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Ante expresiones públicas de dirigentes de la política vernácula sobre “cuidar al presidente” y relacionadas con los avatares derivados por la compra del vehículo de alta gama para “seguridad de los traslados del Sr. presidente de la República”, y argumentado también públicamente por otros, deviene inevitable plantear la interrogante acerca de si lo pertinente, debido y obligatorio en el caso es, como sostienen unos y otros, cuidar a la persona del presidente o, como lo exige la democracia y el Estado de derecho, cuidar la institución presidencia.
No cabe duda alguna de que lo pretendido por los mencionados expositores públicos privilegia —sea por razones de amistad, corporativas, ideológicas, partidarias o de cualquier otra naturaleza que los vincule— cuidar a la persona del presidente por encima del cuidado a la institución presidencia.
Mientras que por dichos expositores se procura disminuir, silenciar y hasta desconocer la relevancia política, social, legal y ética de la cuestionada conducta del Sr. presidente y la de parte de su conglomerado partidario y de su asesoramiento gubernamental, una imparcial, correcta y justa valoración de tales comportamientos en el ejercicio del poder público —nada más y nada menos que el correspondiente al de la presidencia de la República— implica afirmar, por lo contrario, que los mismos han afectado y erosionado la institucionalidad del órgano de mayor jerarquía político-ejecutiva del país. Con su derivada trascendencia nacional e internacional.
No es necesario abundar acerca de la transgresión al Estado de derecho que se configura cuando quienes asumen las mayores responsabilidades en su defensa y resguardo favorecen o benefician sus intereses individuales, partidarios o ideológicos en desmedro de los que preserva y protege el ordenamiento jurídico del país. Al cometer infracción, ese Estado de derecho se vulnera y agrede a la democracia.
Al margen de todo prejuzgamiento sobre la persona del Sr. presidente —sigo guiándome por las referencias que lo consideran honesto y moralmente solvente—, lo ocurrido sobrepasa su condición como tal, involucra la valía, prestigio y credibilidad de la institución presidencia de la República. Cuidarla es un supremo deber. Desconocer, reducir u ocultar presuntas irregularidades de quienes circunstancialmente la ocupan, gestionan y representan es descuidarla. Descuido atentatorio del Estado de derecho y de la propia democracia.
De ahí que “cuidar al presidente” en vez de “cuidar a la presidencia” no se compadece con la esencialidad republicana y democrática que todos debemos preservar. Mucho más por quienes actúan como agentes de entidades públicas o representantes de organizaciones político-partidarias.
