En ese marco, varios incisos del Poder Ejecutivo y otros organismos públicos han ido elaborando planes de reestructura interna que, a corto plazo, deberían llegar a definir una “dotación ideal” de recursos humanos acordes con sus cometidos. Se trata de una reforma que empezó siendo coercitiva pero luego decayó en respaldo político y quedó a voluntad de los jerarcas. “Estamos corriendo para que se cumpla con ese cronograma”, señaló a Búsqueda Conrado Ramos, director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, uno de los organismos que lidera este intento de transformación estatal. Todo se ha hecho “a los ritmos que los incisos pueden o quieren avanzar”, dijo con algo de desazón.
En algunos ministerios y otros organismos públicos, incluidos los entes, el poco personal con que cuentan viene siendo una complicación. Eso, en OSE, quedó en evidencia con la actual crisis del agua en la zona metropolitana, según ha denunciado su sindicato. En otros casos, son los propios jerarcas quienes transmiten esa preocupación; varios lo hicieron a lo largo de las últimas semanas ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, donde empezó el trámite de la Rendición de Cuentas. Al menos parcialmente, la problemática de algunas reparticiones está contemplada en ese proyecto.
El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo que la Policía precisa “más autos y más funcionarios”, en un número que estimó en 1.000 para que estén “en la calle. Que haya tantas certificaciones y tantas personas en el STIP (Subsidio Transitorio por Incapacidad Parcial) nos está sacando la posibilidad de contar con los recursos humanos necesarios, sobre todo en zonas de conflicto como las del área metropolitana. Allí precisamos gente, patrullas a pie, a caballo, en auto, patrullaje en general y presencia policial, lo que no estamos teniendo porque hay 2.300 personas en promedio que no están cumpliendo su tarea”. Informó que su ministerio llegó a recuperar 1.229 vacantes que “ayudan a que, por lo menos”, se pueda “engrosar la plantilla”; explicó que “era gente que cobraba el sueldo y cuya situación” —abandono del cargo, ineptitud o sumarios por algún delito o consumo de drogas— no estaba resuelta por el área jurídica.
El “famoso” uno por tres
Un problema recurrente en varios organismos es el alto promedio de edad de su personal; eso pudo haber derivado en un achicamiento de la plantilla, dado que, desde el inicio del actual gobierno, se fijó un tope para cubrir vacantes por jubilación o fallecimiento de una de cada tres. En promedio, los funcionarios tienen 43 años.
A Jorge Borgiani, director de Aduanas, le preocupan las “bajas que se están dando por jubilación”. Su organismo —dijo— “ya venía con muy pocos funcionarios. Cuando asumimos teníamos una restricción por la pandemia del tres por uno famoso”, pero una serie de excepciones le permitirá incorporar a unos 220 en total.
En la Auditoría Interna de la Nación —otra dependencia del Ministerio de Economía— también se “está corto” de personal, comentó Rafael Brocos, jefe de su División Sector Público. Es, según él, una realidad que “no ha cambiado para nada. Prácticamente nos hemos movido con algún préstamo del Banco Mundial o del BID que nos ha permitido incorporar algún recurso humano de manera pequeña en cuanto a cantidad, no en calidad, la verdad que nos están dando una mano bárbara” en la oficina, que incluso logró aumentar la productividad, dijo. Lamentó la reciente salida de una persona —de las cinco contratadas con un crédito internacional— que estaba desde 2018; “consiguió un empleo en el ámbito privado y se fue. Así que nuestra situación a nivel de recursos humanos, sin ser dramática, tiene bandera amarilla”.
En el Ministerio de Transporte, la Dirección Nacional de Arquitectura de 2020 a la fecha “ha sufrido bajas de todo tipo” y por eso tuvo “grandes dificultades para cumplir con las obras”, dijo el responsable de esa área, Santiago Borsari. Además de administrativos y profesionales, también escasea el personal obrero, que viene supliendo con “eventuales”.
Turismo pasó de tener 154 funcionarios en 2021 a contar con 145 un año después y eran 140 en julio pasado. “Lo más alarmante para nosotros es la observación final: que para el final del período, en 2025, 49 funcionarios, el 35% de la plantilla actual, tendrán causal jubilatoria; se jubilarán o no, pero tendrán la causal. Evidentemente, este es un problema grave para un ministerio que es pequeño”, manifestó, preocupado, el titular de esa cartera, Tabaré Viera.
Confía en que, como parte del componente de la futura nueva estructura que definirá la “cantidad ideal de funcionarios”, su ministerio podrá llenar las 19 vacantes no repuestas en los últimos años. Según Viera, con esos ingresos, más el “auxilio” de algunos elementos tecnológicos, los “recursos van a ser suficientes”.
