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El articulado de la Ley de Presupuesto 2020-2024 dispuso que los ministerios debían proponer sus reestructuras, pero una norma posterior lo hizo opcional. Bajo ese carácter voluntario, siete carteras han dado pasos —se trata de un proceso de varios “componentes” o fases— para reestructurar la totalidad de sus unidades ejecutoras: Transporte y Obras Públicas; Ambiente; Vivienda y Ordenamiento Territorial; Salud Pública; Desarrollo Social; Turismo; y Ganadería.
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El director de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), Conrado Ramos, contó que con esos ministerios se avanzó en la redefinición, distinguiendo procesos sustantivos, estratégicos y de apoyo, y que ahora se está cerrando la tercera etapa, que implica establecer reestructuras macrorganizativas. El siguiente componente supone definir la “planilla horizonte” de personal según las necesidades. Una vez identificado eso, el Comité Ejecutivo para el Rediseño Organizativo —constituido por el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la ministra de Economía y el propio director de la ONSC— puede avalar las reestructuras para que sean enviadas al Parlamento y solicitar los ingresos que sean previstos.
Un incentivo para querer reestructurarse fue la posibilidad de levantarles la restricción para cubrir vacantes: “Hagan una buena reestructura, nosotros observamos bien, hacemos una anatomía de las condiciones para llegar al componente cuatro, que es qué planilla necesita y cuáles son sus necesidades. Ese era un muy buen gancho, pero hay ministerios que no han participado en las reestructuras y Servicio Civil no define cuándo se levanta o no el tres por uno. Es más: Servicio Civil no participó en los decretos ni fue consultado en los sucesivos decretos del Poder Ejecutivo acerca de cuán restrictivo es el ingreso de personas. Por lo tanto, no podemos responder nosotros políticamente por el tema de ingresos, pero sí técnicamente”.
Estas reestructuras ministeriales están enganchadas con otro intento de reforma liderado por Ramos, también sinuoso, que luego de varias postergaciones se incorporó en el proyecto de Rendición de Cuentas a estudio del Parlamento: la definición de “ocupaciones” y su valor salarial como parte de una nueva carrera para los funcionarios públicos para que, si quiere, la aplique la siguiente administración.
El jerarca dijo ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados que la “dotación ideal” que debe definir cada ministerio dispuesto a reestructurarse “es muy difícil de saber hoy en día”, cuando las denominaciones de cargos son como “administrativo” o “profesional asesor”.
Economía, Educación, Interior, Defensa y Presidencia están encarando reestructuras parciales, en una o dos unidades ejecutoras (son 55 las alcanzadas en total). En el resto de los incisos del Poder Ejecutivo sus autoridades decidieron no hacer ninguna transformación organizacional.
Los plazos para presentar las propuestas de reestructuras se fueron corriendo. Un deadline iba a ser el miércoles 15, pero un decreto —negociado con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE)— dio hasta fin de agosto para la definición de los cargos que se crean y “llegar a todo el proceso hasta la designación de la persona antes de que se aplique la prohibición constitucional (por el año electoral) del llenado de vacantes”, explicó Ramos. “Estamos corriendo” para que se cumpla con el plazo, dijo a Búsqueda.
Fuera del marco de la actual Ley de Presupuesto y del decreto reglamentario, la ONSC también asesoró en la preparación de reestructuras en dependencias específicas, como la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas; la Agencia Reguladora de Compras Estatales; Sanidad Policial; y las direcciones de Zonas Francas, de Aduanas, de Asuntos Contractuales, Legales y Registrales, y de Fiscalización de Salud Pública. También lo hizo en Antel.
