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Increíble, no tanto por las barbaridades jurídicas que contiene, como el confisco de la plata que los aportantes tienen en custodia con las AFAP. O por tirar abajo el acuerdo de la Caja Bancaria. O por la pésima redacción relativa a los mínimos. O por poner en la Constitución mecanismos de defensa de intereses sectoriales…
Lo más increíble es que no han pensado quién va a pagar la cuenta —sideral— que producirá la iniciativa.
Seguramente creen que la cuenta la van a pagar otros. ¡Increíble!
Se comieron la pastilla sobre que los miles de millones de dólares que cuesta saldrán de las AFAP y “si alguna deuda chica sin querer se les ha olvidado”, siempre están los ricos: se les saca a ellos y ta. Lo que el mismo tango llama “la cuenta del otario”.
El tema es que, como también dice el tango: “Se acabaron los otarios”. Y Credisol tampoco va a pagar.
No hay que ser muy pispeado para darse cuenta. Basta un poco de sentido común y otro poco de memoria.
Para empezar, no existe tal cosa como la llamada “plata de las AFAP”. Es de los aportantes, está a nombre de cada uno de sus legítimos propietarios. Ellos y, obviamente, también las AFAP; va a llover juicios contra el Estado (me estoy empezando a arrepentir de haberme jubilado de abogado).
“No calienta”, pensarán los ilusos votantes del Sí, siempre quedan los ricos para sacarles a ellos la plata”.
¿Sí?
Pues para que eso sea viable, se requieren algunas cosas:
Que haya suficientes ricos en el Uruguay. El Cr. Damiani lo evaluó con una de sus frases famosas: “En el Uruguay no hay ricos. A lo sumo, riquitos”.
Pero, además de necesitarse ricos, se precisa que se den (o no se den) otras cosas.
Que el mazazo tributario que se precisaría propinarles no los lleve a fundirse o a irse del país.
Que los ricos que no estén en esas situaciones acepten tragarse los impuestos sin hacer nada.
Aquí es donde viene el sentido común y la buena memoria:
Desde que el mundo tiene nariz, los impuestos no terminan pagándolos aquellos a quienes la ley coloca como sujetos pasivos del tributo: los pagan quienes no pueden trasladarlos. Obvio.
Y más allá de la discusión de si en el Uruguay hay ricos en cantidad suficiente, el sentido común indica que muy pocos habrá a quienes les sobra la plata. Con lo cual, enfrentados a las nuevas cargas, sus víctimas reaccionarán así:
Si son empresarios, de actividades no transables, con cierto poder monopólico u oligopólico o de cartelización, van a trasladar a precios todo lo que puedan y cuando no puedan más, darán media vuelta y trasladarán para atrás, a salarios y a proveedores, rebajando todo lo que puedan y cortando lo que no puedan rebajar.
En los casos en que el empresario no pueda trasladar, ni para adelante, ni para atrás, mientras demora en fundirse, cortará toda inversión y tratará de gambetear sus obligaciones, tanto con privados como con el Estado (aumentando el trabajo en negro).
O sea que la cuenta de esta barbaridad inventada por el FA-PIT, la terminarán pagando los mismos que han venido pagando el exceso de gasto público desde hace décadas: los que menos tienen. El pago se financiará —como siempre— con menos salario, menos empleo, peores servicios, peor infraestructura y... más inflación.
A propósito, la cuenta se va a ver aumentada (por encima de los miles de millones directamente generados en la iniciativa) por el mayor costo en intereses que el Estado tendrá para financiarse, al perder el grado de inversor (y tener que aumentar drásticamente el endeudamiento).
