El acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos

Más allá de los detalles técnicos, este movimiento tiene implicancias directas para Uruguay y para el funcionamiento futuro del Mercosur. El bloque siempre se ha definido como una unión aduanera con un arancel externo común y restricciones explícitas para que sus miembros celebren acuerdos bilaterales profundos por fuera del régimen común. El paso dado por Argentina, aunque aún no se cristaliza en un tratado formal, representa un quiebre político y conceptual respecto a ese diseño original.

En cuanto al Mercosur, el impacto puede ser estructural. El bloque se enfrenta a la necesidad de revisar su arquitectura institucional. O se flexibiliza para permitir que cada país negocie con mayor autonomía determinados capítulos comerciales o corre el riesgo de una fragmentación creciente que reduzca su relevancia estratégica. La alternativa —más ambiciosa pero quizá necesaria— es transformar este episodio en una oportunidad para modernizar el esquema de integración y hacerlo compatible con los estándares globales actuales.

En definitiva, el anuncio del marco Estados Unidos-Argentina no debería interpretarse solo como un hecho bilateral, sino como una señal de que el mapa comercial sudamericano está entrando en una fase de redefinición. Uruguay —país pequeño, abierto y con vocación internacional— tiene ahora la ocasión de impulsar desde adentro una discusión de fondo: qué Mercosur necesita para competir en la economía que viene y qué papel quiere jugar como país en ese nuevo escenario.

Por ejemplo, cabe preguntarse por qué Uruguay no impulsa de nuevo el mecanismo Urupabol, una herramienta natural para que los países pequeños coordinen estrategias de desarrollo, infraestructura y diplomacia económica. La hidrovía —activo geopolítico subutilizado— podría convertirse en un eje de competitividad regional si existiera voluntad política de activarla con una agenda común y sostenida. Esto también forma parte del debate sobre nuestro posicionamiento internacional en la próxima etapa.

A este debate debemos agregar otra dimensión, quizás más profunda y más urgente. Uruguay sigue pendiente de transformaciones y reformas estructurales que acumula desde el retorno a la democracia. Lo recordaba recientemente en las actividades de la Fundación Círculo de Montevideo, donde escuché reflexiones valiosas de pensadores y exgobernantes. Pero, más allá de diagnósticos lúcidos, la interrogante persiste: ¿cuál es el posicionamiento de Uruguay? ¿Vamos a quedarnos celebrando —legítimamente— 40 años de democracia estable o vamos a asumir la responsabilidad de reaccionar ahora y proyectar el país hacia adelante? ¿Dónde queremos competir? ¿En qué queremos especializarnos? ¿Qué lugar aspiramos a ocupar en un mundo que se reconfigura más rápido que nuestra capacidad de procesarlo?

Cuarenta años de democracia son un logro para Uruguay. Haber consolidado un Estado “de bienestar” relativamente robusto, también. En una región marcada por inestabilidad, polarización y ciclos de crispación política, solemos ser presentados como “un ejemplo”. Pero conviene preguntarse con honestidad: ¿ejemplo frente a quién y con qué estándares de exigencia? La verdadera discusión es qué viene ahora. ¿Vamos a apostar por reindustrializar sectores estratégicos, apalancando talento, tecnología y logística? ¿O seguiremos cómodamente instalados en la identidad de país agroexportador y confiando en que la inercia del pasado basta para sostener el futuro?

La respuesta no es ideológica ni generacional: es estratégica. Uruguay necesita definir un rumbo claro no para la próxima elección, sino para las próximas dos décadas. Y ese rumbo empieza por reconocer que el mundo cambia, que nuestros vecinos se mueven, y que la estabilidad —en política, en economía o en geopolítica— ya no alcanza como único diferencial competitivo.

Pedro Michelini Lerena