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    La limpieza de Montevideo y los contenedores

    Sr. director:

    El error no está en los contenedores, está en quién decide. Cada vez que Montevideo discute la limpieza, la conversación cae siempre en el mismo lugar: contenedores que faltan, camiones que no pasan, controles que nunca llegan. Es una discusión cómoda, que vuelve en cada verano y en cada campaña electoral sin que nada cambie de fondo. Y es cómoda precisamente porque evita la pregunta que de verdad incomoda: ¿quién debería decidir cómo se limpia cada barrio?

    Una ciudad, ocho realidades, un solo escritorio. Montevideo tiene ocho municipios y, en los hechos, un único sistema de limpieza pensado desde un solo centro de decisión. Basta nombrar algunos barrios para notar el problema: Carrasco, Ciudad Vieja, Casavalle, el Cerro, Punta Carretas, Manga. No comparten densidad, ni hábitos de consumo, ni intensidad comercial, ni cantidad de contenedores, ni basurales, ni tránsito ni ferias. Son, en la práctica, barrios distintos obligados a convivir bajo la misma receta administrativa, redactada en un único escritorio que no vive en ninguna de ellas.

    La propia intendencia lo admite, aunque sea entre líneas: reconoce que estas acciones deben implementarse municipio por municipio, con fuerte trabajo territorial.

    Es una confesión involuntaria, y también una contradicción que nadie se anima a nombrar: si el diagnóstico es territorial, ¿por qué la decisión sigue viviendo lejos del territorio?

    La cercanía no es un detalle, es el método. Hoy, cuando algo falla, el vecino llama a un teléfono lejano, hace un reclamo y espera. El problema viaja de oficina en oficina hasta perderse en algún casillero administrativo. Nadie responde con la cara puesta. Un municipio funciona distinto, porque un alcalde no gestiona desde la distancia: convive con lo que gobierna. Sabe dónde reaparece el basural apenas se lo limpia, qué esquina colapsa después de la feria, qué contenedor lleva meses roto, porque se lo cruza caminando, no leyendo un informe.

    Cuando quien decide también sufre las consecuencias de su decisión, la urgencia deja de ser discurso de campaña y se vuelve necesidad cotidiana. De todos los servicios públicos, probablemente no haya ninguno donde la cercanía pese tanto como en la limpieza.

    Gobernar no es lo mismo que administrar contenedores. La propuesta no es una intendencia más chica ni más débil. Es una intendencia distinta, que deje de meter la mano en cada tarea operativa y empiece a hacer lo único que solo ella puede hacer bien: fijar estándares, financiar, distribuir recursos, controlar resultados e intervenir con fuerza cuando un municipio fracasa. Es el principio de subsidiariedad aplicado a nuestro gobierno departamental: decide más cerca quien puede resolver mejor, y gobierna desde arriba quien puede garantizar que a nadie se lo abandone.

    La diferencia no es cosmética. Hoy tenemos ocho municipios que esperan instrucciones de un centro que no los ve. Con este modelo tendríamos ocho municipios compitiendo por ser el más limpio, comparando resultados, aprendiendo unos de otros, respondiéndole a su gente y no a un organigrama.

    No es una ocurrencia. Es una deuda que el propio sistema ya reconoció y no salda. Y acá aparece el dato que le quita el piso a cualquiera que defienda el statu quo: esto no lo estoy inventando yo. La Ley 19.272 de descentralización ya les asigna a los municipios responsabilidades en materia de limpieza y residuos, en coordinación con el gobierno departamental, y el nuevo Plan Departamental de Limpieza y Gestión de Residuos 2026-2027 le dedica un capítulo entero a esas competencias.

    El propio plan repite, página tras página, las mismas palabras: territorio, cercanía, participación y coordinación. El poder que hoy concentra la gestión ya firmó, en sus propios papeles, que la respuesta está en los barrios. Y sin embargo, a la hora de ejecutar, todo vuelve a concentrarse en el mismo lugar de siempre.

    Esa es la contradicción que hay que decir en voz alta: si todos reconocen que la solución está en el territorio, ¿con qué autoridad se sigue reteniendo la decisión en el centro?

    El argumento de la fragmentación. Quien defienda el modelo actual dirá que la gestión unificada permite economías de escala, compras conjuntas, una flota más eficiente. Es un argumento real y no lo voy a descartar de mala fe. Pero mezcla dos cosas que conviene separar con precisión: ejecutar el servicio día a día no es lo mismo que planificar, financiar y regular el sistema completo. No propongo ocho flotas improvisadas ni ocho compras públicas paralelas. Propongo que la intendencia siga comprando los camiones, y que los municipios decidan las rutas, los métodos y las prioridades de cada barrio. Eso no es fragmentar el poder: es dejar de concentrarlo donde no corresponde.

    La discusión que nadie quiere dar. Esta no es una discusión sobre quién levanta la bolsa de residuos. Es una discusión sobre quién tiene el poder para cambiar un sistema que hace años dejó de convencerle a la gente, y sobre por qué ese poder se resiste tanto a soltarlo. Una ciudad tan diversa como Montevideo no puede seguir gobernándose con una receta única, escrita en un único escritorio, para ocho municipios que no se parecen entre sí.

    Agustín Pintos

    Dirigente político, expresidente del Club Zonal E del Partido Colorado en Montevideo e integrante de la lista 30 dentro de Vamos Uruguay