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La convocatoria anunciada por la directora nacional de Cultura, María Eugenia Vidal, respecto a la creación de un código deontológico para la gestión cultural persigue articular un espacio colectivo destinado a debatir y explicitar los principios, deberes y directrices que rigen el ejercicio profesional, descartando la imposición de un mecanismo restrictivo, una licencia habilitante, un colegio obligatorio o una barrera de acceso. Respecto al respaldo institucional, la iniciativa sumará la participación de especialistas de la Universidad de la República, referentes técnicos externos, profesionales del área, entidades vinculadas al sector y delegados de las casas de altos estudios privadas CLAEH y UCU, sumando asimismo a la Fundación Itaú. Este impulso oficial contrasta marcadamente con el derrotero histórico de otras disciplinas; la arquitectura, la economía, el notariado, la medicina, la ingeniería, la abogacía y la química estructuraron sus normativas éticas mediante una dinámica corporativa de raigambre estrictamente autónoma. En aquellos ámbitos, la génesis estatutaria no obedeció a un mandato estatal, sino al impulso genuino de profesionales organizados en gremios y asociaciones por pares, redactando normativas para regular la responsabilidad civil y la idoneidad, y consolidando sus textos a través de leyes de colegiación imperativa y tribunales internos de honor.
Por otra parte, al examinar la formación superior en gestión cultural —articulada fundamentalmente mediante la Universidad CLAEH y la Universidad de la República—, sus profesores exhiben una configuración laboral nítidamente segmentada. Lejos de una composición representativa de la diversidad de organizaciones, se advierte un peso específico que evidencia cómo los ámbitos académicos de ambas instituciones concentran una abrumadora mayoría de docentes provenientes de la administración pública y de la investigación académica. El núcleo principal corresponde al sector estatal, que abarcan entre el 40% y el 45% del plantel, integrado por referentes con trayectoria en la dirección de infraestructuras públicas, museos y dependencias de gobierno —tales como Gerardo Grieco (hoy radicado en Argentina), Luis Mardones, Erika Hoffmann, Cristian Pos y Roberto Elissalde—. Un segundo pilar lo conforma el perfil investigador, que reúne entre el 25% y el 30% de los docentes —acumulando así cerca del 70% entre funcionarios públicos y académicos dedicados a la investigación—, con fuerte arraigo en las carreras a través de figuras de dedicación total y perfil sociológico e histórico —como Rosario Radakovich, Paulina Szafrán, Susana Dominzain y Alejandro Gortazar—, encargados de estructurar el andamiaje analítico. Por su parte, el tercer sector sin fines de lucro representa entre el 20% y el 25% del profesorado, aglutinando a gestores de asociaciones, cooperativas y circuitos comunitarios, como Danilo Urbanavicius y Mauro Beltrán. Finalmente, el ámbito estrictamente privado y lucrativo dentro de las tecnicaturas específicas abarca un magro 5% a 10% del cuerpo docente, concentrándose en contadas voces como Alejandro Lagazeta —al frente de emprendimientos como Escaramuza, Criatura Editora, La Lupa Libros, Espacio Cultural Alfabeta y Polo Bamba— y Alejandro Sequeira como microempresario del diseño gráfico y creador de contenidos para medios como el diario El País.
