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La Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU) cree que a tres años y medio de aprobada la reglamentación de la ley 18.795, llamada “Ley para la Promoción de la Vivienda de Interés Social” (VIS), ésta debería ser revisada en algunos aspectos que conspiran en contra del incentivo a la inversión que inspiraban sus fundamentos.
Desde la fecha de su promulgación hasta el 4 de julio de 2015 fueron ingresadas 12.985 viviendas en la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) para su estudio y aprobación.
Sin duda un gran éxito que superó las expectativas del sector público apuntaba a que en el quinquenio se aprobaran 5.000 viviendas.
La ley VIS nació de la iniciativa de la APPCU que en el año 2011 le presentó algunos lineamientos generales a la consideración del presidente Mujica.
Luego de numerosas reuniones entre técnicos del sector público y nuestros delegados y asesores, el 17 de agosto de 2011 se aprobó la mencionada ley con la aprobación de todos los partidos políticos con representación parlamentaria.
¿Cuál era el espíritu de la ley?
Que el sector privado se interesara en la vivienda destinada a sectores medios y medios bajos de la población.
¿Cuáles eran los incentivos?
La exoneración de impuestos nacionales, de manera de abatir los costos de la construcción.
Paralelamente, otro de los objetivos importantes era que se revitalizaran zonas de las ciudades en las cuales, si bien gozaban de todos los servicios e infraestructuras, durante decenios la inversión privada no se había interesado en construir.
En ese sentido se integraron las intendencias, particularmente la Intendencia de Montevideo, determinando zonas prioritarias y zonas en las cuales se desincentivaría construir VIS.
A grandes rasgos, en Montevideo se habilitó la zona al norte de Avenida Italia y se excluyó la zona costera poniéndole topes de precios.
Desde un principio, APPCU sostuvo que los precios de las unidades deberían estar liberados, salvo en la zona costera en Montevideo y las zonas balnearias en los departamentos que las tienen.
Las autoridades consideraron que deberían tener tope de precios y solamente como excepción, y a modo de prueba, se dejaría a los promotores en libertad de fijar sus precios de venta en la zona habilitada de Montevideo.
Para el resto de la República se establecieron topes reajustables periódicamente de acuerdo a la evolución de los costos de construcción.
Veamos cuál es la situación actual.
De las 12.985 viviendas presentadas, se encontraban promovidas al 24/06/2015 la cantidad de 11.367 que se distribuyen de la siguiente forma: Montevideo, 7.874 (69,3%); Maldonado, 2.199 (19,3%); cinco departamentos, 0 vivienda; resto de los departamentos, 11,4%.
Por otra parte, a partir del 27 de junio de 2014 se fijó topes sobre el 25% de las unidades de cada emprendimiento para los proyectos que se presenten para Montevideo.
¿Resultado? De un promedio de más de 300 viviendas presentadas por mes, se bajó a prácticamente la mitad.
¿Qué conclusiones podemos sacar?
La inversión se ha volcado masivamente a las zonas de precios liberados y en menor medida a Maldonado que tiene precios topes mayores.
Veamos entonces cuál es la incidencia en el personal ocupado en la construcción.
En noviembre de 2012 se alcanzó un récord de 73.000 personas ocupadas en forma directa en las obras. Hoy existen aproximadamente 57.000 y la tendencia es a la baja.
En las VIS se ocupan aproximadamente 8.000 personas. De no existir este programa hoy la cantidad de obreros ocupados no llegaría a 50.000.
¿No existe demanda de VIS en cinco departamentos? ¿No podría ser mayor la demanda en los 13 departamentos restantes? ¿No podrían volver a presentarse la cantidad de proyectos en Montevideo que se presentaban antes de la fijación de topes del 25%?
Creemos firmemente que sí.
En un contexto en el cual aumenta el desempleo y los recursos públicos están muy comprometidos, buena cosa sería que los inversores privados se interesaran en construir VIS en el interior y se volviera a las cantidades anteriores en Montevideo.
Bastaría con liberar los precios de venta para todo el país (siempre en las zonas que las intendencias consideran prioritarias) para poder rehabilitar el mercado de trabajo.
Seguramente se crearían del orden de 5.000 nuevos puestos de trabajo en el interior.
¿Qué riesgos o perjuicios sufriría el Estado? Ninguno. En la VIS la inversión y el riesgo están siempre a cargo del privado.
