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Según emana de su propia esencia y finalidad, un partido político debe concebirse como una estructura organizada de hombres y mujeres con el propósito de participar en el quehacer democrático de una sociedad, mediante principios, valores, objetivos, programas y proyectos políticos que les son comunes, procurando a tales fines y para su aplicación en la realidad acceder electoralmente a los escenarios del poder político de esa sociedad.
Si no existiera esa comunidad en los mencionados y esenciales extremos, no estaríamos ante un verdadero partido político, sino ante un conglomerado de personas y agrupaciones que participarían y se desempeñarían coaligadas con un solo y único propósito común. El de acceder al poder político.
Un ejemplo irrefutable de esto último, por la ausencia de ideario común en aspectos que hacen a la esencia de un partido político, se encuentra evidenciado en el proceder de la actual coalición frenteamplista. Es de público conocimiento que a través de lo dispuesto por su cúpula directriz se decretó la “libertad de acción” para sus adherentes con respecto a una cuestión de fundamental relevancia y significación para la vida nacional. Esta contradictoria conducta con la tradicional y consuetudinaria de limitar esa libertad de acción por “disciplina partidaria”, revela, además de ejemplificar el “como te digo una cosa te digo la otra”, la carencia de unidad ideológica y política entre sus actores para asumir coherente y responsablemente, nada más y nada menos, lo que hace a la seguridad social de los habitantes del país y a sus derivados efectos en la economía, en las relaciones de trabajo, en las certezas jurídicas, en las inversiones, en la consideración internacional y en demás componentes primordiales de la vida nacional.
Al no tener sus integrantes una concepción y postura común sobre el plebiscito promovido por el PIT-CNT en alianza con algunos sectores de la misma coalición y que pone en juego las futuras condiciones de vida de quienes residen y conviven en el país, no cabe albergar dudas en cuanto a que el verdadero y excluyente propósito que anima su quehacer es ocupar cargos del poder político y no los que pregona en su permanente actitud opositora o en su prolífica propaganda electoral.
De ahí que, para evitar riesgos que pudieran resquebrajar la permanencia del conglomerado y no alcanzar los pretendidos resultados electorales en el poder político, se evitó pronunciarse sobre tan relevante aspecto concerniente a la vida de las personas, instituciones y sistemas socioeconómicos del país, así como renegar de su siempre invocado criterio rector de “unidad de acción” por el opuesto y generalmente no permitido de “libertad de acción”. Condicionantes imprescindibles para mantener el aglutinamiento electoral que habilitase la conquista de dicho poder. Única razón, causa y explicación de esa mentada y forzosa “libertad de acción”.
Una organización política, cualquiera fuere su estructura orgánica, que tenga como objetivo y finalidad ejercer democráticamente el gobierno de una nación y no tiene definiciones y posturas claras, precisas y concretas sobre cuestiones de tanta relevancia para quienes en ella residen, como son las que encuadran en el plebiscito arropado por el PIT-CNT, carece de la sustantiva y necesaria legitimidad para asumir responsabilidades gubernamentales.
Esa manida “libertad de acción” por ausencia de una comunidad ideológico-política constituye una nueva demostración de que aquella institucionalidad que en el año 1971 despertó la esperanza y el compromiso de muchos uruguayos —dentro de los cuales se incluye quien suscribe— para el logro de un porvenir más venturoso, justo y solidario a sus compatriotas y que tuvo como reconocidos y valiosos referentes a Liber Seregni, Juan Pablo Terra, Zelmar Michelini y a tantos otros de similar envergadura, se ha transformado en una conjunción de grupos y personas cuyo preponderante accionar político radica en una sistemática oposición a todo lo que proviene de quienes ejercen el gobierno y en un exacerbado afán por empoderarse de este último. Impropio todo ello para cualquier estructura política que aspire a conducir seria y responsablemente el destino de una nación. Razones, además de otras, para que algunos, muchos o pocos según quien juzgue, decidiéramos excluirnos de su pertenencia.
Es de esperar que en ejercicio de esa misma “libertad de acción”, la mayoría de quienes le adhieren respondan de conformidad con la opinión de los propios especialistas que integran la conjunción y desestimen la aprobación plebiscitaria de la inconstitucional y perjudicial reforma de la seguridad social promovida por las minorías antes mencionadas y cuyos nefastos resultados emergerían de inmediato.
