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El respeto y la adhesión a los conceptos inherentes a la aplicación práctica de la ciencia de la administración me han acompañado a lo largo de muchos años.
Durante el 2023 publiqué Alforja con mis recuerdos, un relato de memorias en la que, dada mi formación y experiencia, no podía omitir consideraciones respecto a la vida de las organizaciones.
Es así que el capítulo XIV se denomina Recuperar a las instituciones públicas (el advenimiento de la dirección profesional). Recoge ideas de un artículo escrito por mí en el año 2020 y señala algunos aspectos básicos de dirección de empresas. También cito compromisos públicos asumidos por nuestra clase política para —en caso de acceder al gobierno del país— implementar las mejores prácticas de gobernanza institucional en las empresas del Estado.
En los párrafos que siguen expongo algunos pasajes extraídos del mencionado capítulo que, a mi juicio, todavía están vigentes hoy y son más necesarios que hace siete años.
El país sufre la necesidad acuciante de ubicar en el camino correcto la gestión de las entidades públicas que, tal como están, se apartan gravemente del logro de sus fines. Estoy absolutamente convencido de que, si la administración profesional logra operar sin cortapisas en dichos organismos, ellas funcionarán con mayor eficacia y eficiencia, y obtendrán como consecuencia mejores resultados para la sociedad uruguaya. No es estéril destacar que los administradores habrán de dirigir procurando el bien colectivo, desterrando de raíz la satisfacción de sus intereses personales.
Nuestro estamento político parece no reconocer el carácter científico de la administración, a pesar de que tanto la Universidad de la República como las universidades privadas ofrecen, desde hace décadas, formación en dicha disciplina. Los líderes partidarios concluyen, equivocadamente, que cualquier persona puede conducir los destinos de una institución. El resultado de ese estado de cosas es la prevalencia del curanderismo en la gestión de las organizaciones públicas, debido a la falsa creencia de que el director de organizaciones no se hace, sino que, por azar, nace.
La realidad es que, si las empresas públicas aspiran a mejorar la gestión, sin la menor demora deben profesionalizar su gobernanza. El punto de partida es respetar las exigencias establecidas en el artículo 187 de la Constitución de la República1. Es de orden abandonar el uso de criterios de designación basados en el reparto por cuota política, militancia partidaria, nepotismo, amiguismo o fracaso del designado en algún intento previo por acceder a cargos elegibles.
El 5 de noviembre de 2019 los representantes de la coalición multicolor reiteraron por escrito el mismo propósito, cuando firmaron su Compromiso por el País que pusieron en conocimiento de la ciudadanía. En el capítulo reservado a las empresas públicas, luego de una breve referencia a la debacle experimentada por Ancap en años pasados, los integrantes del actual gobierno asumieron el compromiso de impulsar ocho acciones concretas para mejorar la gestión pública. A mero título ilustrativo, se transcriben tres de las medidas anunciadas:
La Ley 19.889 (Ley de Urgente Consideración), promulgada el 9 de julio de 2020, está vigente y en condiciones de ser aplicada. En cuanto a sus propuestas de mejorar la gestión en las empresas públicas, podría ser útil contar con un decreto reglamentario que estableciera las directrices que habrían de orientar el cambio sustantivo que se requiere.
Existe una enorme tarea a realizar para lograr la vigencia de la gestión profesional en el sector público. Solo para mencionar algunos recorridos posibles, propongo las ideas y los criterios siguientes:
Aunque debe incorporarse desde el inicio una perspectiva a largo plazo, es imprescindible programar las actividades de modo que se verifiquen logros inmediatos que ofrezcan evidencia de que la mejora en la gestión se ha iniciado.
Quizás sea útil agregar un proyecto de menor duración enfocado en un subsistema de alto nivel y con amplia proyección que, por su jerarquía, signifique un sólido mensaje respecto a la importancia y el nivel de respaldo político con que cuenta la iniciativa. Una opción posible sería la oficina de la Presidencia de la República.
Es mi esperanza que los políticos uruguayos con mayor poder de liderazgo no demoren en reconocer el papel clave que corresponde al administrador profesional en la gestión de las instituciones públicas. A partir de dicha convicción, sería razonable que comenzara de inmediato un proceso de mejora en la gestión organizacional.
Para poner en marcha ese programa, la autoridad política con el apoyo de candidatos con formación en la ciencia de la administración deberá orientar a equipos de proyectos que serán los responsables del desarrollo de las tareas. Con un esfuerzo de esta naturaleza sostenido en el tiempo, se logrará crear y hacer crecer un círculo virtuoso de administración profesional para lograr los objetivos institucionales.
Por ello y para ello, invito a todas las instituciones y personas con poder político a compartir mi esperanza personal, a formar parte de este movimiento y a actuar en consecuencia. Si la iniciativa se consolida exitosamente, podremos comprobar que la ciencia de la administración y su práctica profesional en la gestión del gobierno de Uruguay serán un factor clave que, en un futuro no muy lejano, contribuirá a generar un mayor nivel de bienestar en la sociedad uruguaya.
Julio César Porteiro
1Artículo 187. Los miembros de los directorios (…) serán designados por el presidente de la República (…) previa venia de la Cámara de Senadores otorgada sobre propuesta motivada en las condiciones personales, funcionales y técnicas.