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Soy una gran defensora de las normas jurídico-ambientales del país, siempre digo que son excelentes, que, lejos de buscar tener más, debemos procurar aplicar las que tenemos de forma correcta bajo parámetros del derecho ambiental. Entiendo que, si no se ven reflejadas en la realidad (no se aplican), tienen razones exclusivamente de índole rol/persona, ya sea por la ausencia de abogados que las deseen implementar en sus causas (porque son novedosas y requieren de profesionales audaces), ya sea por jueces con desconocimiento de la materia (porque el derecho ambiental pone “patas para arriba” el derecho tradicional y es imposible aplicar normas ambientales con el velo de otro ordenamiento jurídico) o ya sea por voluntades políticas que no apuntan al desarrollo sustentable.
Enfatizando en estas últimas, se me hace de una necedad enorme el hecho de que en el año 2022 Ancap suscribiera contratos con empresas petroleras internacionales para procurar la búsqueda de combustibles fósiles en nuestro mar territorial.
Un año antes (2021) la ciencia por unanimidad, a través del informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), dio un alarmante mensaje sobre el cambio climático y reconoció sus causas antrópicas. Y el nexo causal entre los combustibles fósiles y el calentamiento global es tan claro como el agua del río más cristalino del mundo.
Entonces yo me pregunto: ¿cómo hacer caso omiso a tal situación?, ¿cómo no considerarse integrantes del planeta y apreciar que si contribuimos con la venta de petróleo (de encontrarlo) seremos más parte del problema que de la solución?, ¿cómo no apreciar, a su vez, que ese problema también nos afectará porque el cambio climático no reconoce fronteras políticas?, ¿cómo puede ser que hayamos suscrito convenciones internacionales comprometiéndonos a marchar hacia un lado y seamos tan hipócritas de desear generar actividad petrolera en nuestro territorio?
Evidentemente, el transporte requiere de combustible, pero la tecnología de avanzada apunta hacia otro tipo de abastecimiento, por ello debemos ser más cuidadosos respecto a dónde, cuánto, cómo y con quién para embarcarnos hacia nuevas maneras de generar combustible y no caer en las pasadas, sobre las cual ya sabemos sus consecuencias nefastas. Nuestro país realizó una hoja de ruta vinculada con el hidrógeno verde, y considero que es hacia allí donde deberíamos procurar encauzarnos bajo la prudencia de la lógica y no del oportunismo económico (enfatizo: dependiendo en dónde, cuánto, cómo y con quién).
Pero vuelvo al ilógico hoy… Hace unos días se celebró la audiencia pública dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental (EIA) del Ministerio de Ambiente para el proyecto de prospección sísmica 3D, de la firma PGS Exploration UK LTD.
Me preocupa mucho, en atención a que la audiencia pública es el último requisito dentro del procedimiento de EIA, que un gobierno en plena etapa de transición le confiera autorización ambiental previa (AAP) a un proyecto cuya envergadura pone en riesgo políticas futuras del país y que, en la hipótesis de que el gobierno entrante no estuviera de acuerdo, podría dar lugar a demandas contra el Estado.
En realidad, voy a más, entiendo que determinados modelos de desarrollo, por su amplísima magnitud y compromiso, deberían requerir políticas de Estado (no de gobierno).
