Tras la explosión de casos de Covid-19, en el mundo se produjo un incremento exponencial del tráfico de Internet, ya sea por el uso en los hogares —con muchos de sus miembros en aislamiento y realizando teletrabajo— o las empresas, en algunos casos canalizando ventas online mucho más que antes. Eso pone a prueba la infraestructura digital: en la tercera semana de marzo la velocidad de descarga web en Nueva York se redujo 24%, según datos de la plataforma Ookla/Speedtest.
Uruguay y otros países de la región no escapan a ese fenómeno, mientras intentan mantener activas sus economías al mismo tiempo que la mayoría de sus habitantes permanecen confinados en sus casas para evitar la propagación del contagio. En ese propósito, Internet es un aliado vital.
¿Cuánto puede ayudar la digitalización a moderar el impacto económico de esta pandemia? La experiencia del 2003, con el SARS —otro coronavirus—, la infraestructura digital jugó un papel importante, según una reciente investigación efectuada por CAF-Banco de Desarrollo de América Latina. Un primer dato es que un incremento de 10% en el nivel de penetración de banda ancha fija se asocia con un crecimiento de 0,27% en el Producto Bruto Interno (PBI) de los países. A partir de eso, los economistas de ese organismo calcularon que aquellos países con mayor dotación de infraestructura de banda ancha fueron capaces de contrarrestar, al menos parcialmente (en un 75%), los efectos del SARS.
Ante el Covid-19, el estudio se enfoca en analizar el grado de preparación de América Latina y el Caribe en términos de su infraestructura digital y el nivel de digitalización. La región está en una posición intermedia respecto a otras en cuanto al desarrollo de su ecosistema digital: con un índice de 49,92 (en una escala de 0 a 100), supera a África (35,05) y, apenas, a Asia Pacífico (49,16). Sin embargo, “a pesar de los avances significativos de los últimos 15 años (…) todavía muestra un rezago respecto a Europa occidental (71,06), América del Norte (80,85), Europa del Este (52,90)” y un grupo de Estados árabes (55,54). A este rezago se suma una tasa de crecimiento anual del llamado “índice CAF de desarrollo del ecosistema digital” (6,1% entre 2004 y 2018) inferior a la de otras zonas del mundo, acotan los investigadores.
En las últimas semanas, el aumento en el número de dispositivos conectados en el hogar utilizando plataformas de videoconferencia y trabajo en la nube ha creado en todo el mundo un cuello de botella en los enrutadores wifi que operan sobre espectro no licenciado. Según CAF, la capacidad de las redes para acomodar las necesidades de comunicación resultantes de Covid-19 “solamente puede ser garantizada mediante la acción conjunta de operadores, reguladores y plataformas de Internet”. En ese sentido, los reguladores deberán comenzar a examinar la necesidad de aumentar la porción de espectro no licenciado en las bandas superiores de 5 GHz y 6 GHz, siguiendo los pasos en curso en Estados Unidos.
Antel informó que a partir del 10 de marzo, ya con la emergencia sanitaria, los servicios de acceso a Internet residenciales fijos basados en tecnología de fibra óptica (FTTH) o sobre redes de cobre (ADSL) registraron un incremento en el perfil diario de utilización de hasta 32% al 3 de abril, comparado con los registros previos a dicha fecha. De igual forma, para los servicios móviles este aumento fue de hasta 44%. Ese mayor tráfico “no alteró la calidad de los servicios, gracias a la robustez de las redes de Antel y su excelente nivel de conectividad”, agregó la empresa estatal en un comunicado difundido ese día.
La telefónica estatal proporcionó a Búsqueda información actualizada. Entre el 10 de marzo y este lunes 14 el tráfico medido en gigabytes (GB) creció 32% en el promedio diario para los servicios residenciales de fibra óptica (FTTH) y ADSL. Asimismo, el consumo diario promedio en GB se incrementó 48% en los servicios móviles. “Los datos evidencian que la red de Antel respondió con holgura al incremento de la demanda de tráfico de datos de fibra óptica y servicios móviles, tanto de hogares como de empresas”, incluso durante el horario pico de demanda, resaltó.
Por su lado, el presidente de la Cámara de Telecomunicaciones de Uruguay, José Pedro Derrégibus, instó a los ciudadanos a hacer un uso responsable de las redes de telecomunicaciones en la actual coyuntura porque, aunque son robustas, “las redes no son infinitas”.
Ante la pandemia de hoy y el aislamiento social como primera medida de contención, la penetración de Internet en los hogares es la palanca fundamental para poder afrontar sus consecuencias económicas, ya que es lo que permite a la población continuar realizando una cantidad de tareas cotidianas que antes requerían el contacto físico. El estudio señala que el 68,7% de los hogares de América Latina con acceso a la web “revela de por sí el primer obstáculo para afrontar el Covid-19 mediante el uso de tecnologías digitales”. Más allá de ese virtual tercio de la población digitalmente marginado, las cifras varían entre un mínimo de penetración en Perú (61,1%) y un máximo en Venezuela (95,8%); en Uruguay, el 74,2% de los hogares tendrán acceso a Internet, según la proyección calculada para 2020.
