El plebiscito contra las AFAP

Rechazó la Constitución que los militares querían imponer y abrió el camino hacia la recuperación democrática. Sin el esfuerzo, la sangre y los sueños colectivos, es muy probable que aquellos no hubieran soltado el poder.

Los uruguayos defendieron la propiedad privada de sus ahorros frente a un autoritarismo populista. En 1980 y en 2024, la soberanía popular se impuso. La diferencia es que, ahora, el gobierno frenteamplista atropella esa soberanía popular impulsando un pacto elitista que se aleja radicalmente de lo que el pueblo votó hace poco tiempo. No es la primera vez que sucede. Después de que el plebiscito de abril de 1989 rechazara la anulación de la ley (y lo mismo ocurriera en el plebiscito de 2009), el Frente Amplio no aceptó el resultado como definitivo.

Durante su primer gobierno, en 2011, impulsó y aprobó la Ley 18.831, que declaró los delitos de la dictadura como de lesa humanidad e imprescriptibles. En los hechos, esta ley buscaba anular los efectos de la caducidad para una gran cantidad de casos, sorteando lo que la gente había votado dos veces en plebiscitos. En octubre de 2009 impulsó un plebiscito constitucional para habilitar el voto epistolar desde el exterior; la propuesta fue rechazada por el 63% de los votantes.

Pese a esa derrota clara en las urnas, el Frente Amplio continuó presentando proyectos de ley durante más de una década para lograrlo por vía parlamentaria. De la misma forma, tras perder el referéndum de la LUC en marzo de 2022, presentó varias iniciativas para modificar o derogar artículos puntuales que la ciudadanía había votado mantener, especialmente en materia de seguridad y relaciones laborales.

Ese modus operandi vuelve a aparecer ahora con el Diálogo Social. Pintan como un triunfo histórico que las AFAP dejen de administrar las cuentas individuales de ahorro previsional de los trabajadores y que el Estado pase a manejarlas directamente. Lo llaman “desvinculación” y lo celebran como un avance.

Estoy convencido de que es un retroceso maquillado como progreso. Le quitan al trabajador la posibilidad de elegir quién administra su plata. Se mueren por crear un monopolio estatal en esa gestión. Como cereza de la torta, en su planificación dejan a 300 uruguayos que trabajan en las AFAP sin sus puestos de trabajo. Afectan negativamente las futuras jubilaciones, encarecen el financiamiento de un Estado ya enorme, y tiran recursos que podrían ir a otros destinos mucho más urgentes.

Además, el gobierno del Frente Amplio está ignorando deliberadamente las dos medidas que, según el informe de CERES La dura realidad, tendrían mayor impacto positivo en las jubilaciones futuras. La primera es ampliar el menú de inversiones de las AFAP para que puedan colocar parte de los fondos en activos de mayor rentabilidad sin aumentar el riesgo. Esto permitiría mejorar los rendimientos de los ahorros de los trabajadores a lo largo de los años, algo que el Diálogo Social ni siquiera discute. La segunda, y más grave, es que no se está considerando el impacto fiscal real de bajar la edad de jubilación a los 60 años en un contexto de envejecimiento poblacional acelerado.

Según los datos actualizados del Censo 2023, Uruguay tendrá en 2045 muchos menos trabajadores activos y muchos menos nacimientos que los proyectados hace apenas una década. Bajar la edad de retiro en estas condiciones diluye por completo la mejora de sostenibilidad fiscal que se había logrado con la reforma de 2023.

Es decir, mientras el gobierno celebra como conquistas unas medidas que, en el fondo, nos quitan libertad de elección y concentran más poder en el Estado, se está dejando de lado las reformas que realmente podrían mejorar las jubilaciones de la gente. Prefieren seguir apostando a fórmulas vencidas. Los números que muestra la demografía y la situación fiscal que Uruguay ya está enfrentando cuentan otra historia. El mundo va para otro lado. Los países que más crecen y que mejor preparan el futuro de sus jubilados son los que aumentan la competencia, la responsabilidad individual y la participación privada en los sistemas previsionales.

Nosotros, en cambio, estamos retrocediendo hacia un modelo más estatista, más concentrado y cargado de ideas sesentistas. Se siguen olvidando de que el muro cayó hace décadas, y se aferran al último adoquín con todas sus fuerzas. Uruguay no puede permitirse el lujo de seguir dando pasos para atrás, y menos estar en un diálogo eterno sobre discusiones que el pueblo ya cerró. Necesitamos animarnos a reformas profundas, modernas y orientadas al futuro. Reformas que premien el esfuerzo, que incentiven libertades, que atraigan inversión y que nos vuelvan a poner en el camino del desarrollo.

No inventen la rueda. Ya sabemos lo que funciona. Dejen de jugar con nuestro futuro.

Me permito retirarme con las mismas palabras que utilizó El Día para defender la República, diciéndole que no a quienes querían atropellar la voluntad de la gente: “Porque amamos la libertad y las instituciones democráticas. Porque creemos que la soberanía reside en la nación. Porque queremos vivir con dignidad y en paz. Porque somos un pueblo que no acepta imposiciones ni sucumbe al miedo. Porque nos han querido doblegar por todos los medios. Porque quisieron convertir el no en una alternativa en penumbras. Pero el pueblo, que sale hoy de un largo silencio, dice su palabra definitiva: no a este proyecto impuesto viciado en su forma y en su fondo”.

Leandro Brochado