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¿Debe el Estado influir en la moneda que los ciudadanos eligen para ahorrar?
En estos días han aparecido normas y regulaciones impulsadas por el Banco Central del Uruguay (BCU) en su intento de promover una mayor desdolarización de la economía uruguaya. Considero, con todo respeto, que se trata de una estrategia equivocada, destinada a enfrentarse con una realidad económica y cultural profundamente arraigada en nuestro país desde hace más de cincuenta años.
En primer lugar, cabe preguntarse qué sentido tiene impulsar la desdolarización si ello termina condicionando la libertad de los ciudadanos para invertir y ahorrar en la moneda que consideren más conveniente. Los uruguayos no necesitan tutores que les indiquen en qué moneda deben colocar sus ahorros, ni advertencias que les expliquen los riesgos de una decisión que conocen y evalúan diariamente.
Si el razonamiento de la autoridad monetaria es que los ciudadanos deberían privilegiar las inversiones en pesos por tratarse de la moneda nacional, dicho argumento se enfrenta a una realidad jurídica consolidada desde la aprobación de la Ley 14.500, que consagró la denominada dolarización contractual en Uruguay.
Gracias a ese marco normativo, la utilización del dólar en contratos privados cuenta con pleno reconocimiento y protección jurídica. Las partes pueden pactar libremente la moneda de sus obligaciones y, una vez acordada, tanto el pago como la ejecución de los contratos deben realizarse en la moneda estipulada.
La población uruguaya ha demostrado durante décadas que es perfectamente capaz de ponderar los riesgos y beneficios de cada alternativa. Es cierto que, en determinados períodos, los depósitos en pesos han ofrecido una rentabilidad superior a los depósitos en dólares. Sin embargo, ello no implica desconocer el valor que muchos ahorristas asignan a la estabilidad y previsibilidad asociadas a la moneda estadounidense.
Resulta difícil sostener que el peso uruguayo pueda ser considerado hoy un activo de refugio superior al dólar, moneda que continúa siendo la principal referencia financiera y comercial a nivel internacional.
En ese contexto, la decisión de exigir que los bancos incorporen advertencias en los contratos de cuentas corrientes o cajas de ahorro, señalando que mantener depósitos en dólares puede generar pérdidas de poder adquisitivo frente a inversiones en pesos, constituye una señal preocupante. Aunque formalmente no implique una prohibición, transmite la idea de que determinadas decisiones de ahorro son menos deseables que otras a juicio de la autoridad monetaria.
El objetivo de fondo parece ser fortalecer la capacidad de incidencia de la política monetaria sobre la economía local. Naturalmente, el BCU tiene un control directo sobre la emisión y administración de pesos, pero no sobre los dólares que circulan en el sistema financiero. Sin embargo, esa circunstancia no debería traducirse en medidas destinadas a desalentar la libre elección de moneda por parte de los ciudadanos.
Por otra parte, el comercio internacional continúa realizándose mayoritariamente en dólares y el peso uruguayo carece de aceptación generalizada para la cancelación de obligaciones internacionales.
Asimismo, una parte significativa del endeudamiento externo del país se encuentra denominada en dólares, por lo que mantener reservas y ahorros en esa moneda constituye una forma razonable de protección frente a eventuales escenarios de incertidumbre económica.
Si en el futuro el gasto público creciera por encima del crecimiento de la economía, la necesidad de financiamiento podría incrementarse y generar mayores presiones sobre la política monetaria. En ese escenario, los ciudadanos naturalmente buscarían proteger sus ahorros en aquellos activos o monedas que consideren más seguros.
Por estas y muchas otras razones, entiendo que no resulta aconsejable impulsar políticas orientadas a una desdolarización artificial de la economía. Lo más conveniente es preservar la libertad de elección y permitir que el mercado cambiario continúe funcionando con la misma flexibilidad que ha caracterizado al Uruguay durante las últimas décadas.
