Defensoría pública y Constitución

La intención de fortalecer la Defensa Pública, dotarla de mayor autonomía técnica y administrativa y mejorar su funcionamiento puede ser legítima y necesaria. Sin embargo, la conveniencia de una reforma institucional no habilita al legislador a desconocer las disposiciones constitucionales que regulan las competencias y la organización de los poderes del Estado. El proyecto que propone transformar la actual Defensoría Pública en un servicio descentralizado, sancionado por el Senado el 14 de octubre de 2025 y actualmente a consideración de la Cámara de Representantes, plantea por ello una cuestión que trasciende ampliamente lo administrativo.

Tampoco resulta suficiente invocar como antecedente la transformación de la Fiscalía General de la Nación en servicio descentralizado, dispuesta por la Ley 19.334. Son instituciones con cometidos y naturaleza diferentes; mientras la Fiscalía ejerce funciones propias del Ministerio Público, la Defensa Pública garantiza la asistencia y representación jurídica de quienes comparecen ante los tribunales y mantiene una vinculación constitucional específica con la Suprema Corte de Justicia. Las soluciones institucionales adoptadas para una no pueden trasladarse automáticamente a la otra sin examinar su compatibilidad con la Constitución y con el principio de separación de poderes.

A ello se agrega que el proyecto crea un servicio descentralizado vinculado al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura, cuya dirección será designada por el Ejecutivo con venia del Senado. Particularmente discutible resulta la interpretación que su artículo 5 introduce respecto del artículo 197 de la Constitución, al pretender limitar las potestades de observación del Poder Ejecutivo a los aspectos administrativos del nuevo organismo, excluyendo el ejercicio de la defensa pública en sus distintos niveles. ¿Puede una ley ordinaria restringir el alcance de una competencia que la propia Constitución atribuye expresamente al Poder Ejecutivo? La delimitación legislativa de una potestad constitucional no puede terminar modificando su alcance.

Uno de los aspectos más delicados de la iniciativa es, además, la transferencia al nuevo servicio de bienes muebles e inmuebles que actualmente integran el patrimonio del Poder Judicial, así como de los créditos presupuestales y recursos destinados a la Defensa Pública. No estamos, por tanto, ante un simple cambio de dependencia administrativa, sino ante el traslado de patrimonio y recursos de un Poder del Estado hacia un organismo vinculado al Poder Ejecutivo, sin compensación económica. Esta disposición plantea interrogantes jurídicos de entidad respecto de la autonomía institucional y patrimonial del Poder Judicial y del principio de separación de poderes. La cuestión no es meramente contable; compromete la propia arquitectura institucional del Estado.

Existe también una dimensión económica que merece consideración. La creación y puesta en funcionamiento de un nuevo organismo supone financiar un directorio, profesionales, personal administrativo, estructuras de gestión, instalaciones, equipamiento y sistemas informáticos, además de sus gastos permanentes. ¿Se ha demostrado que esta nueva estructura será más eficiente que fortalecer la existente? ¿Se ha evaluado su costo frente a alternativas que permitan alcanzar los mismos objetivos mediante mejoras presupuestales, profesionales y funcionales dentro del propio Poder Judicial? Antes de multiplicar organismos, cargos y responsabilidades administrativas, el Estado debería acreditar que esa decisión es necesaria y económicamente conveniente.

La Defensa Pública no constituye una dependencia administrativa cualquiera. Garantiza el derecho de defensa, el acceso a la justicia y la igualdad de los ciudadanos ante la ley, particularmente de quienes carecen de recursos para contratar asistencia jurídica privada. Su independencia técnica y funcional no es un atributo accesorio, sino una garantía esencial del Estado de derecho. Es necesario distinguir, por tanto, entre autonomía funcional y descentralización orgánica; la primera puede y debe fortalecerse sin que ello implique necesariamente sustraer la institución del ámbito del Poder Judicial y trasladarla a una estructura vinculada al Ejecutivo.

El problema de fondo es determinar si la transformación proyectada resulta compatible con la distribución de competencias establecida por la Carta Magna, tanto respecto de la potestad de nombramiento de la Suprema Corte como de la organización institucional de la administración de justicia y de las facultades de control del Poder Ejecutivo. No alcanza con mantener formalmente una competencia constitucional si, mediante una ley ordinaria, se alteran sustancialmente el contenido y las condiciones de su ejercicio. Si la transformación exige modificar esa arquitectura institucional, corresponde recurrir a los mecanismos de reforma constitucional previstos por nuestra propia Constitución.

El Parlamento tiene plena legitimidad para legislar, pero esa potestad no es ilimitada. Una mayoría parlamentaria, por amplia que sea, no sustituye al poder constituyente ni puede dispensarse del cumplimiento de las normas que delimitan sus propias competencias. La modernización del Estado es un objetivo deseable, pero no puede convertirse en una justificación para debilitar la separación de poderes, la independencia de la administración de justicia o la supremacía constitucional. La Constitución no es un obstáculo que deba sortearse para alcanzar determinados objetivos políticos o administrativos; es el marco jurídico que obliga, sin excepciones, a todos los poderes públicos.

Dr. Jorge Cassinelli