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Cuarenta años ininterrumpidos de vida democrática en Uruguay es más de lo que muchos países han podido disfrutar en toda su historia. La importancia de ese valor compartido supone recordar los dolorosos acontecimientos vividos, pero también exige destacar el rol cumplido por los dirigentes que impulsaron y facilitaron la salida de la dictadura.
No puede mirarse este 15 de febrero omitiendo todo lo que debió superarse para que las autoridades parlamentarias pudieran sentarse en sus bancas el 15 de febrero de 1985.
Incurrir en análisis parciales supondría además olvidar el protagonismo de los dirigentes políticos que lo hicieron posible. Debieron enfrentar circunstancias difíciles, a veces olvidas, y enemigos que un día sí y otro también ponían obstáculos para avanzar hacia la recuperación plena de la democracia.
Por eso ha sorprendido que, en esta fecha tan especial, solo hubo espacio para el regocijo por el aniversario y por los desafiantes temas de la agenda parlamentaria. No hubo reconocimiento para aquellos dirigentes que se cargaron al hombro el peso de la historia y abrieron el camino a través de la negociación con los militares que gobernaron el país durante 12 años.
Las figuras de Julio María Sanguinetti, Enrique Tarigo, Liber Seregni y Juan Vicente Chiarino, así como los otros delegados partidarios que participaron en las negociaciones, no necesitan de ratificación parlamentaria ni de panegíricos para legitimar su papel relevante. Tampoco Wilson Ferreira Aldunate y su injustificada e ilegal prisión que le impidió comparecer en las elecciones de 1984 y que determinó la salida de los delegados nacionalistas del diálogo con los militares.
Sorprende que nadie se haya percatado de que uno de los artífices de la salida democrática —el expresidente Sanguinetti— estuvo acompañando desde las barras el inicio del 50º período parlamentario.
Hubiese sido una buena oportunidad para que, en su persona, los legisladores realizaran un reconocimiento republicano al papel cumplido por esas figuras, que allanaron el rumbo hacia la alternancia en el poder de representantes de los tres principales partidos uruguayos durante estas últimas cuatro décadas.
Posiblemente, la evocación de los hechos del pasado reciente aparezca entreverada con otros episodios y controversias que, en modo alguno, invalidan la importancia de lo logrado en 1984 por los dirigentes antes mencionados. No existen excusas para cumplir con un generoso acto de justicia histórica más allá de las eventuales diferencias ideológicas que puedan existir y de las interpretaciones de los dolorosos hechos del pasado.
Es esperable que el presidente electo aproveche el acto de asunción del próximo 1º de marzo para realizar un necesario reconocimiento en este especial aniversario de nuestra democracia.
