil o México los niveles salariales para personas con calificación universitaria están estancados o incluso cayendo. Se ha invertido mucho en educación, pero la paradoja es que la demanda por esos trabajadores ha crecido de manera muy lenta.

    —Ha dicho que América Latina es una región de ingreso medio, pero que no tiene una sociedad de clase media. ¿Cómo calza Uruguay en esa afirmación?

    —En América Latina la pobreza se redujo sustancialmente en los últimos 15 años gracias al crecimiento económico y a políticas sociales más activas. Aun así, en 2018 solamente el 34% de la población se podía considerar de clase media, es decir que tenía seguridad económica y, por tanto, bajo riesgo de volver a la pobreza. A su vez, la pobreza había caído a niveles menores a 25%, dependiendo del país, de modo que gran parte de la población estaba en un nivel que no es pobre, pero todavía no es clase media.

    En el caso de Uruguay, sin embargo, la clase media supera el 65% de la población, una cifra cercana a la de algunos países avanzados. Es un poco la excepción porque tiene una clase media mucho más grande que otros en Latinoamérica, pero ¿mucho más consolidada? Bueno, esa es otra cuestión, que implicaría que se puedan mantener un crecimiento alto y niveles de desigualdad razonablemente controlados.

    —En un contexto de estancamiento de la economía y restricciones fiscales, ¿cómo proteger a esos sectores sociales vulnerables?

    ­—Parte de la importancia de tomar en cuenta esa distinción entre clase media, vulnerabilidad y pobreza es que marca que hay dos vías para tratar de proteger a esa población. Una es puramente mediante sistemas de protección social, como cobertura de salud o mecanismos de asistencia. La otra es dándoles mayores posibilidades de contribuir al crecimiento económico a través de la productividad. En parte lo que pasa es que esto que hablamos del problema de productividad en la perspectiva macroeconómica se refleja como un techo de productividad para los hogares a nivel microeconómico. Esto es, la incapacidad o la falta de posibilidad de los hogares para generar más ingresos. En este sentido, la forma de protegerlos es proveerles mejores mecanismos para generar ingresos, incluido el acceso al mercado financiero, que es algo sobre lo que se habla poco.

    —La discusión en Uruguay en torno a la productividad se tranca muchas veces por posiciones muy confrontadas entre empresarios y sindicatos. ¿Cómo debería enfocarse la discusión?

    —Una forma diferente es pensar más allá de la productividad del trabajo: cómo capital, trabajo y tecnología se combinan para lograr un mejor uso, y generan el mayor producto posible. Si la discusión es cómo la productividad se refleja en el salario, no necesariamente, pero puede volverse un juego de suma cero: lo que gana el trabajo lo pierde el capital. Aquí la pregunta de mediano y largo plazo es mucho más compleja: cómo tanto capital como trabajo, en combinación con una mayor adopción de tecnología, pueden asignarse de manera más eficiente para que el patrón de crecimiento de la economía en su conjunto sea más alto. Esa es la discusión relevante y pasa por levantar barreras institucionales y desarrollar los mercados de crédito que hoy son muy pequeños en la región.

    —Insiste con el tema del mercado financiero. ¿Parte del problema puede estar en la alta participación del Estado en el negocio bancario, como se ve en Uruguay?

    —Indiscutiblemente pasa por una mayor competencia, lo que no quiere decir que no haya un rol para el Estado tomando aquel riesgo que los bancos no están dispuestos a asumir.

    También hay una cuestión de cultura financiera. En este sentido, un tema central, que en otros países juega un papel más importante que en Uruguay, es que las personas y las empresas confíen en el sistema y que su dinero estará protegido. Cuando hay largos períodos de estabilidad, como ha ocurrido en Uruguay, las condiciones son mejores para reconstituir un mercado de crédito más competitivo en el que la gente pueda confiar.

    Recuadro de la nota

    “Optimismo” ante una menor tolerancia con la corrupción

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