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El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, promulgó días atrás la ley de ratificación del Convenio de Reconocimiento de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en América Latina y el Caribe, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Con la firma de Uruguay se alcanza el número de países requeridos para que el acuerdo quede operativo en la región.
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Se trata de un tratado “muy importante” para acreditar las reválidas de estudios, títulos y certificados que reconocen las trayectorias académicas de estudiantes, graduados, docentes e investigadores universitarios en todo el continente, según explicó a Búsqueda el titular del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Pablo da Silveira.
Unesco aprobó a partir de 2018 “una ola de convenios” en la región que tienen como “gran paraguas” un acuerdo mundial de cooperación entre los sistemas educativos universitarios para facilitar una mayor movilidad de estudiantes, profesores e investigadores, según el director del Área de Educación Superior del MEC, Carlos Romero, consultado sobre el alcance del convenio de reconocimiento de título que ya es ley en Uruguay.
“El espíritu general del convenio es buscar la cooperación entre los distintos sistemas educativos y favorecer una mayor movilidad académica para en definitiva hacer un mundo más chico, donde las personas puedan desplazarse con facilidad y acelerar el desarrollo de la región, que implica la formación y empleo de cada vez más científicos, técnicos y profesionales”, comentó Romero a Búsqueda.
Uno de los aspectos más relevantes del convenio es que los títulos y certificados de estudios que cada persona ha ido acumulando a lo largo de su vida académica podrán ser reconocidos más fácilmente de un país a otro. Esto es, en palabras del jerarca: “Sin que implique una mayor traba el estudio de la documentación, lo cual muchas veces supone un calvario” para el peticionante que acredita haber finalizado un programa completo de educación.
Por ese motivo, Presidencia promulgó la ley (N° 20.035) de ratificación del convenio, tras la aprobación parlamentaria en ambas cámaras, el 11 de mayo. Faltaba la firma del presidente en el documento y que Cancillería lo remitiera ante la Unesco.
Mayor movilidad y plazos razonables
El texto del convenio impulsado por la Unesco, a cuyo contenido accedió Búsqueda, parte de la premisa de que la educación superior es un bien público que prestan instituciones estatales y privadas conscientes de la necesidad de proteger los principios de libertad de cátedra y autonomía de las instituciones de nivel terciario y universitario.
Entre los objetivos de este tratado destaca el de promover las oportunidades que ofrecen los sistemas de educación y el de “asegurar la mayor movilidad” académica en el continente. En ese sentido, plantea “facilitar el reconocimiento de estudios, títulos y diplomas profesionales”, “favorecer la permanencia de los recursos humanos cualificados en la región, reduciendo la fuga de cerebros”, “la inclusión en la educación superior” y “una mayor confianza en los sistemas nacionales de evaluación y acreditación” de estas instituciones.
Además, la Unesco alienta “la creación y el fortalecimiento de mecanismos que aseguren la calidad” académica entre los estados partes, a través de “redes regionales y subregionales” para el reconocimiento de estudios, y “mejorar la cooperación internacional y el intercambio de información accesible, actualizada, transparente y pertinente” entre los países.
Los Estados firmantes se comprometen a adoptar “todas las medidas necesarias” para alcanzar “progresivamente” estos objetivos y a “armonizar las condiciones de admisión en la educación superior” para favorecer la movilidad de personas cualificadas en la región mediante una evaluación de los títulos “en un plazo razonable”.
Otro capítulo de este acuerdo apunta en particular a resolver la situación de personas refugiadas y desplazadas, que huyen de guerras u otros conflictos. Obliga a que cada país adopte “todas las medidas razonables” que permitan evaluar con prontitud los requisitos pertinentes para el acceso a la educación superior de estos colectivos.
Ese capítulo “refiere a aquellos que son movilizados prácticamente con lo puesto y que de la noche a la mañana pasan a vivir en otro país, acaso con otra lengua y sin documentos que certifiquen su formación para que sean reconocidos como los profesionales que son”, sostuvo Romero, el director del MEC, para remarcar que “estos convenios velan, fundamentalmente, por los derechos universales”.
El ministro Da Silveira informó que “está encaminado” otro acuerdo de carácter similar al ya ratificado por Uruguay, aunque de alcance mundial.
