La Federación Rural del Uruguay elaboró un borrador de plan piloto para el control de la población de perros sueltos en Cerro Largo, con una intervención coordinada entre instituciones públicas y gremiales de productores. La propuesta plantea un primer año de trabajo que comenzaría con un censo y campañas de sensibilización, para luego avanzar en la captura, la atención sanitaria y la adopción de animales.
El documento propone utilizar instalaciones del Ejército en Melo como refugios transitorios y asigna funciones específicas a los ministerios del Interior y de Defensa, la Intendencia de Cerro Largo, las gremiales de productores y el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA).
La elección de Cerro Largo se fundamenta en la presencia de la problemática, los intentos previos de abordarla y la existencia de una institucionalidad pública y privada que, a juicio de la gremial, permitiría desarrollar la experiencia. El objetivo es elaborar un protocolo con resultados medibles, que posteriormente pueda replicarse en otros departamentos.
Las fuerzas vivas del departamento y la Federación Rural se reunieron durante la reciente edición de la Expo Melo, el sábado 3 de octubre. El presidente de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, Bernardo Ferreira, comentó a Agro de Búsqueda que las instituciones presentes expresaron su disposición a respaldar la iniciativa.
Responsabilidades. Para el Ministerio del Interior, el borrador propone una participación activa en la detección de situaciones que requieran intervención, la coordinación y el apoyo a los operativos de captura de perros sueltos y sin dueño, y la seguridad en las zonas críticas y durante los traslados. También contempla la articulación con las comisarías locales para el cumplimiento de la normativa.
El Ministerio de Defensa aportaría vehículos, personal de apoyo y recursos materiales, además de facilitar infraestructura del Ejército en Cerro Largo para los refugios transitorios.
El documento también le asigna la función de asegurar el cuidado de los animales, incluyendo castración, vacunación y chipeo, mediante los mecanismos que se definan en el trabajo interinstitucional. Para ello, plantea establecer protocolos claros y plazos acotados.
La Intendencia de Cerro Largo participaría en la detección de situaciones a atender y coordinaría campañas de castración, registro y chipeo en zonas urbanas y rurales. También apoyaría la gestión de los refugios junto con el Ejército y desarrollaría acciones de comunicación sobre tenencia responsable.
Las gremiales de productores tendrían a su cargo identificar las zonas rurales críticas donde la población canina afecta la producción, colaborar con el censo departamental y promover la sensibilización en las comunidades rurales, además del apoyo a la adopción responsable.
El INBA asumiría la supervisión del cumplimiento de la legislación en todas las etapas: censo, captura, refugio, castración, chipeo y adopción. Además, aportaría asesoramiento, protocolos y lineamientos técnicos para la captura, el traslado y la atención sanitaria de los animales, y participaría en la evaluación de los resultados.
El borrador propone que el instituto provea los chips y las castraciones, así como recursos para la alimentación y el cuidado de los perros durante su permanencia en los refugios.
Primer año en dos etapas. Durante los primeros tres meses, la propuesta prevé un censo integral de la población canina urbana y rural orientado a identificar animales para castración y registro. La información se incorporaría a una base de datos departamental con la ubicación, la cantidad y la condición de los perros.
Esta primera fase incluiría campañas de sensibilización sobre tenencia responsable, beneficios de la castración y riesgos de la superpoblación. También se realizarían talleres en escuelas, barrios y comunidades rurales para explicar el plan y la normativa.
Entre los meses 4 y 12 se desarrollarían los operativos de captura, coordinados por Interior, Defensa y la intendencia, con foco en perros sueltos y sin dueño. Los animales serían trasladados a refugios transitorios en dependencias del Ejército en Melo, donde el borrador prevé el cuidado por personal militar capacitado. Posteriormente, se impulsarían campañas públicas de adopción responsable, con seguimiento de las familias adoptantes.
Entre las metas del primer año figura alcanzar un registro de al menos el 70% de la población canina del departamento. También se busca reducir la presencia de animales sueltos en las zonas críticas y disminuir los ataques al ganado y los accidentes asociados a esta problemática.
El seguimiento se realizaría mediante un comité interinstitucional, con reuniones trimestrales e informes públicos de avance.
Un reclamo de hace 15 años. Ferreira describió la gravedad de la situación en el entorno del vertedero municipal de La Pedrera, donde estimó que hay más de 500 perros. Según indicó, los ataques son semanales y, en ocasiones, se registran dos o tres por semana.
El dirigente explicó que las jaurías ya no permanecen únicamente dentro del vertedero. Algunas se alojan en los alrededores y regresan para alimentarse o salen a atacar a animales de otras especies, no solo ovinos, sino también vacunos y equinos.
“Hace 15 años que estamos reclamando y el problema es muy grave”, sostuvo. Señaló que la Sociedad Agropecuaria viene planteando esta preocupación en los discursos de sus presidentes desde hace una década y media.
“Hay vecinos del vertedero que ya dejaron de tener ovejas”, advirtió. Y mencionó el caso de un productor que perdió cuatro novillos por esta causa.
Según relató, en los videos que reciben de los afectados se observan grupos de 30 o 40 perros atacando al ganado.
Ferreira subrayó que la problemática se extiende a otros puntos de Cerro Largo. Mencionó ataques recientes en el paraje La Gloria, cerca de Centurión, y señaló el vertedero de Fraile Muerto como otro lugar complicado. También relató que en los días previos dos productores denunciaron en la radio local ataques a sus majadas, con seis ovejas muertas y unas 10 heridas.
Los perros sueltos también causan problemas en las zonas urbanas. Mencionó ataques a transeúntes y niños en plazas, además de accidentes de motociclistas y ciclistas.
Según Ferreira, durante la reunión en la Expo Melo el jefe de Policía indicó que las denuncias por ataques a animales y personas constituyen un problema cotidiano para la institución. El dirigente agregó que el tema se trata de manera recurrente en la Comisión de Seguridad Rural del departamento, que se reúne mensualmente.
Recursos. Según el borrador, el plan no implicaría asignar recursos adicionales ni crear nuevos presupuestos. Cada institución aportaría vehículos, personal, logística, infraestructura y capacidades técnicas ya disponibles.
En la fundamentación del documento se establece que la situación actual de la población canina en Uruguay presenta un serio desafío sanitario, productivo y social. Según estimaciones nacionales, el número de perros supera ampliamente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece un equilibrio poblacional para garantizar la salud pública y el bienestar animal.
El borrador de la Federación Rural indica que la OMS recomienda un perro cada 10 personas. Sin embargo, según el censo de 2023, en Uruguay hay un perro cada 2,4 personas, 4,2 veces la proporción de referencia.
+ 
