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A comienzos de 2013 un episodio de mal olor y sabor en el agua suministrada por OSE puso en primera plana el deterioro de las aguas de la cuenca del Santa Lucía. La empresa toma de allí el agua que luego trata en la planta de Aguas Corrientes para abastecer la zona metropolitana, donde reside aproximadamente la mitad de la población del país.
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El presidente Tabaré Vázquez se reunió en la mañana de ayer, miércoles 18, con los ministros Eneida de León (Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente), Tabaré Aguerre (Ganadería, Agricultura y Pesca) y Carolina Cosse (Industria, Energía y Minería) con el objetivo de coordinar las medidas —ya diseñadas y en implementación— para frenar el deterioro de las aguas del Santa Lucía. Del encuentro participaron también el presidente de OSE, Milton Machado, y los directores de Medio Ambiente, Agua y Ordenamiento Territorial, Alejandro Nario, Daniel Greif y Salvador Schelotto.
Los problemas en la cuenca persisten. En zonas puntuales como el arroyo Canelón Chico, el Instituto de Ecología de la Facultad de Ciencias ha llegado a detectar niveles de 1.500 microgramos por litro de fósforo en el agua, cuando el máximo permitido es 25.
Fuentes del gobierno contaron a Búsqueda que el presidente les pidió a los jerarcas “poner el pie en el acelerador” en la aplicación de las medidas trazadas. Además solicitó una intensa coordinación entre ellos.
Finalizada la reunión, los ministros brindaron una conferencia de prensa. Aseguraron que ya están trabajando en el cumplimiento de esas medidas y adelantaron que “serán profundizadas” en el correr de este período.
“Es de gran interés para este gobierno que todas las medidas que se están implementando se cumplan a cabalidad”, dijo De León.
Según el informe “Estado de situación cuenca del río Santa Lucía” del Ministerio de Vivienda, difundido ayer miércoles, “la situación no está resuelta” y “revertir un proceso de deterioro ambiental de décadas implica un esfuerzo de largo aliento” que compromete a instituciones, empresas y personas. “Ahora es necesario redoblar esfuerzos” y “renovar compromisos”, según el informe, que destaca el aporte de la población local y del sector académico.
Medidas.
En mayo de 2013, luego de que una floración de algas en el Santa Lucía provocara mal olor y sabor en el agua de OSE, el gobierno anunció medidas para frenar el deterioro.
Un programa “de mejora del cumplimiento ambiental de los vertimientos de origen industrial en toda la cuenca”, que apuntaba sobre todo a reducir el nitrógeno y el fósforo en el agua, era la primera medida del listado. A la vez proponían otro programa para la “mejora del cumplimiento ambiental” para los “vertidos de origen doméstico”, con prioridad en “las ciudades de Fray Marcos, San Ramón y Santa Lucía”.
El gobierno delimitó “como Zona A” (prioritaria, sensible) a la zona del río Santa Lucía “aguas arriba” de la confluencia del río San José, Santa Lucía Chico, Arroyo de la Virgen, arroyo Canelón Grande y arroyo Canelón Chico.
En esa zona planteó exigir a “todos los padrones rurales el control de la aplicación de nutrientes y plaguicidas”, suspender “la instalación de nuevos emprendimientos de engorde de ganado a corral” hasta que “se dicte una nueva reglamentación”, restringir “el acceso directo del ganado”a los cursos de agua y crear “un perímetro de restricción” alrededor de los embalses de Paso Severino, Canelón Grande y San Francisco. También planteó crear “una zona de amortiguación sin laboreo de tierra y uso de agroquímicos” y exigir a los emprendimientos que no cuenten con “permisos para las extracciones de agua (superficial o subterránea)” que lo soliciten.
Según el nuevo informe del Ministerio de Vivienda, entre los avances logrados está el decreto que regula zonas de amortiguación que limitan el uso del suelo próximo a los ríos y arroyos de la cuenca, otro que regula la producción ganadera mediante encierros, el comienzo de una fase piloto dirigida en establecimientos lecheros para realizar fertilización “de acuerdo al análisis de suelo y requerimiento de cultivos” y el inicio de la regularización de la situación de los responsables de extracciones de agua superficial y subterránea que tenían su permiso vencido, entre otras. Las industrias más relevantes de la cuenca (24 en total) fueron intimadas por el Ministerio de Vivienda para implementar sistemas de tratamiento de remoción de nutrientes.
En la conferencia de prensa de ayer miércoles, Aguerre destacó el incremento en el valor de las multas a los productores que incumplen y afirmó que están “fiscalizando el uso del suelo, el cuidado de los bosques nativos, la utilización correcta de agroquímicos y el uso y aprovechamiento de efluentes de los tambos”.
