—¿Qué opina del proyecto de ley que propone regular la compra de tierras por parte de extranjeros?
—Es un tema relevante. Comparto el objetivo. En mi opinión, le faltan algunos enfoques y temas que deberían contemplarse. Tanto si se aprueba como si se rechaza la regulación de la compra de tierras por extranjeros, seguramente marcará el futuro del país y del sector agropecuario.
—La ARU, de la cual fue presidente, se manifestó en contra del proyecto del FA y de la idea de regular el tema, ¿qué opina?
—Comparto las preocupaciones, pero considero que el tema tiene connotaciones más profundas que determinarán el futuro del país como nación. La ARU tiene preocupaciones que son legítimas sobre el tema, y que se refieren a la incidencia que una medida de este tipo puede tener en el precio de la tierra y también en el costo-beneficio sobre la economía uruguaya.
—Usted históricamente tuvo una posición liberal respecto a los mercados. ¿La regulación no va en contra de esa posición?
—Soy liberal, pero no soy fundamentalista. La tierra no es una mercancía más, tiene características específicas, un mercado muy particular y, como tal, merece una atención y un tratamiento especial.
Mi posición en este sentido no es nueva. Hace más de 50 años que trabajo en el sector rural, nací en ese medio y durante 35 años trabajé en extensión rural asistiendo a productores en el sector ganadero. He vivido directamente la evolución del agro de nuestro país en las últimas décadas. Por mi trabajo pude visitar y ver la realidad de otros países y estudiar sus procesos de desarrollo agropecuario.
La tierra es un bien finito, no se puede fabricar tierra, no es reproducible, de su uso depende la soberanía alimentaria de los países, y de sus dueños la soberanía territorial y la posición geopolítica del país. Es un bien natural insustituible y es la principal riqueza del país.
—¿Por qué debería regularse la compra de tierras por extranjeros?
—En diciembre de 2018, como presidente de la ARU, manifesté que el ritmo de extranjerización de la tierra en el país determinaba que, si no se hacía nada, en poco tiempo podíamos llegar a ser extranjeros en nuestro propio país. En esa época se estimaba que entre el 20% y el 25% de la tierra uruguaya estaba en manos de extranjeros.
Luego, en setiembre de 2019, en mi primer discurso como presidente de la ARU, en el marco de la exposición del Prado, señalé que entre 2004 y 2019 se había producido el mayor proceso de concentración y extranjerización de la tierra en el Uruguay de los últimos 100 años. Este proceso se vio agravado por la velocidad y la proporción de la tierra vendida, un proceso que no tenía antecedentes en el mundo. También dije que eso no era bueno, porque estaba desplazando a muchos productores y destruyendo el tejido social del interior del país.
La tierra es un buen refugio para los capitales por la seguridad de la inversión y la valorización en el largo plazo. Es un bien estratégico, cuya oferta es muy limitada en el mercado internacional y disminuye todos los años.
Cada año hay un mayor número de inmensas fortunas a nivel global que buscan opciones de inversión seguras. La tierra de nuestro país es una excelente opción. Hay muchas personas en el mundo con dinero suficiente para comprar toda la tierra del Uruguay.
Se estima que en la actualidad entre un 25% y un 30% del territorio uruguayo está en manos de extranjeros. Esto no tiene antecedentes en ningún país del mundo, y este porcentaje viene aumentando desde 2004. Mucho menos tiene antecedentes en países cuya economía depende estratégicamente del recurso tierra.
Durante los últimos 24 años se vendieron en promedio unas 360.000 hectáreas por año, cerca del 2,3% de la superficie del país cada año, y más de la mitad fue a firmas extranjeras.
Hay trabajos académicos que estiman que, de mantenerse el ritmo de extranjerización de la tierra de los últimos años, el 70% de la superficie del país será propiedad de extranjeros en 2050. Estas razones justifican regular la compra de tierras por extranjeros.
—¿Cuánta tierra hay en manos de extranjeros en Uruguay?
