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En el editorial del pasado jueves 9 de julio, a propósito de la forma de comunicación de la clase política, se dijo, palabra más palabra menos, que el tono airado o de permanente confrontación que había venido caracterizando a la comunicación política estaba volviendo a cauces normales y se citaba especialmente la actitud asumida (en redes y en otros ámbitos) por la senadora Dra. Esc. Graciela Bianchi.
Pues bien, si uno sigue la información o, mejor dicho, las manifestaciones de algunos políticos (en especial la nombrada legisladora) a través de las redes, puede comprobar que el tono utilizado, la adjetivación y (no en pocos casos) la distorsión de hechos o afirmaciones han generado un clima de violencia simbólica que nos acerca más al discurso de odio reinante en muchos países (el más cercano es Argentina, pero no es el único) que a un diálogo civilizado.
En esta oportunidad, quiero referirme a un episodio que se sitúa, justamente, el 9 de julio de 2026 durante la conferencia de prensa que convocó lo que se ha dado en llamar coalición republicana, en donde se anunció que no votará, en general, el proyecto de Rendición de Cuentas a consideración del Poder Legislativo.
Fue al final del evento que un periodista de TV Ciudad hizo una pregunta relativa al efecto que podría tener la decisión política de no votar en general la Rendición de Cuentas sobre algunos de los temas que trata el proyecto.
La respuesta recibida, además de negar dicho efecto, fue que había que cerrar TV Ciudad. Se puede estar en desacuerdo con el contenido de la pregunta y hasta se la podría calificar como inoportuna, impertinente o de cualquier otro modo. El periodista tenía y tiene derecho de formularla. Si es más o menos pertinente es materia de la respuesta. Lo que no es admisible es que la reacción (no importa si de la senadora Bianchi o de algún otro miembro del grupo de legisladores) sea que debe cerrarse el medio al que pertenece el periodista. Para ser enfático debería decirse no es admisible proponer el cierre de un medio de comunicación en una democracia, a riesgo de caer en la censura, que se adjudica a regímenes totalitarios, por el contenido de una pregunta.
