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Cuando el poder deja de ponerse límites a sí mismo, tal vez gane margen para decidir. Pero empieza a perder algo más importante: la confianza que hace que esas decisiones sean aceptadas.
En política, los límites suelen verse como un problema. Frenan decisiones, obligan a explicar, a veces hacen perder tiempo o margen de maniobra. Por eso no es raro escuchar que, en determinadas circunstancias, lo más “responsable” es flexibilizarlos un poco. El argumento suena razonable. El problema aparece cuando esa excepción empieza a repetirse.
Un sistema político puede funcionar durante un tiempo sin límites demasiado claros. Incluso puede mostrar resultados. Pero el costo no aparece enseguida. Se va acumulando de a poco, casi sin que nadie lo note.
Cada regla que se interpreta con demasiada elasticidad, cada incoherencia que se justifica en nombre de la urgencia, cada decisión que se explica más de lo que se fundamenta deja una pequeña marca. No parece grave en el momento, pero con el tiempo esas marcas terminan afectando algo central: la autoridad de las reglas.
Cuando eso ocurre, las normas siguen existiendo, pero ya no ordenan del todo. Se transforman en referencias generales que dependen, en última instancia, de cómo el poder decida aplicarlas. Y cuando las reglas dependen demasiado de quien gobierna, la previsibilidad empieza a debilitarse.
Ese efecto también se traslada a la sociedad. La gente no reacciona necesariamente con enojo o protestas.
Muchas veces responde de otra manera: tomando distancia. Empieza a desconfiar un poco más, a creer un poco menos, a suponer que detrás de cada decisión hay algo que no se dice del todo.
Paradójicamente, cuando el poder evita ponerse límites para conservar margen de acción, termina debilitando su propia autoridad. Puede decidir más rápido, pero convence menos. Y cuando la convicción desaparece, gobernar se vuelve cada vez más difícil.
Por eso los límites no son solo una formalidad institucional. Son una señal. Le dicen a la sociedad que incluso quienes gobiernan aceptan que hay cosas que no deben hacerse, aunque pudieran hacerse.
Las democracias no funcionan porque todo esté permitido, funcionan porque ciertas reglas se respetan incluso cuando resultan incómodas. El costo de no poner límites rara vez aparece como una crisis repentina. Se manifiesta cuando la confianza empieza a erosionarse y la política descubre que la sociedad ya no cree con la misma facilidad.
