El sistema de “saneamiento no convencional” —que consiste en tener cámaras sépticas o pozos negros y contratar servicio de barométrica para vaciarlo cuando se llena— es un mecanismo válido reconocido por organismos internacionales como Naciones Unidas, pero en Uruguay presenta fallas. Las autoridades reconocen el problema. Hay pozos negros pinchados con robadores que esquivan la necesidad de llamar a la barométrica a menudo y tener que pagar por ese servicio entre $800 y $1.200. Además, las propias barométricas se enfrentan al problema de dónde colocar lo que recogen. En el país hay pocas plantas de OSE que reciben vertidos barométricos (solo en Maldonado, Ciudad de la Costa, Canelones, San José, Durazno, Artigas, Melo, Conchillas y Carmelo). En algunos departamentos han establecido sitios para infiltración a terreno o piletas de decantación, aunque las autoridades reconocen que no hay suficientes puntos y también que la inversión de hacer una cobertura segura a nivel país sería muy costosa.
“Apuntamos a un Plan Nacional de saneamiento con ese objetivo”, dijo Colacce a Búsqueda. Del 30% que quedará por fuera, la mitad es población dispersa. Se les dará una cartilla de buenas prácticas para evitar, por ejemplo, aljibes cerca de pozos negros. La infiltración a terreno es válida en algunos casos. “Una familia en el medio del campo contamina menos que una tropilla de vacas”, aseguró Colacce. La otra mitad es la que debería contar con pozos negros y un sistema de barométricas “con una gestión que logre que sea un saneamiento seguro, tan seguro como la red, y que no tenga robadores y desbordes que son los que contaminan”, dijo.
La propuesta es crear un impuesto, como existe para alumbrado público, y que los vecinos al pagarlo tengan derecho a un servicio de barométrica que irá por barrios con plazos previamente establecidos. El desafío es lograr llegar a un costo que no sea superior al que pagan quienes tienen saneamiento por red. Colacce aseguró además que es una oportunidad para las barométricas privadas, que tendrán más trabajo. Es un tema que está siendo tratado desde Presidencia, que se ha hablado en el Congreso de Intendentes, y en el que también participa Dinama, la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua) y OSE.
Competencias
La Ley Nº 11.907 establece que la gestión del saneamiento en todo el interior del país es competencia de OSE, pero no incluye la colecta de efluentes domésticos por barométrica y la responsabilidad recae sobre las intendencias. Competencias por el saneamiento, el alcantarillado y los pozos negros son motivo de disputa entre las instituciones. Generar normativa que delimite exactamente las responsabilidades es un tema en el que el gobierno está trabajando, contó a Búsqueda el presidente de OSE, Milton Machado. La meta de este gobierno es “emprolijar todo eso”, afirmó.
“Tenemos un problema de gestión y además de infraestructura. No hay suficientes plantas en el país distribuidas para recibir los líquidos de barométricas. No hay muchas plantas que admiten esto y les dejan tirar. Es obvio que las barométricas deben estar tirando sus afluentes de forma irregular. Por razonamiento, si estoy en un pueblo con un punto de vertimiento a 100 kilómetros, esa barométrica que viene a recoger mi pozo debería cobrarme $15.000 mínimo si tiene que hacer 100 kilómetros para tirarlo. Por el absurdo, es obvio que en el servicio algo está fallando y que de la infraestructura el Estado se tiene que hacer cargo. Mejorar no es solo hacer plantas, es mejorar la gestión”, dijo Colacce.
En Durazno todos los servicios de barométrica son privados. El único punto autorizado para que viertan es la planta de tratamiento de OSE en la capital. Raúl Montero, director General de Obras de la Intendencia de Durazno, dijo a Búsqueda que el tema a resolver es la escasez de puntos de vertido autorizados porque las barométricas no están en condiciones de hacer más de 100 kilómetros para llegar a la planta de tratamiento de OSE. Eso excedería el costo que el vecino puede pagar, un tema “difícil de resolver”, explicó. El problema “es chico si lo mirás localmente, pero precisamos una inversión en infraestructura muy grande” en el país, dijo Montero.
En los pueblos pequeños, con una densidad de población baja, la instalación de una red de alcantarillado “no es rentable”, ya que para que el sistema funcione adecuadamente, es necesario construir simultáneamente una planta de tratamiento de aguas residuales para la disposición de esos efluentes cloacales. “Hacer la red y atrás una planta en pequeñas localidades se torna inviable para OSE, tanto por temas técnicos como económicos”, reconoció Machado.
Una de las opciones que se quiso implementar hace unos 10 años en pueblos pequeños como 25 de Agosto (Florida), Ismael Cortinas (Flores) y Piedras Coloradas (Paysandú), fue diseñar un camión barométrico que sustituyera el recorrido de la tubería. Las intendencias debían hacerse cargo del vehículo y comprometerse a mantener una frecuencia de recolección adecuada como para que los pozos negros no se llenaran. De esta forma, se evitaba una posible filtración. Sin embargo, ese plan piloto no funcionó. Hoy OSE cuenta con barométricas que brindan servicio en caso de emergencia.
Faltan puntos de vertido
Otro tema a resolver es la diversidad de situaciones que existen en cada uno de los departamentos, que en muchos casos está “librado al manejo entre privados”, dijo Colacce.