—Uruguay no tiene un registro que cruce el padrón rural con la nacionalidad del titular final. Por eso, toda cifra de extranjerización es una estimación, no un dato censal.
Las cifras, de todas maneras, son importantes. En el pasado reciente, 7 millones de hectáreas —cerca del 40% de la superficie agropecuaria del país— fueron autorizadas para ser compradas por sociedades mayoritariamente extranjeras, y solo ocho de ellas concentran el 80% de esa superficie. Más de la mitad de la tierra vendida en dos décadas fue a personas jurídicas donde prevalecen capitales extranjeros.
Es una proporción relevante del territorio. No hay forma de identificar claramente la nacionalidad de los dueños de la tierra cuando se trata de personas jurídicas, por lo que debe crearse un registro nacional de tierras que identifique inequívocamente la nacionalidad de los dueños de la tierra. Un primer elemento clave es tener un registro con mejor información, porque esto nos permitiría dimensionar mejor el problema.
—¿Por qué cree que los extranjeros invierten en la compra de tierras en Uruguay?
—Uruguay es uno de los pocos países del mundo que ofrece un mercado de tierras totalmente abierto. Hoy una persona física o empresa extranjera que cumpla con la Ley 18.092 puede comprar todo el campo que quiera, sin límite de superficie ni requisito adicional alguno.
Es un país que está en la región del mundo con mayores ventajas comparativas para la producción agropecuaria en forma sostenible, por clima, fuentes de agua dulce y calidad e historia de uso de sus tierras. Uruguay es una democracia estable, un país serio y previsible, donde no hay conflictos sociales, ni políticos, ni problemas raciales, no hay problemas religiosos y tampoco hay conflictos bélicos en la región. Todo esto determina que sea un país sumamente atractivo para la inversión en general, y en tierras especialmente.
—¿La inversión extranjera en tierras fue positiva para el desarrollo de Uruguay en años recientes?
—La inversión extranjera, a lo largo de la historia, ha sido buena en varios aspectos: trajo tecnología, capital, conocimiento, y contribuyó al crecimiento y al desarrollo. Pero llegó el momento de analizar este tema a fondo, por las implicancias que tiene. Debe reconocerse que la inversión de grandes empresas, con una concentración importante de la propiedad de la tierra, tiene consecuencias que no son positivas y que merecen ser analizadas.
La expulsión de gente del medio rural provoca la desintegración y el vaciamiento del interior, que influye en el deterioro de diferentes servicios, que a su vez retroalimentan el éxodo rural de las pequeñas poblaciones hacia las ciudades más importantes. Se pierde arraigo y territorialidad en un interior que ya está muy poco poblado.
El problema del éxodo rural, o el vaciamiento de la campaña, tiene causas mucho más profundas con la calidad de vida, con el acceso a servicios básicos, como la educación, la salud, la cultura y la propia vida en sociedad. Hay un rol para el Estado y para los empresarios que tenemos que ofrecer mejores condiciones de vida para la familia rural. El proceso de concentración y extranjerización de la tierra acelera el vaciamiento del interior rural.
—¿Regular la compra de tierras por extranjeros no provocará una baja en el precio de los campos?
—Limitar o regular la demanda no significa necesariamente prohibir. Se pueden establecer distintos mecanismos de regulación orientados a reducir la concentración. Se podría implementar un modelo escalonado, fijando un máximo de superficie por titular extranjero, unas 1.000 hectáreas Coneat 100, por ejemplo, y un máximo de extranjerización por departamento y a nivel país.
En la medida que una regulación de este tipo afectaría la demanda actual y la demanda futura, es posible que afecte la dinámica de los precios de la tierra. Y no se puede descartar categóricamente la posibilidad de que baje el precio de la tierra en forma transitoria a corto plazo.
Para mitigar este efecto, el proyecto de ley debería complementarse con una política agresiva de financiamiento para la compra de tierras por parte de actores nacionales. Será necesario ofrecer créditos de largo plazo, con tasas acordes al negocio.
