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Previendo que su decisión generaría una gran repercusión pública porque es la primera vez en la historia de Uruguay que la Justicia envía a prisión a un intendente en funciones, la jueza letrada de Colonia Virginia Ginares dedicó un tramo importante del fallo con el que procesó a Walter Zimmer para explicar el contexto en el que debió expedirse y el alcance de la decisión.
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La magistrada era consciente, además, de que su fallo se conocería en plena campaña electoral y que tenía como telón de fondo el pedido de procesamiento del exministro de Economía Fernando Lorenzo y del titular del Banco República, Fernando Calloia, por “abuso de funciones”, el mismo delito que se le imputa a Zimmer.
Esos elementos incidieron en la inusual introducción que la jueza realizó a su fallo, previo a desarrollar los argumentos de por qué enviaba a la cárcel al intendente Zimmer y al director de Hacienda de la Intendencia de Colonia José Aunchain.
“Huelga decir que este asunto evade la esfera de lo que normalmente acaece” en el juzgado, dice al comienzo la jueza Ginares. Sostiene que se trató de una “larga investigación” que “requirió en múltiples etapas el aporte probatorio del propio denunciado”, el doctor Zimmer, una persona de amplio respeto y que por elección popular accedió a su segundo mandato, en cuya calidad nombró al ahora coindagado como persona de confianza para un sector neurálgico del quehacer gubernamental del departamento”, añade.
A la jueza no le pasó inadvertido que tanto la denuncia contra Zimmer como las decisiones que este tomó con respecto al empadronamiento de vehículos se inscriben en el marco de la competencia electoral. “La invocación de variables políticas —a veces político-partidarias— que explicarían fenómenos como las denuncias recíprocas, nombramientos y destituciones o la intensa competencia por acaparar contribuyentes por parte de las distintas Intendencias en diversos períodos de tiempo” son elementos que están presentes, según la magistrada.
Sin embargo, “todo esto debe quedar fuera de la valoración de esta proveyente”, subraya. “Esta resolución no implica más que someter a enjuiciamiento a dos habitantes de la República que por mandato constitucional son iguales al resto de las personas ante la ley y ante los tribunales”.
“Probado”.
Después de la introducción, la jueza desarrolló los argumentos del procesamiento con prisión de ambos jerarcas. Zimmer y Aunchain fueron procesados por “abuso de funciones” y este último además por “un delito continuado de falsificación ideológica” por maniobras con el empadronamiento de vehículos, entre otras irregularidades.
Según la magistrada, “resulta probado” que “aunque los reempadronamientos de gran número de vehículos se habrían realizado en enero de 2008, se les declaró falsamente como un hecho ocurrido el 31 de diciembre de 2007, dando fe de un hecho real (reempadronamiento) pero alterando las circunstancias temporales”. Este hecho no es menor, ya que a partir del primero de enero de 2008 comenzaba a regir un acuerdo con el Congreso de Intendentes que impedía los reempadronamientos.
Esta situación reviste gravedad para la magistrada porque se perjudicó a otras administraciones comunales y porque se alteraron documentos públicos.
“Uno de los pilares más importantes de la tarea de administrar y de gestionar documentación pública es el de respeto a la certeza de la fecha de ocurrencia de los actos jurídicos”, considera la jueza. “Sin esa confianza sería imposible funcionar, pues dudaríamos si el trámite ocurrió cuando dice haber sucedido”, argumenta.
Pero ese no es el único comportamiento que la jueza reprocha. Ginares también expresa que por resolución 1134/07, dictada por el intendente, la comuna creó un “procedimiento abreviado de inscripción de vehículos” para que empresas empadronaran los automóviles cero kilómetro. Estas empresas “dispondrían de un stock de matrículas y permisos de circulación”. Empero el sistema también fue irregular, ya que “no se habría establecido mecanismo de control efectivo de la entrega de chapas y permisos ni la exigencia de constitución de garantías”, al punto que “algún gestor habría detentado chapas por un extenso tiempo sin aparente sanción y otras habrían sido devueltas con perforaciones cual si hubieren sido ilegítimamente utilizadas”.
Respecto de las empresas arrendadoras de autos, la normativa establece que deben contar con domicilio en el departamento para acceder a una exoneración del 50% de la patente. No obstante, en este caso se corroboró que al menos una de las empresas que accedían a ese beneficio tenía domicilio en Montevideo.
“Cabe preguntarse”.
La magistrada también responsabiliza a Zimmer por cobrar dinero de un programa con financiamiento internacional destinado a su pareja.
“Zimmer admite haber realizado retiros de dinero de cuentas de proyectos que ya estaban finalizados”, subraya la magistrada. “Lo habría hecho a solicitud de su concubina desde 2008, pues la misma se encontraría en uso de licencia médica y para pagar proveedores”.
“Cabe preguntarse si cuando cualquier funcionario de la comuna está con licencia médica el intendente hace el trámite por él y luego le entrega el dinero a quien está indispuesto para que cumpla con sus funciones. Esta confianza solo podría explicarse por la relación afectiva entre ambos”, concluye.
Con esos argumentos, la jueza procesó con prisión a Zimmer y a Aunchain, quienes están alojados en el sector del granero de Piedras de los Indios, una cárcel de mínima seguridad.