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Entre quienes sostienen que en el escrutinio de las recientes elecciones venezolanas se ha cometido fraude existen opiniones diversas. Por un lado están quienes entienden que hay que reclamarles a los militares de aquel país que hagan respetar la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Otros, en cambio, sostienen que esos militares no darán un paso en ese sentido debido a que gozan de privilegios materiales que les otorga el actual gobierno y por lo tanto les conviene que todo quede como está.
Ambas posiciones dejan de lado considerar un aspecto que es insoslayable para entender la situación. Las Fuerzas Armadas venezolanas son socialistas. Se pronunciaron oficialmente como integrantes del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela), creado por Chávez en 2006.
A nosotros nos cuesta entender una situación de esa naturaleza. Por eso recurriré a recordar un episodio que hace 12 años ocurrió en nuestro país porque es oportuno tenerlo presente.
En junio de 2012 arribó a Uruguay una delegación del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela. Esa visita se realizó en el marco de una gira de “intercambio formativo” entre países de la Unasur (Unión de Naciones Sudamericanas) creada en 2004 por iniciativa del entonces presidente, Hugo Chávez, a la que se sumaron los jefes de Estado Rafael Correa, Lula da Silva, Evo Morales y Néstor Kirchner. Aquella delegación realizó una exposición en el Instituto Militar de Estudios Superiores a la que asistieron integrantes de nuestras Fuerzas Armadas. El acto consistió en una propaganda política explícita del socialismo tal como se practicaba en Venezuela.
Ante semejante aberración fue que escribí una carta a Búsqueda. La mañana en que aquella carta se publicó recibí dos llamadas telefónicas. Una fue la del jefe de la División de Ejército I y la otra era del comandante en jefe del Ejército. Ambos me expresaron su conformidad con mi carta y su reconocimiento porque yo había hecho lo que ellos, pese a compartirlo, no podían hacer debido al cargo que ocupaban.
Era lógico suponer que ambos habían estado en la exposición de los venezolanos y que no habían sido nuestras jerarquías militares quienes habían gestionado la presencia de aquella delegación sino que fue una decisión del gobierno de entonces. Fue inadmisible que nuestras autoridades hayan admitido la presencia de esa delegación en nuestro país.
No se puede esperar que unas Fuerzas Armadas que militan públicamente en el partido político que gobierna reconozcan el resultado de las elecciones cuando le son adversas. No puede darse allí lo que ocurrió en nuestro país en 1980, cuando se acató el resultado negativo del referéndum por medio del cual el gobierno de facto pretendió reformar la Constitución y así institucionalizar su participación en la conducción pública. Tampoco se puede suponer que las Fuerzas Armadas de aquel país actúen como lo hicieron las nuestras cuando en 1984 respetaron, como correspondía, el resultado de las elecciones por las cuales la República recuperó su plena democracia.
Siempre hay que tener presente que las Fuerzas Armadas, en un país democrático, deben ser estrictamente profesionales y ajenas a toda participación en actividades político-partidarias, cualquiera sea su orientación.
