Vecinos de Maldonado acuden al Parlamento para frenar la construcción de un polémico edificio junto al puente de La Barra

El proyecto, que se tata de una construcción frente al arroyo Maldonado, junto al puente de La Barra, y que ha estado en debate desde hace años, logró la semana pasada reunir el apoyo suficiente para poder prosperar, luego de que los ediles del sector Cabildo del diputado Darío Pérez, perteneciente al Frente Amplio, votaran favorablemente.

Esa iniciativa, que —según los vecinos y ediles que se opusieron al proyecto original— mantiene las mismas características perjudiciales para la zona, fue aprobada el martes 5.

“Según lo informado, se proyecta una construcción de 3.325 metros cuadrados; (...) los restantes parámetros serían los mismos que se aprobaron previamente por la JDM”, dice el Informe de la Comisión de Obras Públicas de la Junta. “Se entiende que las excepciones solicitadas son tolerables”, agrega el documento, al referirse a la construcción de proporciones y alturas no permitidas por la ordenanza vigente. Según los ediles que se opusieron a su aprobación, si el proyecto se ajustara a la normativa departamental, únicamente podría permitirse la construcción de 380 metros cuadrados.

Durante la discusión en la Junta, el edil frenteamplista Joaquín Garlo calificó la excepción aprobada en 2018 de “aberrante” desde el punto de vista jurídico y medioambiental y cuestionó que el emprendimiento no responda a ningún plan de manejo del territorio ni de los recursos naturales.

En tanto, el edil frenteamplista Fermín De los Santos afirmó que el inversor del emprendimiento (Enrique Etchebarne), quien también lideró la construcción del edificio Delamar, contiguo al terreno en cuestión, “incumplió todo lo imaginable en cuanto a reglamentación, normativa, estética y respeto por el medio ambiente”. Delamar, aseguró, sigue sin obtener el final de obra —certificación que permite verificar que el edificio se ajusta a los planos aprobados—. Según dijo a Búsqueda la directora general de Urbanismo de la IDM, Soledad Laguarda, Delamar no tiene la aprobación del final de obra porque está condicionada a que el inversor ceda un predio para que sea destinado a espacio público —un terreno lindero a Delamar—, que no se concretó. La falta de la aprobación causó “el reclamo de varios compradores, que solicitan tener los papeles en regla por inconvenientes en la titulación”, afirmó. Ahora, el inversor propone cumplir con la cesión de ese terreno si consigue la aprobación del nuevo proyecto que impulsa.

“No entiendo la lógica de darle nuevos beneficios a un inversor para que cumpla con sus obligaciones”, cuestionó De los Santos.

“La postal de La Barra”.

Según explicó Laguarda, el proyecto aprobado “es igual en cuanto a tamaño y volumetría” al que se había presentado para la construcción del hotel, pero lo que cambia es el destino. En ese sentido, la jerarca justificó la autorización previa en que la hotelería no se rige por la normativa de zonificación comercial, ya que se entiende que está bajo un régimen residencial. “Por eso en su momento la intendencia lo informó favorablemente, con excepciones a parámetros de construcción en cuanto a altura y ocupación de retiro”, explicó.

Ahora, frente a la nueva propuesta para construir apartamentos, la jerarca explicó que “había que consultar a los ediles si mantenían la excepción, porque no es lo mismo pedirla para hotelería, con las ventajas que implica para una ciudad turística, que para hacer apartamentos”, agregó. Además, aclaró que el terreno se encuentra frente al arroyo y no frente al océano Atlántico, por lo que el padrón no está ubicado en una zona costera protegida.

Edison Pallas, de la Liga de Fomento de La Barra y uno de los residentes que se oponen al proyecto, no estuvo de acuerdo con ese punto, y afirmó que “están cortando la mitad de la postal de La Barra”.

“Lo que se argumenta es la creación de fuentes de trabajo, pero después de construido no trabajarían más de ocho personas. Nada justifica esa brutal excepción y menos a una persona que no cumplió con nada de lo que se había acordado con la IDM en proyectos anteriores”, se lamentó.

Es por eso que luego de que el intendente firme oficialmente la resolución, la comisión de vecinos presentará una nueva carta al Parlamento —ya firmada por más de 1.000 vecinos— para solicitar “la nulidad absoluta” de la autorización. Además, el 29 de octubre enviaron una petición a la intendencia para pedir la expropiación de los padrones para el disfrute común como punto turístico.