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Como parte de una tendencia surgida con la última crisis económica mundial que estalló en 2007-2008 y la necesidad de algunas potencias de recaudar, la opacidad tributaria empezó a ser desmantelada. Así, en los últimos años Uruguay recorrió un camino de cambios que lo posicionaron frente a la comunidad internacional como un país más transparente y colaborativo en la lucha contra la evasión y el lavado de activos.
En ese proceso, iniciado en el primer gobierno del Frente Amplio, se siguieron lineamientos que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomienda a través del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio en materia tributaria. Eso le permitió salir de una “lista gris” en la que estaban las jurisdicciones opacas.
Uno de los hitos fue la reforma impositiva de 2007, que mediante la ley 18.083 y sus reglamentaciones introdujo cambios en la tributación de la renta empresarial y personal. Solo se grava lo generado en el país (el criterio territorial).
Esa reforma prohibió además la constitución de nuevas Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (SAFI). Para las existentes, estableció como fecha límite de funcionamiento el 2010.
También flexibilizó el secreto bancario a efectos fiscales. Previó el levantamiento voluntario mediante acuerdo entre el contribuyente y la Dirección General Impositiva. Más adelante, en 2011, la ley 18.718 reguló el levantamiento forzado del secreto bancario en casos de denuncia por el delito de defraudación tributaria promovida por la administración ante la justicia penal. Dicha norma también autorizó el levantamiento para los casos en que un Estado extranjero pidiera información en el marco de un convenio de intercambio de información tributaria. Desde 2009 Uruguay negoció más de 30 acuerdos bilaterales de ese tipo.
También a partir de 2011 las personas físicas residentes en Uruguay pasaron a estar gravadas al 12% por las rentas derivadas de depósitos, préstamos y colocaciones financieras en entidades del exterior. Esto significó un cambio en el criterio de fuente territorial para ese tipo de inversiones. El mismo tratamiento se le dio a los dividendos distribuidos por sociedades uruguayas derivadas de rentas generadas por inversiones en el exterior.
Más recientemente, los cambios apuntaron a las sociedades, también a instancias del foro de la OCDE.
En 2012, la ley 18.930 modificó el régimen de acciones al portador, que debieron pasar a ser nominativas y se creó en la órbita del Banco Central (BCU) un registro de sus dueños.
“Vocación de transparencia”.
En Uruguay hubo un “cambio drástico” y una “mejora sustancial” en la normativa y en la práctica de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, evaluó el presidente del BCU, Mario Bergara, consultado por Búsqueda.
Hacia adelante, dijo, “quedan nuevos desafíos” porque las recomendaciones internacionales en la materia son “cada vez más exigentes”.
En esa línea, reconoció que está pendiente conocer al beneficiario final de las sociedades, porque con el registro de accionistas al portador en el BCU surge que a menudo se trata de otras sociedades.
Además, mencionó el hecho de dar “impulso hacia un mayor cumplimiento en el reporte de operaciones sospechosas” de lavado de activos fuera del sistema bancario y a ser más exigente con “un conjunto de profesionales” para lograrlo.
Bergara se refirió al compromiso de Uruguay de integrarse al acuerdo multilateral de intercambio automático de información tributaria. “Seguramente, con la vocación de transparencia de Uruguay y de colaboración va a estar actualizando y modernizando normativas y operativas para el cumplimiento de eso y volver a tener una muy buena evaluación del cumplimiento de las recomendaciones internacionales en un par de años”, evaluó el jerarca.
