Hay una escena que se repite todos los días en Uruguay. Mientras un padre sale de madrugada para trabajar y descubre que una parte creciente del fruto de su esfuerzo desaparece entre impuestos, tarifas y costos cada vez más altos; mientras una madre espera meses por una consulta médica; mientras una familia vive con el temor de que un hijo no regrese sano y salvo por culpa de la inseguridad; mientras miles de niños nacen condenados a una pobreza que el Estado promete combatir desde hace décadas sin resultados acordes, en algún despacho oficial se discute el reparto de cargos, la integración de directorios, los equilibrios entre sectores o las estrategias para la próxima elección.
Son dos países que conviven, pero que hace tiempo dejaron de mirarse.
Existe un Uruguay real: el que madruga, produce, paga impuestos, emprende, estudia, trabaja y enfrenta cada día problemas concretos. Y existe un Uruguay político, que parece haber desarrollado una lógica propia, donde las prioridades ya no son las del ciudadano, sino las de un sistema que ha terminado ocupándose, antes que nada, de sí mismo.
La política nació para servir a la sociedad, no para convertirse en un fin en sí mismo. Sin embargo, cada vez son más los uruguayos que perciben que el sistema político ha terminado administrando sus propios intereses antes que los del país.
No importa demasiado el partido. Cambian los discursos, cambian los eslóganes, cambian los colores de las campañas y cambian los nombres de quienes ocupan los cargos. Pero permanece una constante: la conservación del poder, la negociación de espacios y la ocupación de puestos parecen consumir más energía que la resolución de los problemas estructurales que afectan a la población.
Esa percepción, justa o injusta, no nace del resentimiento. Nace de la experiencia cotidiana de miles de ciudadanos que sienten que sus preocupaciones rara vez coinciden con las prioridades de quienes los gobiernan.
Hace años que los uruguayos escuchan promesas de una educación transformadora mientras los resultados muestran un deterioro persistente. Hace años que se anuncian planes de seguridad mientras la violencia continúa condicionando la libertad de miles de familias. Hace años que se promete combatir la pobreza infantil mientras generaciones enteras siguen creciendo con enormes desigualdades de oportunidades. Hace años que se habla de eficiencia estatal mientras el aparato público continúa expandiéndose sin que ello se traduzca necesariamente en mejores servicios.
El ciudadano observa todo eso y, al mismo tiempo, contempla cómo buena parte del debate político gira alrededor de cargos, cuotas de poder, repartos administrativos y estrategias electorales para los próximos cinco años.
Es difícil no concluir que las prioridades están invertidas.
Alexis de Tocqueville advertía que las democracias no se sostienen únicamente por la fortaleza de sus leyes, sino por la confianza que los ciudadanos depositan en sus instituciones y en quienes las conducen. Cuando esa confianza comienza a erosionarse, el problema deja de ser exclusivamente político y pasa a convertirse en un problema de cohesión nacional.
El problema, entonces, no es solamente el tamaño del Estado. Tampoco es exclusivamente el nivel de impuestos, que para muchos trabajadores, jubilados y empresas representa una carga cada vez más difícil de sostener.
El problema es más profundo.
Cuando una sociedad percibe que quienes administran los recursos públicos viven relativamente protegidos de las consecuencias de sus propias decisiones, comienza a romperse uno de los pilares fundamentales de toda democracia: la igualdad ante la realidad.
El comerciante que debe cerrar porque no puede afrontar sus costos no encuentra un cargo alternativo financiado por el Estado. El trabajador que pierde su empleo no conserva automáticamente su salario. El pequeño empresario que fracasa asume personalmente las consecuencias de sus decisiones.
Pero una parte importante de la dirigencia política parece haberse acostumbrado a transitar de un cargo a otro, de una administración a la siguiente, de un organismo público a otro, como si el Estado hubiera dejado de ser una herramienta al servicio de la sociedad para convertirse, en demasiados casos, en un sistema de protección para quienes deberían administrarlo con austeridad, responsabilidad y vocación de servicio.
Es allí donde comienza a aparecer una palabra incómoda, pero cada vez más presente en la conversación pública: casta.
No como un insulto fácil, sino como la descripción de un grupo que desarrolla intereses propios, privilegios propios y mecanismos de autopreservación que terminan alejándolo de la realidad de quienes dice representar.
Una democracia necesita dirigentes comprometidos con el bien común; no una clase política profesional cuya principal preocupación sea asegurar el próximo cargo. Ese fenómeno produce otro daño, quizá menos visible, pero mucho más peligroso.
Cada promesa incumplida erosiona un poco más la credibilidad pública. Cada discurso que luego contradicen los hechos alimenta el desencanto. Cada negociación opaca fortalece el cinismo. Y cada vez que un ciudadano concluye que, gobierne quien gobierne, nada cambia realmente, la democracia pierde una parte de su legitimidad moral. Ese es el verdadero riesgo.
Porque una democracia puede soportar gobiernos buenos y malos. Lo que difícilmente puede soportar durante mucho tiempo es que sus ciudadanos dejen de creer en quienes la representan.
Cuando la política funciona como un circuito cerrado de privilegios, cargos y autopreservación, la desconfianza deja de dirigirse a un partido determinado y comienza a alcanzar al sistema entero. El ciudadano deja de sentirse representado. Se instala el escepticismo. Aparece la indiferencia. La participación pierde sentido y la política deja de ser vista como una herramienta de transformación para convertirse en un ejercicio de administración de intereses.
Ese es el terreno donde las democracias comienzan a debilitarse. No porque sus instituciones desaparezcan de un día para otro, sino porque lentamente dejan de contar con aquello que les da vida: la confianza de los ciudadanos.
Uruguay conserva una larga tradición republicana, instituciones respetables y una ciudadanía que, a pesar de las frustraciones, continúa creyendo en el valor de la democracia. Pero esa confianza no es un patrimonio permanente; debe cultivarse todos los días con honestidad, resultados y ejemplaridad.
Gobernar no debería consistir en administrar el statu quo ni en asegurar el próximo lugar dentro del aparato estatal. Gobernar significa asumir la responsabilidad de mejorar la vida de quienes trabajan, producen, estudian, emprenden y sostienen el país con su esfuerzo cotidiano.
Porque la mayor amenaza para una democracia no siempre proviene de un enemigo externo ni de una crisis institucional espectacular. A veces comienza de una forma mucho más silenciosa: cuando quienes gobiernan dejan de escuchar a su pueblo y el pueblo deja de creer en quienes lo gobiernan.
Pablo Viera
