El 27 de octubre de 2024, la mayoría de los votantes rechazó en plebiscito una de las propuestas de reforma más nefastas y potencialmente perjudiciales que se han puesto sobre la mesa en los últimos años: la estatización de los fondos de las AFAP. Con ello, se hubiera eliminado el pilar de capitalización individual, manteniendo únicamente el sistema de reparto del BPS. También se había propuesto la reducción de la edad jubilatoria y el aumento de las jubilaciones mínimas.
A lo largo de 2024, analistas, consultores y académicos criticamos abiertamente la propuesta de reforma jubilatoria por los nefastos efectos que supondría para la situación fiscal, las inversiones y el crecimiento económico; además de ser una propuesta contraria a la ética de la propiedad privada. Hoy, abril de 2026, una propuesta similar ha surgido como iniciativa conjunta del PIT-CNT y el Poder Ejecutivo a través del Diálogo Social.
La importancia del ahorro
Todas las personas actúan consciente y deliberadamente para alcanzar ciertos fines u objetivos, empleando los medios que consideren como idóneos. El desarrollo económico y social está dado por una mayor cuantía de dichos medios, que solemos denominar como “bienes de consumo”. Para aumentar la cantidad de bienes de consumo, es necesario aumentar la cantidad de bienes de capital, que son aquellos bienes que se incorporan en el proceso productivo. Para aumentar la cantidad de bienes de capital, es necesario que haya inversión. Y para que la inversión sea sostenible, se requiere necesariamente de ahorro: postergar deliberadamente parte del consumo presente hacia el futuro.
A través de los diferentes vehículos de capitalización del ahorro, se coordina la demanda y oferta de fondos prestables, que son los inversores y los ahorradores respectivamente. Los primeros buscan captar fondos para invertir en el proceso productivo y satisfacer en mayor medida la demanda futura de bienes y servicios, mientras que los segundos buscan un cierto retorno por la renuncia del consumo presente y así aumentar las posibilidades de consumo en el futuro.
A la vez, existen intermediarios financieros que facilitan la interacción entre inversores y ahorradores. De las transacciones que acontecen entre las tres partes surge la tasa de interés de mercado, que refleja las preferencias temporales de los individuos y sirve de señal fundamental para coordinar todos los proyectos de inversión en una economía.
Cuanto más se canaliza el ahorro a través de instrumentos de capitalización, más fondos prestables hay disponibles, lo que abarata el costo del capital y fomenta la inversión. El resultado es mayor crecimiento económico y bienestar social para todos aquellos que participan en el proceso productivo, ya sea como ahorradores o como inversores.
Dentro de la diversidad de intermediarios e instrumentos de capitalización se encuentran las AFAP, que constituyen un vehículo de inversión colectiva a muy largo plazo y que generan flujos de fondos prestables de manera regular. Sin duda, se trata de un instrumento con un elevado potencial para contribuir a la acumulación de capital y al desarrollo económico, potencial que, en la práctica, ha sido aun insuficientemente aprovechado.
¿Quién debería gestionar el ahorro?
La única respuesta razonable a esta pregunta es que la gestión del ahorro, entre el que se encuentran los fondos previsionales, debe llevarse a cabo por el sector privado empresarial. Siguiendo a Jesús Huerta de Soto, la empresarialidad es la capacidad típicamente humana para detectar oportunidades en el entorno y actuar en consecuencia.
La empresarialidad se rige por el cálculo económico: todo juicio estimativo sobre el resultado de los diferentes cursos de acción, contrastando costos y beneficios. El cálculo económico requiere de precios de mercado genuinos que sirvan como guía y que transmitan información acerca de las preferencias de las personas. Y para que haya precios de mercado genuinos, es indispensable la propiedad privada.
¿Y qué hay del Estado? El Estado no puede ejercer la empresarialidad como lo hace el sector privado al no poder realizar cálculo económico, puesto que no opera dentro de la órbita de la propiedad privada. El Estado debe recurrir a la gestión burocrática de los medios económicos, basada en mandatos coercitivos; a la par que responde a incentivos políticos más que económicos.
Las consecuencias del estatismo se resumen en descoordinaciones y desajustes a lo largo y ancho de la estructura productiva, y tienen como único resultado la pérdida masiva de bienestar a largo plazo.
La esencia de la propuesta del Diálogo Social
A pesar de que la gestión de los portafolios de inversión seguiría siendo privada, la gestión administrativa y comercial pasaría a manos del Estado. Supone la desvinculación de las AFAP de la administración directa de los fondos previsionales, lo que rompe la lógica empresarial y agrega una carga burocrática innecesaria. Las personas dejan de ser clientes de las AFAP y el Estado pasa a ser el único cliente.
Como consecuencia, hay un cambio drástico en las motivaciones de las AFAP: de competir entre sí para servir a los clientes, pasan a responder principalmente a los caprichos del Estado. En este nuevo esquema, el Estado adquiere la capacidad de influir en la gestión de los portafolios, buscando redirigir la inversión hacia activos financieros no productivos y con fines exclusivamente políticos. Esto, eventualmente, reduciría la rentabilidad de los fondos de las AFAP.
La propuesta surgida del Diálogo Social es, indirectamente, una estatización. A diferencia de la competencia en mercados libres, donde cada agente empresarial asume individualmente los costos y beneficios de sus acciones, una estatización implica la concentración de un poder de mercado ilegítimo en una única agencia estatal cuyas ineficiencias se socializan mientras que los beneficios se reparten políticamente.
Asimismo, en la propuesta también se contempla nuevamente la reducción de la edad jubilatoria y el aumento de las jubilaciones mínimas y otras ayudas sociales, entre otras medidas. Esto provocaría un aumento en el actual déficit del sistema previsional y en el déficit fiscal del sector público, lo cual requeriría de eventuales contribuciones adicionales por parte del gobierno central y le permitiría aumentar la presión tributaria. El deterioro en las cuentas fiscales tendría un impacto negativo sobre el riesgo país y la calificación crediticia del Uruguay, e impondría barreras a los mercados de deuda internacionales y desincentivaría la inversión en el país.
Reflexiones finales
El ahorro es un pilar fundamental del desarrollo económico y social, y su importancia es tal que debe evitarse su administración estatal. Quien crea que el Estado puede realizar una gestión eficiente de nuestros ahorros cae inevitablemente en una fatal arrogancia. En ninguna parcela de la acción humana puede el Estado ser más eficiente que el sector privado, ni siquiera existiendo los incentivos para hacerlo.
En ausencia de propiedad privada, toda forma de coerción estatal está permitida; por lo que la propuesta del Diálogo Social abre paso a eventuales intervenciones a futuro. No se descarta la posibilidad de que se avance en el mismo camino al que apuntaba la propuesta de reforma presentada en 2024, que constituye un verdadero camino de servidumbre.
Santiago Pérez Bentancort
Investigador y académico
