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    El grado inversor

    Sr. director:

    Grado inversor, ¿beneficio o perjuicio? Investment grade, la tan apreciada y buscada calificación por los países en vías de desarrollo es en realidad un beneficio o se convierte en un grave condicionante que nos empuja hacia un abismo económico de imprevisibles (o previsibles) consecuencias. Si consultamos en la web, esta nos dice que los países que obtienen esta calificación acceden a tasas de interés más bajas, plazos más largos y contribuye a diversificar su base de inversiones. Uruguay tuvo nuevamente la tan ansiada calificación en 2012, la había perdido en el 2002. En el 2012 nuestra deuda externa era de 27.864 millones de dólares, en el 2024 esta ascendía a 55.612 millones.

    En estos años hemos duplicado nuestra deuda, a un ritmo de incremento de 6% anual. De seguir así en 10 años deberemos una cifra mayor a nuestro Producto Bruto Interno (PBI). Aquí hay una pequeña trampa o verdad a medias, esto es así porque no se suman las deudas de las intendencias, las empresas públicas y otros créditos otorgados en definitiva al Estado. En realidad la cifra que el Estado, todo el Estado, adeuda es mucho mayor a la que se nos informa.

    El tener acceso al crédito internacional, con la facilidad que brinda tener el grado inversor, hace que no se cuiden como se debiera los presupuestos y las rendiciones de cuenta, se programan gastos sabiendo que estos no se podrán pagar con los ingresos fiscales, pero que se licúan con préstamos internacionales, el tan discutido y criticado “espacio fiscal”, concepto acuñado por el exministro Danilo Astori para aflojar ante la presión de las “bases”. Nuestra Constitución, en su artículo 2, impone que nuestro país será “libre e independiente de todo poder extranjero”. Pregunta: ¿un país que debe prácticamente un PBI es libre e independiente?

    Durante años, como país, hemos gastado por encima de nuestras posibilidades, recurriendo al endeudamiento para equilibrar nuestras cuentas. Pero esto no es gratis, solo por concepto de intereses debemos pagar unos 2.500 millones de dólares anualmente, sin contar amortizaciones.

    Nuestro principal rubro de exportación es la carne, en el 2025 se exportó por la suma de 2.680 millones. No es una locura que prácticamente todo lo que producimos y exportamos en la industria cárnica sea igual a lo que pagamos por concepto de intereses. La prensa nos informa que este año nos están faltando unos 7.000 millones de dólares para hacer frente a todas las obligaciones y compromisos del Estado, que en forma local por la emisión de “papeles” obtendremos unos 1.000 millones, están faltando otros 6.000 millones, que son los que está procurando conseguir el MEF, el reciente viaje del ministro Gabriel Odone a Nueva York tiene este fin.

    Los miles y miles de millones de dólares que el país ha recibido en calidad de préstamos no han sido destinados a infraestructura, han sido utilizados para, en forma principal, solventar la estructura del Estado. Cuando se menciona que tenemos unos 310.000 empleados públicos, ¿se tiene en cuenta la legión de asesores, a todo nivel, sistema de seguro de paro VIP al que todos los partidos políticos recurren, usan y abusan; se tienen en cuenta las decenas y decenas de ONG que contratan prestaciones con el Estado?

    Los datos que nos brindan son parciales, la realidad es otra, peor, por supuesto. Se crean estructuras en todos los organismos, con una avidez e ingeniosidad dignas del querido “Chicho”, y luego se fogonea e insiste con la creación de nuevos impuestos para alimentar el colador de Rentas Generales y otras arcas estatales y municipales. Los que conducen la economía, contadores y economistas, están formados y convencidos de que se puede vivir de prestado, que endeudarse en forma cíclica y constante es el camino, incluso se autopremian por el “buen manejo de la deuda”.

    Lo que comenzó como forma de financiar infraestructura se ha convertido en la manera de cubrir el exceso de gasto, cada Ley de Presupuesto y luego las rendiciones de cuentas crean más y más dependencias estatales, las que se llenan de asesores y funcionarios. Cómo podemos aceptar que el Ministerio de Desarrollo destine el 75% de su presupuesto a funcionamiento y salarios y solo el 25% a combatir la pobreza y otros problemas sociales.

    Otra realidad calamitosa es la Intendencia de Montevideo, que destina el 78% de sus ingresos a funcionamiento y salarios, sin comentarios. Resulta incomprensible, y hasta risueño, que todos coincidamos en que vivimos en un país caro, que emprender, generar puestos de trabajo, invertir, producir y realizar cualquier actividad económica es caro, que vivir es caro, que partiendo del precio de los combustibles hasta lo más básico tienen precios que superan la media regional, y por supuesto mundial, pero a pesar de que estamos todos convencidos de que vivimos en un país caro, que nuestros políticos lo mencionan y toman distancia como si no tuvieran responsabilidad, en forma constante se estén creando más impuestos, subiendo otros, inventando nuevos obstáculos pecuniarios para poder acceder a servicios y bienes, es como estar afligidos porque tenemos presión alta y día tras día aumentamos el consumo de sal.

    Esto es el diagnóstico, debemos encontrar las causas y a riesgo de quedar solo en mi análisis me temo que la madre de la mala estructura y el manejo financiero y fiscal tiene sus raíces en nuestro sistema electoral, en cómo hemos diseñado nuestro Estado democrático. Los políticos, en su gran mayoría (por no decir prácticamente todos), tienen sobre sus hombros dos grandes yugos. El primero es ejercer desde el lugar al que han llegado la conducción del país y, el segundo, más pesado y determinante que el primero, procurar permanecer, asegurar su continuidad, estar de forma permanente en campaña electoral, dando más importancia a la compra de una camioneta que a las muertes de jóvenes en barrios olvidados (no digo marginales porque no lo son, son guetos de pobres y sobre todo ámbitos lejos, muy lejos, de los sistemas educativos).

    Muchos reclamamos y esperamos la gran (muy prometida) reforma del Estado, pero tan importante como esta es la reforma de nuestro sistema político. En la Edad Media el dominio y el privilegios estaban en las arbitrarias manos de condes, príncipes, duques y otros títulos nobiliarios, ese sistema no ha cambiado, lo que cambió fueron los títulos, ahora son senadores, diputados, ministros, subsecretarios, directores y muchos otros los nuevos nobles. Estamos lejos, pero debemos recordar que la Revolución francesa germinó en el hartazgo de los citoyens.

    Daniel H. Báez