La ley de aborto

Dicho sea de paso, mejor que “interrupción” sería utilizar “terminación”, porque lo que se interrumpe se puede reanudar, hecho que no sucede con un procedimiento que pone fin a una vida humana. Sería bueno volver cada tanto a recordar el significado de las palabras y el alcance de los términos.

Ejerzo mi derecho a defender la posición de que la “mejora” que deberían plantearse los legisladores sería derogar la nefasta ley de aborto, que lejos de traer “felicidad pública” ha traído muerte evitable y creciente a lo largo de los años.

Pero no. Ese grupo de trabajo de la bancada oficialista, con el apoyo de asociaciones y comisiones del MSP, llama “mejorar” la norma a ampliar los plazos, eliminar el período de reflexión, modificar la participación del equipo interdisciplinario y eliminar la restricción de residencia en el país.

Cabe señalar, además, que Argentina tiene el aborto legalizado en determinadas situaciones, pero Brasil no, tampoco Chile ni Paraguay. En Uruguay tanto el período de reflexión como la entrevista con el equipo interdisciplinario tuvieron como objetivo constituir instancias de apoyo y contribuir a que la mujer pudiera reconsiderar su decisión y superar las causas que pudieran inducirla al aborto.

El artículo 3 de la Ley 18.987 establece: “El equipo interdisciplinario deberá constituirse en un ámbito de apoyo psicológico y social a la mujer, para contribuir a superar las causas que puedan inducirla a la interrupción del embarazo”.

Sobre la ampliación de los plazos, se plantea llevar de 12 a 14 semanas la posibilidad de acceder al aborto legal. Incluso se llegó a plantear un plazo de 22 semanas, que posteriormente fue reducido. Se pretende así ampliar el período en situaciones que, según sus promotores, requieren contemplar anomalías congénitas que no siempre pueden ser diagnosticadas o confirmadas antes de las 12 semanas.

Entonces cabe preguntar: ¿con qué argumentos pretenden “mejorar” una ley que lleva 13 años de implementación, que registra un número de abortos por año cada vez mayor y que sus promotores continúan calificando de “avanzada”?

El motivo principal, tal como ha sido expresado por autoridades del Ministerio de Salud Pública y otros promotores, parece ser habilitar el aborto frente a la sospecha o confirmación de anomalías fetales. Es el caso de la trisomía 21, conocida como síndrome de Down, los estudios confirmatorios, en general, llegan más allá de las 12 semanas.

No es aceptable un aborto disfrazado de compasión “para que el niño no sufra”, ni que se justifique porque ‘’la mujer ya tomó la decisión’’. A sabiendas de que a los padres, en general, les llega una información sesgada según el modelo de prescindencia, en donde se ve a la persona con alguna condición discapacitante como una carga.

Facilitar el aborto por anomalías fetales implica seleccionar seres humanos en función de determinadas características. Esto constituye rechazo y discriminación hacia una persona precisamente por aquello que la diferencia, y resulta difícil conciliarlo con el discurso de aceptación, inclusión y respeto de la diversidad que tanto se promueve.

Me manifiesto claramente contraria al aborto provocado, con o sin ley y a cualquier edad gestacional. También rechazo enfáticamente las prácticas discriminatorias contra los seres humanos más vulnerables y frágiles de nuestra sociedad, y entre ellos los que aún no han nacido.

Antes de buscar convencer a la opinión pública y a los parlamentarios de la conveniencia de “mejorar” una ley que facilite aún más el aborto, sería más humano promover alternativas concretas y eficaces: espacios donde las mujeres con embarazos vulnerables sean recibidas y acompañadas, brindándoles información integral, contención emocional, apoyo material y seguimiento profesional.

Finalmente, apelo a quienes tienen memoria a recordar la célebre frase del primer presidente de izquierda del Uruguay: “Hay consenso en que el aborto es un mal social que hay que evitar”.

Lourdes González