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En las últimas horas del 24 de diciembre el juez federal de la argentina ciudad de La Plata, Ernesto Kreplak, libró un pedido de captura internacional contra el empresario y sindicalista Marcelo Balcedo y su pareja Paola Fiege. Los argentinos se encontraban viviendo desde hacía años en Playa Verde, Maldonado, junto a sus tres hijos. Habitaban una lujosa mansión, usaban autos de alta gama —Ferrari, Porsche, Mercedes Benz— y tenían gustos caros: Rolex, Louis Vuitton, Cartier, Hilfiger. También gustos exóticos: poseían un pavo real albino y varios comunes, ciervos, alpacas, un loro hablador, uno australiano, dos guacamayos, y más. Contaban con entrenador personal, chef, niñeras, profesora de inglés, chofer y jardineros, entre otros empleados que percibían salarios generosos en dólares —y en negro—. Dos aeronaves y varias armas también figuraban entre sus pertenencias. Y varios millones de dólares, resguardados en cofres fort.
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Pasadas las 6 de la mañana del 4 de enero, Balcedo se despertó con la policía en su casa. Lo detuvieron junto a su pareja, que llegó sobre las 7 de la mañana. Los uruguayos cumplieron con el pedido de los argentinos, pero en seguida iniciaron una investigación para identificar lo que el empresario poseía en el país. Por el momento, el botín es grande: los bienes incautados superan los US$ 14 millones.
Argentina tenía 30 días para pedir la extradición de Balcedo y Fiege: el 23 de enero el juez Kreplak firmó el documento, que dos días después estaba en el juzgado de Crimen Organizado de Uruguay. Pedía, además, la entrega de los bienes incautados.
Pero la Justicia local no dejaría ir tan fácil al empresario, ni a sus millones. La investigación de la fiscalía de Maldonado determinó que el dinero y las propiedades podían implicarlo en el delito de lavado de activos, sin mencionar el contrabando y tráfico de armas.
Así que no perdieron tiempo: apenas unos días después de que llegara el pedido de extradición, la fiscalía solicitó un audiencia para formalizar un juicio en contra de la pareja. Era importante que el juicio en Uruguay se iniciara antes de que la Justicia evaluara la extradición. De lo contrario, la prioridad la tendría Argentina.
El fiscal del caso, Rodrigo Morosoli, decidió interrumpir su licencia. Terminó de preparar el documento con los indicios en contra del empresario —que detalló en un escrito de 63 páginas— y viajó a Montevideo. El martes 30 de enero, en una audiencia oral y pública, Morosoli pidió al juez Pablo Benítez que iniciara formalmente el juicio contra Balcedo y Fiege. La audiencia por la extradición sería un día después.
“Fue la estrategia que adopté. No es que nos apuramos para llegar antes, estábamos en condiciones de pedir la formalización desde hacía días, pero aprovechamos el tiempo que teníamos para armarla mejor”, dijo Morosoli a Búsqueda. “Si no pedíamos la formalización, me hubieran criticado por dejarlo ir. Vi la oportunidad y la aproveché”, agregó.
Un juez kirchnerista.
El debate duró más de dos horas. En una sala pequeña, abarrotada de periodistas, los acusados escuchaban calmados.Ambos con ropa deportiva, expresión relajada y brazos cruzados, soportaron con paciencia las insistentes cámaras que los enfocaban. Los acompañaban sus defensores, Alejandro Balbi y Víctor Della Valle, y abogados argentinos.
Del otro lado, la fiscalía. Sobre las 10:30 del martes Morosoli tomó la palabra e hizo un relato detallado de la evidencia que había recogido en contra de la pareja. El estilo de vida suntuoso que llevaban no tenía respaldo en ingresos lícitos. Los delitos por los que los investigan en Argentina —fraude con fondos del Sindicato de Obreros y Trabajadores de Minoridad y Educación, del que Balcedo era secretario general, y extorsión, entre otros— constituyen un precedente al lavado de activos que se busca comprobar en Uruguay.
Cuando le tocó el turno a la defensa, los abogados se explayaron en las “motivaciones políticas” que hay detrás de la persecución de Balcedo en Argentina. Se trata de un juez “kirchnerista” que busca vengarse de la oposición que el empresario mantuvo desde sus medios de comunicación. Y el fiscal uruguayo se equivoca al tomar en serio esas acusaciones, aseguraron. Estaba siendo “inducido a error”. El juez los interrumpió: “Entendí el concepto. Hablemos de lo que se está investigando en este expediente”.
La defensa continuó con su argumentación. Se quejó de la forma violenta en la que fueron detenidos sus defendidos —con capuchas, armas largas, pistolas en la cabeza de la mucama— y del poco tiempo que les concede la ley para armar el caso y refutar los dichos de la fiscalía. Los abogados afirmaron además que Balcedo sí tenía ingresos, ya que se trata de un empresario, ingeniero, con un máster en Comunicación.
El juez le dio la razón a la fiscalía.
Tras formalizar el juicio, restaba la discusión sobre las medidas cautelares: ¿debían aguardar el juicio en prisión? El fiscal consideró que había riesgo de que se fugaran del país, debido a que ostentan un “inusual poder económico”, y pidió que continuaran presos por 150 días. Para la defensa, era descabellado plantear que se pudieran escapar: no tenían ya dinero, ni pasaportes, y ningún país los recibiría. “Radicalmente nos oponemos”, dijo Balbi, secundado por Della Valle. Un poco más resignados sobre la suerte de Balcedo, insistieron en que se le concediera arresto domiciliario a la mujer, por su “condición de madre”, “por el bien de sus tres hijos”.
Tampoco tuvieron suerte: Benítez dispuso prisión preventiva para ambos, aunque por 120 días. En ese plazo el fiscal deberá presentarse en audiencia para pedir la condena de los imputados, o pedir una prórroga para continuar investigando, que puede llegar a extenderse por dos años.
Sobre las 12:30 finalizó la audiencia y las cámaras rodearon al fiscal victorioso. Los rostros de Balcedo y Fiege continuaban calmos. Abandonaron discretamente la sala junto a sus abogados.
El miércoles 31 de enero la pareja volvió al juzgado, esta vez para asistir a la audiencia en la que se resolvería la extradición. Pero los abogados pidieron una prórroga, por lo que se celebrará en los próximos días. De todas formas, el futuro inmediato de los indagados estará en Uruguay. Es que aunque se conceda la extradición, con un juicio en curso la prioridad es de la Justicia local. Si son condenados, recién cuando cumplan la pena aquí podrán ser juzgados por el país vecino.
Los millones de dólares parece que tampoco cruzarán el charco pronto. Cuando fue consultado por los periodistas, Morosoli fue claro. Los bienes se hallaron gracias a la investigación de la fiscalía de Maldonado: “La Justicia argentina solo pidió la detención”.
