Las cosas no están bien y la clase política, por acción u omisión, es responsable de ello. Por complicidad, incompetencia o por ser parte de una mayoría —de todos los partidos— que, apoltronada en sus confortables butacas, tiene como única preocupación perpetuarse en el cargo. Son los que, sin mucho esfuerzo, pero con remuneraciones y prebendas indecentes, terminan ejerciendo un poder tan burocrático como inocuo.
En ese contexto, sus discursos dicen poco, sus debates son estériles y sus actitudes últimamente tienden a la vulgaridad. Los diagnósticos de los grandes problemas nacionales son estereotipados y recurrentes; mientras tanto las responsabilidades se diluyen so pretexto de argumentaciones abstractas, tales como la “multicausalidad”, la “transversalidad” y la “complejidad sistémica”. En suma, esto termina provocando que el ciudadano, medianamente formado, sienta que los políticos subestiman su inteligencia.
Por su parte, la pasividad ciudadana se explica como una conducta de abstención y renuncia del individuo a ejercer sus derechos, a fin de evitar exponerse confrontando ideas, exigiendo integridad, o impugnando decisiones. Es una propensión negativa del ser humano que anula su voluntad de hacer, de actuar, de accionar; sea para trazarse y conquistar objetivos personales o colectivos o para reaccionar en su defensa. El ciudadano cae entonces en el individualismo egoísta, una toxina social que, al anteponer el interés personal, partidario o corporativo al bienestar general, termina enfermando al cuerpo, dejándolo frágil y vulnerable ante cualquier tipo de amenaza.
Se trata de una postura de la que se benefician los malos gobiernos, dado que la ciudadanía ya no constituye un contrapeso político, y se aprovechan los malos ciudadanos, que, siempre hábiles para engañar o eludir la ley, encuentran en la anomia el escenario ideal para legitimar sus deshonestidades.
Ahora bien, enfoquémonos en los grandes problemas nacionales que hoy son la causa o el efecto de la situación en cuestión. ¿Qué decir de la educación, causa de todo retroceso? Hoy registra sus índices más bajos en 30 años, constituyendo así la injusticia social que cercena toda posibilidad de desarrollo del ciudadano y, consecuentemente, impacta en todos los factores del potencial nacional. En la economía, se manifiesta en una mano de obra cada vez menos calificada que, además de limitar la producción, dificulta las relaciones laborales. A esto debe sumarse la fuga de cerebros y de inversiones, el elevado gasto en salud al que esta precariedad conlleva, y la elemental persistencia del círculo vicioso de pobreza; factores que en su conjunto constituyen un obstáculo insalvable para el desarrollo de cualquier empresa o nación. De igual forma, esta realidad se ve fielmente reflejada en el ámbito de la seguridad pública: la violencia, el sentimiento de impunidad, la desconfianza en todo y en todos —la inseguridad, en suma— se acrecientan en la misma medida que la educación y la economía se degradan.
¿Qué decir del deplorable estado de la ciudad de Montevideo? Su suciedad, su creciente población en situación de calle y su hostilidad son más que mera decadencia urbana: son el fiel reflejo de la falta de educación y civismo de sus habitantes, así como de la improbidad de los gobiernos departamentales.
¿Qué decir de las cárceles? Hacinamientos promiscuos, donde las muertes y el descontrol imperante son la máxima expresión del fracaso de gestión de sucesivos gobiernos. A este respecto, la fuga del narco italiano Rocco Morabito de Cárcel Central en 2019, al igual que los traslados de su colega González Valencia de la Guardia de Coraceros a Cárcel Central para tener visitas conyugales, son hechos palmarios que indican cómo funcionan las cosas.
¿Qué decir del sistema judicial? Los casos mencionados lo pusieron en la lupa, en virtud de que, pasados siete años de esa fuga, el único imputado es el ciudadano ruso que lo trasladó a Minas; un individuo que cumplió 60 días en prisión y otros 60 en arresto domiciliario. En cuanto a los traslados de Gonzáles Valencia, la fiscalía archivó la investigación por no haber hallado responsabilidades penales.
Es digno de señalar que esta Justicia es la misma que, desde hace 20 años, acusa y condena “por convicción” a militares y civiles que medio siglo atrás combatieron el terrorismo marxista en la guerra interna de los años 60 y 70; la misma que asigna a estos casos fiscales y jueces que mantienen lazos sanguíneos con ciudadanos que fueron procesados por sedición; y la misma que no tomó ninguna medida cuando, en 2011, la jueza Mariana Mota participó en la Marcha del Silencio. También es la misma del bochornoso manejo político-jurídico del caso arsenal de Feldman; la misma que tras las declaraciones del fiscal Ricardo Perciballe, respecto a presiones recibidas del entonces fiscal de corte, Jorge Díaz para “evitar el procesamiento de alguien importante”, se llamó a silencio; y la misma que en los últimos días sobreseyó al intendente de Soriano por falta de pruebas, luego de haber decretado su prisión preventiva en plena campaña electoral. Es la misma que está destruyendo vidas y familias al enviar a prisión a hombres por delitos de género sin más prueba que el relato de una mujer. Huelga decir que todo esto sucede bajo la mirada esquiva y el silencio cómplice del Legislativo.
