El Ejecutivo plantea nueva carrera y un cambio “radical” en la evaluación de funcionarios, para que adopte un futuro gobierno

“De alguna manera hay satisfacción de poner este tema a la luz, de discutirlo en el Parlamento con los partidos, con los sindicatos y las cámaras empresariales. Es necesario no solamente una pata normativa sino hablar del tema”, reflexionó. Para Ramos, es “elemental” que en la función pública se pongan en consideración aspectos como la “motivación”, una “carrera donde se sepa qué hacen las personas con ocupaciones definidas para poder capacitar y evaluar de otra manera. Saber si hay temas de franjas etáreas o de género metidos… Hoy estamos a ciegas”, lo que impide “mejorar la calidad de la política pública. Y, por otro lado, profesionalizar la alta dirección pública, para que no sean designaciones discrecionales”.

Para transformar eso, la ONSC creó fichas que definen unas 126 “ocupaciones” —agrupación de actividades laborales de similar naturaleza en cuanto al trabajo desempeñado, a los conocimientos aplicados y a las competencias requeridas—; a cada una le dio un correlato salarial. Hay desde un “gestor/a administrativo/a” a un “docente” o un “fiscalizador” (Búsqueda Nº 2.226).

Ese capítulo del proyecto de Rendición de Cuentas incluirá la “nueva carrera, las ocupaciones, su valoración, las líneas salariales” para la administración central, salvo las áreas que tienen sus propios estatutos u otras, como DGI o Aduana, cuyos sistemas salariales “están en otra liga y no tiene sentido meterlos a una línea salarial que ven de lejos”, explicó el director de la ONSC. El articulado también comprenderá unos 20 cargos de alta dirección pública.

“Todo el proceso de salarización de las compensaciones, que no se hará ahora, es complejo y queda para la próxima administración. Hicimos todo el esfuerzo técnico y hemos arrojado mucha luz sobre esto, pero luego hay que ir al campo y concretarlo. Habrá que tener mucha voluntad política y capacidad técnica en el momento de implementarlo”.

La definición política fue que esta reforma “será en la administración que viene”, si así lo deciden las nuevas autoridades, subrayó.

Si esta transformación se adoptara ahora, el costo sería de unos $ 600 millones, incluyendo el sistema de alta dirección pública. “Esa es la estimación con la actual línea salarial, si se implementara. Si subiera la línea, el costo sube (…) ¡Es nada! Cualquiera de las compensaciones que se inventan y se ven en las leyes presupuestales suman el mismo monto. En vez de seguir inventando estas compensaciones, hacés una reforma como la gente y tenés una inversión fiscal mínima, si querés, para racionalizar el sistema”, ponderó.

Destacó que el articulado que irá en la Rendición de Cuentas fue elaborado con el apoyo de un “grupo notable de constitucionalistas y administrativistas” para que “estuviera sólido jurídicamente y no hubiera inconstitucionalidades”.

Con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) se fue negociando durante el proceso de elaboración y hubo algunos acuerdos. Pero “hay otro paquete de cosas que COFE quiere incorporar a la negociación, que se terminará de negociar junto con la presentación al Parlamento”, como “regularizaciones de funcionarios” y “algunos derechos laborales que equiparan más al sector privado”, explicó el jerarca.

Indicó que, como punto de discrepancia a futuro, “evidentemente está el tema de la línea salarial, que eso lo va a definir el gobierno que implemente esto. Nosotros nos manejamos con los mínimos y los máximos legales. A COFE, obviamente, le parece insuficiente la línea salarial. Pero modificar esa línea salarial implica una inversión fiscal, y eso lo decidirá la administración que viene”.

Evaluación

El nuevo sistema de evaluación de desempeño de los funcionarios propuesto supone un cambio “muy radical”, valoró el director de la ONSC. Se termina con el “formulario que hoy lo llena un jerarca en cinco minutos y le pone 20 a todo el mundo y, si no, lo recurren —y está lleno de recursos interpuestos por funcionarios cuando no se le pone el máximo e interviene un tribunal que ni siquiera conoce al funcionario…—. Se pasa a un sistema 360, que estará digitalizado y en el que el funcionario aporta a su propia evaluación, se compromete a disminuir la brecha de desempeño con una serie de acciones que va a acordando con el jerarca. No hay un tema de nota sino de concepto, de poder ir evaluando y monitoreando con comportamientos observables”, describió.

Ramos informó que ya se está capacitando a los jerarcas y a los equipos de gestión humana para después llegar a todos los funcionarios, de modo que comprendan el sistema. También se realizaron talleres con la COFE. Este capítulo de la reforma tiene, si se aprueba en el Parlamento, una perspectiva más cierta: con esa organización sindical se acordó un esquema “piloto”, que implica que se pondrá en práctica en 2024 pero sin que tenga efectos sobre el ascenso en el primer año. Si su aplicación es positiva, el nuevo esquema de evaluación sí tendrá efectos en los años siguientes.

“Relato”

Ramos está satisfecho con todo el proceso, más allá de la incógnita sobre si la nueva carrera será adoptada por un futuro gobierno. “El asunto es que el Ejecutivo dio la luz verde para ir con el articulado, lo que hasta ahora no se había dado. Cómo entra en la agenda (política) es algo que no puedo responder”, comentó.

A partir de julio, cuando el proyecto de Rendición de Cuentas esté en el Parlamento, empezará esa otra etapa. Para Ramos, es importante “poder armar un relato y dar marcos justificatorios frente a la ciudadanía con un tema muy técnico, que es difícil que prenda… Hay que apostar a que una próxima administración se interese y la implemente. Ya hubo dos carreras, quizás menos trabajadas que esta, que quedaron en la norma y nunca se implementaron. Ese es el riesgo que se corre”, reconoció.

Su tarea y la de la ONSC en esta fase será tratar de “legitimar públicamente el proceso de cambio, que no se ha hecho hasta ahora. Hay que trabajar mucho en eso”.