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Es un problema que afecta las finanzas del Frente Amplio desde que asumió el gobierno por primera vez y que aún no logró solucionar pese a las advertencias y los cambios realizados. Todos los legisladores frenteamplistas y aquellos funcionarios de confianza del gobierno que son adherentes a la fuerza política están obligados, por estatuto, a realizar una contribución económica. Pero, desde que la izquierda llegó al poder en 2005, no todos lo hacen.
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La situación determinó que días atrás el presidente Tabaré Vázquez enviara una carta a sus trece ministros manifestándoles su inquietud por el incumplimiento de aportes al Frente Amplio de parte de integrantes del gobierno, señalaron a Búsqueda fuentes del oficialismo. Entre otras cosas Vázquez les indicó que, como máximas autoridades de cada cartera, son responsables de las personas de confianza que allí se designan, las que como integrantes del Frente Amplio están obligadas a cooperar económicamente con la fuerza política. La comunicación se dio luego de una conversación de Vázquez con Javier Miranda, presidente de la coalición de izquierda, quien lo informó y actualizó sobre el tema.
Consultado por Búsqueda, Vázquez dijo que “efectivamente, el presidente del Frente Amplio hizo llegar la preocupación para que los adherentes al Frente Amplio cumplan con las obligaciones establecidas estatutariamente”.
Larga lista.
El oficialismo rige su funcionamiento interno en un estatuto cuya última actualización fue aprobada en el Plenario Nacional de 2011. En su artículo 125º, que refiere al compromiso económico de legisladores y funcionarios de particular confianza, el estatuto indica que “el aporte económico al Frente Amplio de los legisladores y funcionarios de confianza política cualquiera sea su nivel y naturaleza será obligatorio”. Agrega que asumir cualquiera de los cargos antes mencionados “supone el conocimiento y aceptación de lo que se establece”.
Dentro del primer semestre de cada año electoral, el Plenario Nacional del Frente Amplio establece los montos o porcentajes de las contribuciones que deben realizar los legisladores nacionales y de cargos de confianza política. Las sanciones por incumplimiento de esos pagos son reglamentadas también por el Plenario Nacional, a propuesta de la Mesa Política.
La Comisión Nacional de Finanzas, encargada de la administración, contaduría y tesorería central del Frente Amplio, es también la encargada de la administración del fondo de aportes y de efectuar los controles pertinentes. Sin embargo, desde marzo de 2005, cuando Vázquez llegó por primera vez a la Presidencia, funcionarios del Poder Ejecutivo han esquivado los pagos a la fuerza política.
En un Consejo de Ministros de 2010, poco tiempo después de asumir como presidente, José Mujica expresó a su gabinete que tenía en su poder “una larga lista” de jerarcas de su gobierno y del anterior que no aportaron la plata que les correspondía otorgar al Frente Amplio en función de los cargos que ocupaban. En ese entonces Mujica y otros importantes integrantes de su administración habían recibido de parte de la Comisión Nacional de Finanzas una lista actualizada y depurada de deudores del Frente Amplio que incluía a varias decenas de jerarcas de su gestión y de la que recientemente había concluido Vázquez.
Aunque el hoy senador reclamó a los deudores que saldaran sus pagos y comenzaran a contribuir correspondientemente al estatuto, su pedido no fue cumplido a cabalidad: en 2013 Mujica volvió a exigir, esta vez públicamente, compromiso y disciplina a legisladores y funcionarios de confianza para financiar al Frente Amplio.
Ante las complicaciones, en 2015 la fuerza política decidió modificar el criterio de los aportes económicos. Según informó El Observador, la Comisión Nacional de Finanzas decidió pasar de un sistema de franjas fijas a una modalidad basada en un cálculo por tramos y progresional, que partió de una filosofía similar a la del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
