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Cuando en Uruguay se habla del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea muchas veces se lo presenta como si fuera una puerta casi automática al desarrollo. Como si, una vez firmado y aplicado plenamente, el país fuera a exportar más, crecer más y resolver parte de sus problemas económicos. La realidad, sin embargo, suele ser bastante más compleja que ese optimismo inicial.
El acuerdo puede ser una buena noticia. Europa sigue siendo uno de los mercados más grandes y sofisticados del mundo, y mejores condiciones de acceso para productos uruguayos —carne, lácteos o algunos alimentos procesados— pueden generar oportunidades concretas. También puede facilitar inversiones y vínculos comerciales más estables. Para un país pequeño, abierto y dependiente del comercio exterior como Uruguay, cualquier mejora en el acceso a mercados relevantes tiene valor.
Pero pensar que el acuerdo, por sí solo, cambiará el destino económico del país sería una simplificación. Primero, porque las cuotas y condiciones que Europa ofrece para varios productos agrícolas no son ilimitadas. La agricultura europea sigue estando fuertemente protegida y subsidiada, lo que significa que el espacio que se abre para el Mercosur existe, pero dentro de límites muy claros.
Segundo —y más importante—, porque Uruguay enfrenta problemas de competitividad que ningún tratado comercial puede resolver. La reducción de aranceles sirve de poco si producir en el país sigue siendo caro. El costo de la energía, los combustibles, el transporte y la logística continúa pesando sobre la estructura productiva. A eso se suman trámites, regulaciones y rigideces que muchas veces encarecen la actividad económica.
En este punto, también inciden factores institucionales que suelen omitirse en el análisis. Las rigideces del mercado laboral y ciertos niveles de conflictividad sindical forman parte de ese contexto. En Uruguay, las ocupaciones de empresas —impulsadas en algunos casos como extensión del derecho de huelga por sectores del movimiento sindical—, si bien no son generalizadas, introducen elementos de incertidumbre en la gestión empresarial y en la percepción de previsibilidad. La normativa vigente, en particular a partir de la Ley de Urgente Consideración, ha procurado establecer límites al garantizar la libertad de trabajo y el derecho de dirección de la empresa, pero en la práctica persisten tensiones en su aplicación. Del mismo modo, la carga tributaria y los costos formales que enfrentan las pequeñas y medianas empresas limitan su capacidad de crecer, invertir y competir. Estos factores no explican por sí solos la falta de competitividad, pero contribuyen a un entorno menos dinámico y más costoso.
A esto se suma otro aspecto crítico: si bien el Mercosur cuenta con instrumentos de convergencia como el FOCEM, su escala es limitada y claramente insuficiente frente a los desafíos que plantea una apertura de esta magnitud. Más aún, el propio acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea no prevé fondos de contingencia ni mecanismos relevantes de apoyo para la reconversión de los sectores más vulnerables, a diferencia de lo que ocurre dentro de la Unión Europea. Esto implica que Uruguay deberá redoblar esfuerzos internos para mejorar la competitividad de su tejido productivo, apoyar a los sectores rezagados y facilitar su adaptación a la competencia internacional. De lo contrario, corre el riesgo de quedar en desventaja, incluso frente a sus propios socios del Mercosur.
También está la cuestión de quiénes capturan primero las oportunidades. En la práctica, los sectores que ya exportan con fuerza suelen ser los principales beneficiarios iniciales. En Uruguay eso significa, sobre todo, los grandes complejos agroexportadores: ganadería, agronegocio y forestación. Son actividades con escala, redes comerciales consolidadas y experiencia en mercados exigentes.
El desafío es evitar que la apertura comercial profundice esa concentración. Para muchas pequeñas y medianas empresas el problema no es solo el acceso a mercados, sino las condiciones para competir: financiamiento, certificaciones, escala productiva, innovación y capacidad de insertarse en cadenas internacionales. Sin políticas que apunten a esos obstáculos, el acuerdo corre el riesgo de ampliar las oportunidades, pero para unos pocos.
A lo anterior se agrega otro factor estructural que rara vez aparece en el debate económico: la demografía. Un país con baja natalidad y población estancada también limita el tamaño de su propio mercado interno. Fomentar la natalidad y apoyar a las familias no es solo una cuestión social; también es una política económica. Un mercado doméstico algo más amplio y dinámico ayuda a que muchas pequeñas y medianas empresas puedan crecer, ganar escala y competir mejor, incluso frente a la apertura comercial.
En ese sentido, el debate de fondo no es únicamente comercial. Es productivo. Uruguay necesita mejorar su competitividad estructural, fortalecer su entramado de pymes y generar más valor agregado en su economía. De lo contrario, los acuerdos tenderán a reforzar la especialización actual en materias primas —carne, soja, celulosa— en lugar de impulsar una diversificación más amplia.
El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea puede abrir puertas importantes. Pero los acuerdos comerciales no sustituyen las reformas internas. Sin mejoras en competitividad, productividad, infraestructura y escala económica, y sin políticas activas que acompañen a los sectores más expuestos, las oportunidades que se abran tenderán a ser aprovechadas sobre todo por quienes ya estaban en mejores condiciones. En suma, más que en los tratados que firma, el futuro económico de Uruguay depende de los cambios que sea capaz de hacer dentro de su propia casa.
