El dinero que el gobierno paga mediante el Fondo Nacional de Salud a las instituciones prestadoras de asistencia médica por cada usuario —la “cápita”— se calcula al tomar en cuenta dos variables principales: la edad y el sexo de la población. Pero ese análisis deja de lado “otros factores” que inciden a la hora de trazar el “perfil epidemiológico” de los uruguayos, como por ejemplo el nivel socioeconómico. Por eso, y con el objetivo de dar una mayor “equidad” a la financiación del sistema y “avanzar en el proceso de la reforma del sistema de salud”, un informe elaborado por el vicepresidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Enrique Soto, propone “reconsiderar” el método de cálculo para crear una “cápita social” que tenga en cuenta nuevas variables, como la vulnerabilidad social de los ciudadanos.
En el texto, titulado “Apuntes para repensar ASSE II” y al que accedió Búsqueda, Soto explica que ASSE atiende al 63% de la población más pobre del país. Con ese dato sobre la mesa, concluye que “el perfil epidemiológico” de la población es diferente de acuerdo con su nivel socioeconómico.
“Debemos reconocer que los riesgos en la salud no se pueden explicar exclusivamente mediante la edad y el sexo. Las condiciones sociales y económicas constituyen un factor determinante. (...) Quienes se encuentran en situación más vulnerable del punto de vista social y económico también lo están en su salud y en la igualdad de oportunidades”, indica Soto en su documento, que entregó a los miembros del Directorio de ese organismo, a legisladores oficialistas y a la Presidencia de la República.
El representante del gobierno en el Directorio de la institución considera que es momento de “trabajar en una nueva fórmula de cálculo más justa y equitativa” que tome en cuenta variables como “la situación de pobreza, el ingreso, la vivienda, la conformación del núcleo familiar, la ruralidad, etc.”.
La iniciativa es presentada como una nueva “fuente de financiación en un sistema ‘fonaseado’”. “Si la base de la financiación actual tiene una razón epidemiológica otorgada por las franjas etarias y de género, deberá reconocerse que las diferencias económico-sociales también constituyen un factor que incide directamente en la predisposición a determinadas enfermedades”, analiza el jerarca.
El texto es la segunda parte de un diagnóstico que inició Soto hace algunos meses y que parte de la base de que el prestador público es un “gigante maniatado” con varias deficiencias, por ejemplo en la “gobernabilidad, la descentralización o los grados de autonomía”.
Según estima el jerarca, solo el 10% de los recursos de los que dispone ASSE “son destinados a la función social, que en muchas circunstancias son prestaciones exclusivas” del organismo, como por ejemplo “la atención de las personas privadas de libertad, los hospitales psiquiátricos, la atención al adulto mayor, los servicios destinados a la atención de la drogodependencia, los bancos de sangre, personas en situación de calle”, entre otros.
ASSE tiene 1.200.000 usuarios y de ellos solo unos 300.000 son “usuarios Fonasa”, es decir, personas que integran el Fonasa y por las que el gobierno paga una cápita y que eligieron al prestador público por sobre otras instituciones asistenciales.
La institución tiene un presupuesto anual que ronda los U$S 16 millones y es el mayor de su historia. Por eso mismo su gestión ha sido criticada por miembros del oficialismo y de la oposición, ya que pese a ese incremento, aún mantiene deficiencias en la asistencia.
Sin embargo, aún hoy el gasto por usuario del prestador público es algo inferior al que realizan las instituciones privadas, advierte Soto. En 2012, ASSE gastó promedialmente $ 1.100 y en las demás instituciones el gasto promedio fue de $ 1.440.
Según se indica en el documento, “los recursos deben ser racionalmente priorizados” y “constituye un error exigir en forma continua la inversión permanente de dineros públicos sin un análisis cuidadoso del impacto que generan y los resultados esperados”.
En ese sentido, Soto reconoce que el sistema de “auditoría” de ASSE presenta “debilidades” y debe ser mejorado, así como también “los mecanismos de control y evaluación”.
Aportes patronales.
Pero así como hay que ser cuidadoso a la hora de pedir más recursos —señala el jerarca— también se debería evaluar que el presupuesto que se otorga no sea quitado por otro lado.
En el documento, Soto dice que ASSE paga alrededor de U$S 50 millones anuales por concepto de aportes patronales pese a que las instituciones privadas están exoneradas de la mayoría de esas cargas.
“En la actualidad existen diferencias con relación a los aportes patronales a la seguridad social entre los diferentes prestadores de salud. ASSE debe realizar una erogación superior a los otros prestadores, no estando vinculada directamente con la inversión en prestaciones asistenciales, lo cual acentúa la desventajosa relación del gasto entre un usuario del sector público y otro del sector privado”, afirma.
El análisis comparativo concluye que el aporte de ASSE al Banco de Previsión Social, al Fondo de Reconversión Laboral, al Fondo Nacional de Salud y al Fondo Nacional de Vivienda es más de 20% superior que las demás instituciones. ASSE aporta además un 12,9% más que el resto de las empresas del Estado.
“Creemos conveniente analizar la posibilidad de realizar ajustes en el régimen tributario para permitirle a ASSE destinar mayor cantidad de recursos a sus fines específicos”, propone Soto.
Metas y servicios.
El vicepresidente reconoce que ASSE tiene “dificultades” para cumplir con las metas asistenciales, es decir, con los “objetivos asistenciales” fijados por la Junta Nacional de Salud y por los que el gobierno paga un monto de dinero cuando son cumplidos.
ASSE tiene problemas para cumplir dos de las cuatro metas por carencias en “los sistemas de información”.
Así es que en 2011, el organismo recibió solo U$S 5 millones por el cumplimiento de metas, una cifra “muy por debajo de lo que debería recibirse”.
“Esta situación obliga a revisar los procesos y sistemas de información para dar cumplimiento a los mismos”, añade el jerarca.
Además, sugiere al Poder Ejecutivo que revise “los desequilibrios que existen como consecuencia de la contratación y la venta de servicios de salud” a otras instituciones.
“Durante el ejercicio del año 2010, ASSE contrató servicios por unos U$S 50 millones, mientras que la venta de servicios de ASSE le reportó unos U$S 6 millones. Situación similar se registró al cierre del ejercicio 2011”, se explica.
El problema es que los precios por los que el prestador público vende servicios están regulados y por lo general suelen ser más baratos en comparación con los que luego debe comprar a otras instituciones privadas.
Debilidad.
En el informe se indica que “el suministro de información calificada para la toma de decisiones” en ASSE “presenta debilidades” tanto en “calidad, tiempos, relevancia como en sistematización”.
Soto atribuye eso a “factores culturales y tradicionales de la organización”. “En una organización de la complejidad de ASSE —explica— resulta imprescindible contar con una sistematización de la información y fortalecer los diferentes sectores encargados de su procesamiento”.