En un contexto de recursos públicos escasos, la discusión de fondo debería estar orientada a reformar el Instituto Nacional de Colonización. En vez de asignar recursos a la compra de tierra para unos pocos colonos, esos mismos recursos podrían destinarse a un programa de financiamiento “blando”, en términos de tasa y plazo, de manera que más uruguayos accedan a la compra de tierra. Este deberá ser un aspecto central, para complementar la regulación de la compra de tierras por actores extranjeros.
Hay también una elección de fondo en la respuesta a esta pregunta. Si para proteger el patrimonio de los dueños actuales de la tierra no se regula su adquisición por parte de extranjeros, se estarán hipotecando las posibilidades de acceso a la tierra de las futuras generaciones de uruguayos, que deberán competir con grandes capitales internacionales por un recurso finito y estratégico que hace a la soberanía alimentaria y territorial y a su identidad como nación.
La política debe ponderar los intereses legítimos de los propietarios actuales de la tierra, los de las generaciones futuras y los del país en su conjunto, y legislar contemplando qué tipo de Uruguay se quiere construir hacia el futuro.
—¿Cómo sería esa política complementaria?
—Debería pensarse un esquema similar al que utilizó Nueva Zelanda para adjudicar tierras a los primeros colonos. Identificar personas elegibles para acceder al crédito de largo plazo, con tasas acordes al negocio.
Deberán ser pequeños productores y jóvenes capacitados, con algunos años de experiencia en el sector, con proyectos de desarrollo viables, ya sea para adquirir una primera fracción de campo o mejorar la escala de una fracción existente hasta un determinado número de hectáreas.
Los productores que accedan al crédito deberán trabajar durante 30 años o más, intensamente, en un proyecto de desarrollo que le aporte al país más y mejor producción, mayor generación de riqueza, más demanda de insumos y servicios, más circulación del capital en su región de influencia, contribuyendo al crecimiento y desarrollo.
El acceso a la tierra de productores de tamaño mediano, con proyectos de desarrollo prediales potentes, contribuirá a construir un país mejor, con una sociedad más estable, donde la renta del negocio agropecuario circule dentro de la comunidad rural, posibilitando la creación de más y mejores empleos, y más servicios de calidad en el interior del país.
El Instituto de Colonización, reformado tanto en su funcionamiento como en el destino de los recursos, podría ser un instrumento para llevar adelante este programa.
—¿Comparte el argumento de que un mercado abierto atrae inversiones y es la mejor política económica para promover el crecimiento?
—La tierra no es una mercancía más, es un bien finito, no se puede fabricar tierra. No es un mercado donde la oferta pueda reaccionar frente a la demanda.
Cada año desaparecen tierras agrícolas en el mundo por crecimiento de las ciudades y por las consecuencias de la sobrexplotación de ese recurso. La oferta de tierras, por lo tanto, es muy escasa, está muy regulada, cada vez con mayor intensidad en la gran mayoría de los países, y es decreciente en el mercado internacional.
El dueño de la tierra determina a dónde va y dónde se gasta la renta de la principal riqueza, que debería contribuir al desarrollo y la estabilidad social del interior del país. Tratar la tierra como una mercancía más, plenamente abierta al mejor postor en el mercado global y no legislar sobre este recurso estratégico significa renunciar a una palanca central de política económica y de desarrollo de Uruguay.
En un país como el nuestro, cuya economía, identidad e inserción internacional se apoyan en el agro, es muy importante la nacionalidad de los dueños de la tierra. No me puedo imaginar un Uruguay donde el 70% o el 80% de los dueños de la tierra sean extranjeros. Si eso sucede, habremos perdido nuestra identidad como nación, nuestras tradiciones y nuestro legado histórico.
Y apelo a dos frases: “No venderé el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad”, de José Gervasio Artigas, y “prefiero dejar a mis hijos pobres y con patria y no ricos y sin ella”, de Aparicio Saravia.
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