¿Y qué decir de las empresas públicas históricamente deficitarias? Por ejemplo, Ancap, que tiene una plantilla de alrededor de 2.000 funcionarios con remuneraciones que oscilan entre los $ 70.100, para un “operario de apoyo”, y los $ 330.000, para el presidente del directorio. Asimismo, vende el combustible más caro de la región —casi el 50% de su precio final corresponde a impuestos— e inexplicablemente mantiene activa una planta de producción de cemento pórtland, que es deficitaria desde hace más de 20 años. Lo inaudito es que en 2013 se adquirió un horno por un valor de US$ 53 millones, que nunca se instaló; en 2020 se constató un faltante de piezas que derivó en una investigación administrativa; y, hasta el día de hoy, el sindicato sigue defendiendo este fiasco.
“Gas Sayago” se constituyó en el símbolo del mayor fracaso de inversión pública de un gobierno que dilapidó US$ 300 millones en infraestructura y salarios de una empresa que contó con un directorio, pero jamás funcionó. No menos importantes son los casinos municipales, que desde hace más de 20 años son deficitarios y también han sido objeto de corrupción.
A este panorama debemos agregar otros hitos de degradación institucional, como lo fueron los procesamientos de un ministro de Economía y de un presidente del Banco República por el caso Pluna; y el de un exvicepresidente de la República que, además de fingir poseer un título académico inexistente, fue condenado a prisión por delitos de “abuso de función” y “peculado” cometidos durante su presidencia de Ancap.
Lo siguen el caso del director de Secretaría del Ministerio del Interior, quien fuera formalizado por “fraude” y “utilización indebida de información privilegiada” en el marco de un proceso opaco, y el de un jefe de la custodia presidencial, involucrado en el tráfico de pasaportes falsos. Especial mención merecen el cuestionado pasaporte expedido al narcotraficante Marset y su bochornoso manejo político; así como la evasión de impuestos inmobiliarios por parte de una ministra de Vivienda.
Más acá en el tiempo, el “escándalo de las horas extras” en la Intendencia de Artigas, por el que fueron condenados a prisión el intendente y la diputada departamental, entre otros.
Resulta indignante constatar que, de los procesados con prisión por delitos de corrupción, el único que cumplió reclusión efectiva fue Alejandro Astesiano. Asimismo, nadie resarció al Estado tal como lo establecen las normas.
Luego sobrevino la resolución de la Junta de Transparencia y Ética Pública —funcional al gobierno y al investigado presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Dr. Álvaro Danza—, contraviniendo despóticamente el informe realizado por los abogados de ese órgano. En dicha ocasión prevaleció, una vez más, el criterio de que “lo político está por encima de lo jurídico” y todo quedó en la nada. Al igual que cuando el presidente José Mujica hizo uso de esta premisa por primera vez, el mutismo del Estado —así como el de sus contrapesos: prensa y ciudadanía— fue absoluto. Estos reprobables hechos, y la ausencia de acciones institucionales que garanticen el Estado de derecho, conducen a una involuntaria naturalización de lo ímprobo, lo que lleva a que, en determinados contextos sociales, se interprete como legítimos este tipo de procederes.
En el común de la ciudadanía provocan un sentimiento negativo —mezcla de desazón, aversión, y resentimiento— que genera la percepción de que los gobiernos son todos iguales: entra uno y sale otro, mientras sus condiciones de vida no solo no mejoran, sino que tienden a agravarse.
Este contexto describe claramente la escasa educación y formación que exhiben muchos de los que ocupan posiciones relevantes en el Estado; las reiteradas muestras de faltas a la ética pública; la procacidad con que actúan; y la obscena disonancia entre sus remuneraciones y sus mediocres desempeños. Es el escenario perfecto para la desacreditación de una clase política a la que, no casualmente, se la comienza a llamar “casta”.
En definitiva, la pasividad en cuestión va mucho más allá de la falta de interés del ciudadano por la política; es desafecto y rechazo hacia la política y los políticos, incluso hacia los de su propio partido. Un sentimiento que, cuando alcanza a la mayor parte de la ciudadanía, configura un fenómeno denominado “crisis de representatividad”, la que de no revertirse sabemos que representa una amenaza para cualquier democracia.
Nos equivocamos si creemos que la estabilidad institucional pasa por el aprecio y el respeto que puedan dispensarse presidentes y expresidentes en distintas circunstancias sociales; o por una dialéctica corporativa que, a las inmoralidades, llama “desprolijidades”. Eso es solidaridad y autoprotección de clase, lisa y llanamente.
“En ciertos períodos la nación se duerme dentro del país. Los apetitos acosan a los ideales tornándose dominadores y agresivos, y ningún clamor del pueblo se percibe. Entra en la penumbra el culto por la verdad, el mérito, la exaltación de ideales, el desinterés, la abnegación, el espíritu de bien servir, y todo lo que está en el camino de la virtud y la dignidad” (José Ingenieros, en El hombre mediocre).
Es hora de que la nación despierte y entienda que la democracia no solo se ejerce y defiende en las urnas. Se la cultiva en la exigencia de ética, idoneidad y competencia a nuestros representantes; virtudes que escasean en el ejercicio del poder.
Concluyendo, permítaseme el desvío de una máxima que, por pertinente, trasciende banderas: la institucionalidad se forja con “dignidad arriba” y se fortalece con “regocijo abajo”.
Cnel. Luis Eduardo Maciel Baraibar