Fuentes consultadas por Búsqueda que conocen de cerca la realidad del norte y del centro del país indicaron que durante años hubo una práctica que los chacreros utilizaban sin demasiado control: el llamado a la barométrica para pedir que viertan en las chacras a modo de abono para la tierra.
En Cerro Largo, por ejemplo, las autoridades hacen hincapié específicamente en que las personas no realicen descargas de barométricas en ningún campo desde hace varios años, ya que para algunos esta práctica era costumbre.
“Se supone que antiguamente la planta vieja se inundaba, por lo que en ocasiones se autorizaba a descargar en las chacras. Los productores lo pedían como abono, pero en los últimos años creo que no se hizo más. Al complejo de viviendas Mevir siempre les decimos que no descarguen en el campo ni en chacras por más autorización que haya del dueño, porque es un problema”, aseguró a Búsqueda Javier Silveira, encargado de la única planta de tratamientos de líquidos residuales de OSE ubicada en Melo.
En los últimos años no han debido aplicar sanciones por vertidos ilegales, ya que solamente se realizan descargas en la planta de OSE. Igualmente, reconoció que “alguna jopeada puede haber”, pero las autoridades hacen todo lo posible para que las personas conozcan los riesgos.
Para Machado, hoy existe un nivel de conciencia mucho mayor respecto al tratamiento final que se les da a los efluentes. Antes resultaban ser muy sencillos, pero actualmente se exigen tratamientos terciarios que incluyan, por ejemplo, la remoción de distintos nutrientes antes de devolverse al medioambiente. A su vez, todos los procesos están planificados y programados junto a los gobiernos departamentales y los camiones saben dónde está permitido por OSE el volcado de las barométricas. “Un camión barométrico no puede tirar de forma clandestina en cualquier lado, como un arroyo o una cañada, como muchas veces pasaba. Si eso ocurre hoy, el camión es multado y tiene otro tipo de problemas”, indicó. Además, destacó el control que lleva adelante la Dinama y la Dinagua, organismo encargado de habilitar los predios para la construcción de viviendas.
Herou coincidió en que la población tiene más “conciencia” de la importancia de estos temas, algo que se refleja en las denuncias de los vecinos. Además, la intendencia también está preocupada por controlar a las barométricas para que “tengan claro que por responsabilidad o cuidado propio no pueden hacer macanas porque vienen las sanciones”, comentó.
Canelones tiene cuatro barométricas de la intendencia para personas carenciadas y centros de estudio o emergencias por inundaciones. Las demás son privadas. En el departamento en los últimos años el saneamiento de poblaciones como la de San Ramón viene avanzando y también la cobertura de Ciudad de la Costa.
Con la planta de tratamiento de Ciudad de la Costa se eliminaron las piletas de Pinar norte, en donde vertían las barométricas, lo que generaba un problema ambiental. De todos modos, en distintos puntos del departamento hay dudas sobre si en el sistema de “saneamiento no convencional” las fosas sépticas o los pozos negros están bien construidos o tienen robadores, como es el caso de La Floresta. También hay dudas sobre el impacto que ese sistema genera en el medioambiente.
Herou explicó que las barométricas son sometidas a controles de equipamiento, permisos, y como los puntos de vertido de OSE son escasos, habilitan terrenos propuestos por las empresas. La intendencia impone requisitos que son controlados y en algunos casos fueron incumplidos. Herou relató un caso en el que la barométrica debía verter a 500 metros de la ruta y en vez de transitar ese recorrido lo vaciaba a 50 metros. En los últimos meses las denuncias y sanciones han bajado y las barométricas sienten “el control” porque la intendencia hace mucha “presión” para que se cumpla, afirmó.
Para Herou, armar un sistema diferente es “una buena iniciativa para mejorar y ordenar el servicio de barométricas”.
Tacuarembó, Montevideo y Colonia
En Tacuarembó la situación es diferente. No hay barométricas privadas, todas dependen de la intendencia. Tiene unidades para atender a la ciudad y el gobierno ha reforzado los centros poblados: tiene una por alcaldía y servicios que cubren todo el departamento. Cuesta solo $ 150 y, si se trata de madres solteras en situación de vulnerabilidad o jubilados en igual condición, se los puede exonerar del pago. Hay barrios carenciados a los que la intendencia va cada 15 días y no se necesita pedir especialmente que concurran. En la ciudad las barométricas realizan unos 10.000 servicios por año, un número que ha ido creciendo. Viajan más de 70 kilómetros a una escuela si hace falta, como ocurrió este mes ante las intensas lluvias. “Con el servicio barométrico en Tacuarembó cumplimos un rol sanitario, medioambiental y de prevención. El objetivo es satisfacer la higiene y no el aspecto lucrativo, no importa el equilibrio de las cuentas”, dijo a Búsqueda Clorebor Piñeiro, director de Higiene y Salubridad de la Intendencia de Tacuarembó.
Montevideo y Colonia cuentan, cada una, con dos puntos de vertimiento a red de saneamiento autorizados. En Montevideo hay más de 70 vehículos y camiones barométricos. Ante la consulta, la intendencia no informó si se habían registrado descargas ilícitas en los últimos años. En Colonia funcionan 23 barométricas y no aplicaron ninguna sanción en dos años.