Hogares
Un factor que reduce el poder de resiliencia de la digitalización del hogar para afrontar la pandemia es el hecho de que, aún entre los usuarios de internet, la capacidad para adoptar servicios que permitan “virtualizar” actividades físicas es limitada. Para medir eso, los investigadores de la CAF crearon un “índice de resiliencia digital del hogar” que combina el número de apps de salud y educativas descargadas, la cantidad de plataformas de servicios financieros (Fintech) por millón de habitantes y el porcentaje del comercio electrónico respecto del comercio minorista total en cada país. El índice promedio para América Latina es de 30,7, que se compara con 53,8 de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Argentina, Brasil y Chile son los más preparados —sus índices son los más altos, aunque todos por debajo de ese promedio de la OCDE—, mientras que Bolivia es el que presenta peor resiliencia digital por hogar (por “falta de confiabilidad en los datos”, no figuran índices para Uruguay y algunos otros países).
Se podría considerar que los trabajadores de la industria del conocimiento (por ejemplo, investigadores y desarrolladores de software) serían los más proclives a adoptar el trabajo a distancia, que muchos ya usaban antes de la pandemia. Pero ¿cuál es el número de trabajadores que, por la naturaleza de su ocupación, no pueden realizar su tarea desde el hogar? La CAF presentó una estimación para Chile: de una fuerza de trabajo de 7,8 millones de personas, el 43,6% conservaría el empleo porque o tiene que continuar asistiendo al lugar de trabajo (20,6%) —con el riesgo de contagio que eso conlleva— o pueden trabajar remotamente (23%), por lo que más de 56% enfrentan “condiciones de disrupción”.
Empresas
La medición de la “resiliencia productiva” desde el punto de vista digital consideró dos dimensiones: por un lado, hasta qué punto las cadenas de aprovisionamiento, el procesamiento y los canales de distribución pueden seguir operando en una situación de aislamiento social; por otro, el grado de preparación de las economías para afrontar la migración al teletrabajo. Nuevamente, la situación difiere entre países de la región; en Uruguay, el 93% de las empresas tienen conexión a Internet, el 68% usa la red para servicios bancarios electrónicos pero el 37% la emplea para adquirir insumos.
“Aun para aquellas empresas que hayan digitalizado internamente su cadena de aprovisionamiento, existen barreras para la comunicación interorganizacional entre todos los participantes”, señala la CAF. Además, en la última década la mayor parte de los países de la región han mejorado el desempeño de algunos de los facilitadores de la cadena de suministro, como en la infraestructura de puertos, carreteras interurbanas y aeropuertos. Pero el bajo nivel de digitalización, por ejemplo, de la industria de transporte terrestre, “representa un importante cuello de botella” para hacer más eficiente la cadena de suministro.
Con relación a la gestión de los procesos aduaneros, en los últimos años se produjeron en la región “ciertos avances” en la simplificación y digitalización, incluyendo la creación de “ventanilla única” de comercio exterior, como tiene Uruguay. “Aun así, los países de América Latina todavía están rezagados respecto a las mejores prácticas internacionales. Esto se evidencia, por ejemplo, en el tiempo requerido para procesar la documentación” necesaria para las operaciones de exportación e importación, advierten los investigadores.
Las barreras a la digitalización en la cadena de aprovisionamiento de la región se extienden a los canales de distribución, agregan. El porcentaje de empresas que tienen desplegados canales de venta digitales varían significativamente entre países, aunque el estudio no presenta datos para todos. En el caso de Uruguay eran algo más de un tercio (35%) en 2018, solo superado por Colombia (38%); eso contrasta con menos de 10% en Ecuador, México y Perú. La manera más rápida de resolver esta barrera “es apalancar y acelerar el desarrollo de plataformas de comercio electrónico que, en tanto intermediarios, permiten introducir un nivel de eficiencia en la distribución de bienes”, señala el estudio.
Estado
La resiliencia en el aparato del Estado frente a la pandemia está basada en su capacidad para seguir funcionando en términos de procesos administrativos y para continuar entregando servicios públicos. El cálculo de un índice en este sentido realizado por la CAF muestra que, debido al trabajo de años en el desarrollo de gobierno electrónico, ciertos países de la región —en particular, Chile, Uruguay, México, Brasil y Argentina— parecen estar mejor posicionados para afrontar la disrupción.
Una métrica que puede dar una perspectiva respecto al nivel de digitalización de servicios públicos —y consiguientemente, de su resiliencia— es el índice del desarrollo de gobierno electrónico. Uruguay figura con un valor de 0,79, que se compara con el promedio regional de 0,66 y de 0,83 de la OCDE. De combinar eso con un indicador de los procesos que pueden ser reducidos por la digitalización, surge un índice compuesto de “resiliencia del Estado” para enfrentar la disrupción de la pandemia que encuentra a Uruguay segundo (47,07), por detrás de Chile (54,98) y encima del promedio de América Latina (40,36). Para la OCDE es 66,17.