Siendo presidente de la Asociación Rural, el hoy ministro de Ganadería, Fernando Mattos, le oyó decir al entonces titular de esa cartera José Mujica que la mitad de la plantilla pasaría a retiro durante su gestión. “Esa es una realidad estructural”, afirmó Mattos, y añadió que hace 40 años el MGAP contaba con 2.700 funcionarios, 1.000 más que en la actualidad.
El proyecto de Rendición de Cuentas crea algunas vacantes, dando prioridad a los consultores, “a efectos de suplir las carencias de personal”, dijo el ministro del campo. Otra apuesta —agregó— es incorporar gente a través de la reestructura organizativa en marcha, así como recursos informáticos para “modernizar” la gestión.
Para Daniella Pena, directora nacional de Registros, el personal ha “sido y son una preocupación” por ser poco y porque cumple una tarea muy específica: “No es lo mismo ser un escribano en el ejercicio libre de la profesión que un registrador”. Ella misma fue funcionaria registral, una de las 690 que había en esa repartición en 2006; al iniciarse el actual período de gobierno eran 400 menos y hoy son 230. “El Ministerio (de Educación) y el ministro están al tanto de este tema y lo que pretendimos fue ir por la excepción del ingreso de vacantes, por la importancia que estos organismos tienen para el Estado, por la economía, por las inversiones. Por la Dirección General de Registros pasa toda la contratación del país: desde la constitución de sociedades de todo tipo, la construcción, las automotoras, hasta las solicitudes, las inscripciones de pensiones alimenticias y los embargos. ¡Todo pasa por el Registro! El funcionamiento del país pasa por allí. Pero esto, en realidad, no es un problema de ahora. Es un problema del que quizás —me atrevo a decir— deberíamos haber tomado conciencia desde hace mucho tiempo, cuando el organismo empezó a decaer”, describió Pena.
“No lo pueden creer”
Hasta mediados de la década de 1990 la plantilla de la Corte Electoral era de unos 1.500 y en la actualidad, con una gestión mucho más informatizada, ronda entre 800 y 900. Ciertas oficinas en el interior, como la de Lavalleja, tienen algunos problemas de personal. “Que se necesitan funcionarios, que se van a llenar las vacantes y hacer las pruebas este mes, sin duda. Pero no solo se hará por inscripción cívica; precisamos que esos funcionarios estén en condiciones de trabajar para el proceso electoral. Es muy importante llenar esas vacantes” de cara al 2024, afirmó el ministro de la Corte Pablo Klappenbach.
Cuando a colegas del exterior les comentan que en la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) trabajan 11 personas “no lo pueden creer. Nos preguntan cómo podemos llevar a cabo todo el control de la corrupción con 11 funcionarios, y nosotros decimos: ‘Bueno, hacemos todo lo que está a nuestro alcance y todo lo posible’”, dijo Gabriela Di Longo, presidenta de ese organismo. En Paraguay, un país que casi duplica en población a Uruguay, su “junta anticorrupción” tiene 100.
La Rendición de Cuentas propone darle a la Jutep partidas para capacitación y para contratar algunos profesionales y técnicos.
Un artículo de ese proyecto de ley crea 15 cargos técnicos presupuestados en la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft). “Es un gran éxito”, festejó su presidente, Jorge Chediak. “Es muy importante este avance porque estamos hablando de una oficina de 26 personas”, dimensionó ante los legisladores. “Deberíamos, por supuesto, contar con más” equipo para realizar inspecciones, dijo Chediak, y relató cuál fue la estrategia ante esas restricciones: “Lo que hemos hecho, aprovechando bienes escasos, que es la situación general de todos”, es “concentrar las inspecciones en aquellas instituciones más riesgosas” y “afinar la puntería”.
En algunas reparticiones, la informatización de papeleo permitió prescindir de funcionarios y desburocratizar trámites.
“Si bien tenemos problemas de recursos humanos (...), se viene realizando una optimización de los recursos, sobre todo de los sistemas digitales de gestión, que nos ha ayudado a mejorarla considerablemente”, comentó el director de Minería y Geología, Marcelo Pugliesi. Un trámite para otorgar un permiso minero que llegaba a tardar más de 10 años, ahora lleva menos de un año, aseguró. Dos geólogos están en proceso de contratación para tareas inspectivas de esa repartición, en paralelo a otras más de 30 incorporaciones para todo el Ministerio de Industria, Energía y Minería que suplirán vacantes dentro del esquema de uno por tres al amparo de una excepción a ese tope. “Vamos a estar en condiciones óptimas”, evaluó la directora general de esa cartera, Elisa Facio.
En algunos organismos la plantilla se engrosó, como en ASSE. En torno al INAU se construyó “una especie de mito” de que “estaban poco menos que congelados los ingresos, que había —y hay— ausencia o carencia de recursos humanos. Esto no ha sido así”, aclaró su titular, Pablo Abdala.
