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El Puerto de Montevideo ha sido de una enorme importancia en la génesis y en el desarrollo de nuestro país. Lamentablemente, por errores en la gestión de las autoridades de turno, este instrumento fundamental de nuestra economía ha ingresado en un proceso de franco deterioro que se ha agravado con el gobierno del Frente Amplio y la conducción que, en esta materia, le corresponde al Poder Ejecutivo de acuerdo a lo que dispone la Ley 16.246, de 1992, o Ley de Puertos que, en su artículo 7, establece que le “compete al Poder Ejecutivo el establecimiento de la política portuaria y el control de su ejecución”.
Frente a este cometido tan importante, que el Poder Ejecutivo ejerce a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ¿cuál es el escenario portuario actual?
1. Que la operativa del Puerto de Montevideo ha bajado significativamente en este período de gestión.
2. Que no se ha podido recuperar la pérdida de cargas paraguayas y que empresas de navegación tan importantes, como MSC y Hapag, no operan más en nuestra principal terminal portuaria por las demoras y costos excesivos que deben de soportar.
3. Que ese estado de situación debería combatirse abatiendo costos y demoras operativas, lo que no se ha hecho hasta la fecha, al tolerar que los concesionarios de los servicios portuarios fijen libremente sus tarifas en abierta violación de lo dispuesto en el artículo 51 de la Constitución, que indica que esas tarifas deben ser homologadas por el Poder Ejecutivo.
4. Que entre 450 puertos investigados por el Banco Mundial, el Puerto de Montevideo está entre los últimos 50 calificados y, en una encuesta a nivel regional, entre 20 puertos analizados, fue ubicado en el lugar 19.
5. Que no solo no se ha podido dragar el canal de acceso a 14 metros de profundidad, sino que, en algunos tramos, no se ha mantenido la profundidad de 13 metros alcanzada, con dragas propias, por la administración anterior.
6. Que para el desempeño de funciones operativas de particular importancia, se designó capitán del Puerto de Montevideo a un egresado de la UTU en construcción con experiencia en saneamiento, en clara violación de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Puertos, que exige que debe tratarse de una persona “notoriamente versada en temas portuarios”.
7. Que mientras la ANP recauda menos, porque su operativa se redujo, han aumentado las compensaciones a los funcionarios de confianza y, sobre todo, los viajes reiterados de sus jerarcas.
8. Que, inexplicablemente, los datos estadísticos que brinda la ANP sobre su operativa no son veraces, como se puede verificar contrastándolos con los aduaneros, que son correctos.
9. Que las balanzas operan en forma deficiente porque, por razones que la ANP no ha podido explicar, no se ha alcanzado su automatización y es frecuente ver larguísimas filas de camiones esperando superar el pasaje por esas instalaciones.
10. Que la ANP carece de una sala de control, lo que afecta la seguridad en el recinto portuario.
11. Que gran parte de su estructura física está plagada de pozos que dificultan el tránsito.
que es tan caótica la gestión de ese espacio que permite situaciones tan absurdas como el depósito de cientos de vehículos a la sombra del viaducto.
Y lo peor de todo es que la ANP y el MTOP no están haciendo nada que nos permita ser optimistas frente a este escenario tan ominoso.