Ahora bien, si analizamos la estructura social y económica de la actividad que implica la gestión cultural, la participación sectorial se distribuye entre los servicios estatales y privados, revelando que el sector lucrativo constituye el segmento mayoritario de la plaza. Las instituciones estatales y municipales agrupan entre el 30% y el 35% de la infraestructura y los fondos de fomento, sosteniendo teatros nacionales y departamentales, museos oficiales, la educación artística formal y los mecanismos de subsidio para las artes escénicas y el cine. En segundo orden, las entidades sin fines de lucro concentran entre el 20% y el 25% de la actividad, aglutinando fundaciones, cooperativas, centros comunitarios, salas cinematográficas sin fines de lucro, como Cinemateca Uruguaya y todo el teatro independiente. En tercer lugar, erigiéndose como el polo dominante con una incidencia global estimada entre el 40% y el 45%, se sitúa el mercado privado con fines de lucro, diversificado en tres estratos: las corporaciones de mayor envergadura —que abarcan del 18% al 22% sectorial mediante grandes editoriales, sellos fonográficos consolidados y cadenas de exhibición de cine y productores de grandes espectáculos internacionales—; las empresas de porte medio —que representan del 12% al 15% con librerías formales, productoras medianas, galerías y agrupaciones musicales de alta convocatoria, como El Cuarteto de Nos, No Te Va Gustar, Lucas Sugo o Jaime Roos—, y las microempresas, junto con emprendimientos individuales que completan del 8% al 10% restante.
De esta manera, y evaluando el peso de la academia y del sector público, el código deontológico será elaborado preponderantemente por personas que son empleados públicos, los cuales no representan la composición estructural de la gestión cultural en la sociedad uruguaya, máxime cuando los actores que se mueven en el mercado con fines de lucro difícilmente destinen su tiempo a estas reuniones.
Para que quede más claro, la gestión cultural existió desde mucho antes de que se la denominase así y en el presente esto continúa. Los principales gerentes y administradores fueron y son personas como: entre los ya desaparecidos Heber Raviolo, Banda Oriental; Manuel Martinez Carril, Cinemateca; Nancy Bacelo en la histórica Feria del Libro y el Grabado, todos superando las cuatro décadas de actividad laboral. Entre los vivos, Mario Morgan en el teatro, Ángel Atienza y su sello discográfico Perro Andaluz, Mauricio Ubal en el sello discográfico Ayuí, todos los productores de cine, todos los dueños de agrupaciones carnavaleras y todos los productores del cine nacional.
La articulación de convocatoria oficial para establecer un marco deontológico de la gestión cultural, junto con el perfil predominante de los ámbitos académicos, permite vislumbrar la impronta de redes de afinidad político-partidaria en la configuración de la institucionalidad cultural del país. Aunque los lineamientos formales se enmarcan bajo un discurso de neutralidad técnica, la selección de los referentes convocados, la procedencia directiva en la órbita pública —bajo la administración frenteamplista— y el peso hegemónico de cuadros formados en la burocracia estatal y la academia universitaria configuran un escenario en el que prevalece la matriz ideológica de la izquierda y del Frente Amplio. A su vez, resulta plenamente aplicable lo postulado por autores clásicos como Pierre Bourdieu y sociólogos contemporáneos, quienes han demostrado cómo las redes de relaciones sociales proporcionan a sus miembros recursos intangibles que se traducen en ventajas materiales, puestos de trabajo, acceso a información privilegiada y oportunidades de movilidad.
Las registros fotográficos oficiales del Día de la Gestión Cultural (celebrado el pasado viernes 4), disponibles en los portales del Poder Ejecutivo, constituyen una evidencia elocuente del peso político-partidario mencionado. En dichas imágenes aparecen únicamente cargos de confianza: el ministro, la directora nacional de Cultura, la directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, un exdirector de Cultura de las administraciones frenteamplistas (2008-2015) y cuatro jerarcas en cargos de confianza del gobierno central actual, integrantes de la mesa del conversatorio, todos ajenos al núcleo de la gestión cultural, provenientes de áreas sociales. A su vez, otra evidencia del sesgo político sobre la consideración pública de la disciplina se manifiesta en el homenajeado institucional, el político profesional Gonzalo Carámbula, de filiación comunista hasta la crisis interna de su partido a principios de los 90, momento en que pasó a revestir como frenteamplista independiente. Sobre esto último ya me explayé la semana pasada en este semanario, en carta titulada Día de la gestión cultural.
Dejo para los lectores la evaluación de todo lo dicho y explicito que el espíritu que me moviliza en este texto es únicamente el de indignación.
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