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En junio de 2024, en plena campaña electoral, dos consultores se subieron a un escenario que no era el suyo. Emiliano Rojido, contratado por el ministro Martinelli, dictaminó que apenas el 1,9% de los homicidios en Uruguay eran atribuibles al narcotráfico. Diego Sanjurjo, principal asesor del ministro y promotor directo de aquella contratación, hizo suya la tesis y la elevó —generosamente— al 6%. Con esos números en la mano, ambos se dedicaron a cuestionar sistemáticamente el trabajo del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, cuyo director había advertido exactamente lo contrario: que el peso del crimen organizado en la violencia letal uruguaya era central, no marginal, y que cualquier política pública que ignorara ese hecho estaba condenada al fracaso.
Posteriormente, y durante la actual administración, el Observatorio fue desmantelado. Su director, sancionado. Sanjurjo fue designado —a dedo, sin concurso, desplazando a un funcionario que había accedido al cargo por procedimientos transparentes y estaba más calificado— al frente de la nueva estructura, la AECA. Y la política pública del Ministerio del Interior pasó a construirse, durante el primer año de gestión, sobre el supuesto de que el narcotráfico era un factor de segundo orden en la producción de homicidios.
Casi dos años después, los hechos se han impuesto sobre los consultores. El propio informe anual de AECA (documento AA/2026/01, abril de 2026) reconoce, en su Tabla 2.8, que el 31% de los homicidios de 2025 está vinculado al tráfico de drogas: 115 sobre 371. No es el 1,9%. No es el 6%. Es la categoría de mayor peso individual de toda la tabla. Y eso es solo lo que el documento admite explícitamente: si se incorporan las “ejecuciones sumarias” (39 casos) y los “homicidios de motivo indeterminado” (40 casos) —categorías mal definidas, que se solapan con la lógica del crimen organizado—, la cifra real trepa probablemente por encima del 50%. La hipótesis polémica de los consultores quedó refutada por sus propios números.
Esto tiene, como se viene advirtiendo desde hace casi dos años, una doble dimensión. La primera es técnica. Quienes proporcionaron el sustento “científico” a la gestión Martinelli —y que hoy ocupan los roles centrales en el diseño de la política de seguridad— se equivocaron por un factor de quince y un factor de seis respectivamente, sin una palabra de autocrítica. Y se equivocaron porque la clasificación propuesta por Rojido adolece de defectos elementales: categorías que no son mutuamente excluyentes, tipologías vagas, conceptos que se superponen. Más grave aún, los datos que ahora se publican fueron sistemáticamente postergados durante todo 2025 porque contradecían el diagnóstico oficial. La nueva tipología prometida por Sanjurjo para fin de año nunca apareció; en su lugar, se anunció que se le pedirá auxilio a “la Academia”. Difundir solamente lo que confirma las propias preferencias y omitir lo que las contradice no es ciencia: es su contrario.
La segunda dimensión es republicana. La producción de estadísticas sobre criminalidad —como la de cualquier dato sensible: desempleo, pobreza, evolución del PBI— debería estar resguardada de la política mediante mecanismos transparentes de designación: concurso, carrera administrativa, independencia funcional. Designar a dedo a un cuadro político de la oposición al frente de la oficina que produce los números que evalúan la gestión de su propio ministro es abrir una puerta que después no se cierra. Sanjurjo depende del ministro del Interior para cobrar su salario y mantiene lazos de lealtad con el Partido Colorado: una doble dependencia que es incompatible con la objetividad técnica. Cuando un funcionario en esa posición sale a polemizar públicamente con dirigentes de su propio partido, como ha ocurrido en estas semanas, no está haciendo ciencia: está haciendo política con la chapa del Estado. Y sienta un precedente que mañana pueden invocar quienes dirijan las oficinas de cuentas nacionales o de estadísticas del trabajo.
Las dos dimensiones están conectadas. El déficit técnico —los errores de diagnóstico, el manejo selectivo de los datos, la postergación de cifras incómodas— no es una casualidad ni un accidente individual. Es la consecuencia previsible de un déficit republicano: cuando se destruye la independencia técnica de la producción estadística, la política coloniza la ciencia y los datos terminan diciendo lo que conviene en cada coyuntura. El asesor designado a dedo no puede no acomodar el cuerpo. El cargo que se ocupa por confianza política devuelve confianza política, no verdad.
Mientras tanto, los homicidios aumentan. Los cuerpos calcinados se dispersan por las periferias de Montevideo. Las balaceras se multiplican en barrios que hace una década no las conocían. Las familias enteras —porque de eso se trata, de clanes, de tramas de parentesco que sostienen las bandas— se ven arrastradas a una espiral de represalias cuya lógica el Estado dice no entender porque sus asesores se pasaron dos años discutiendo si el problema existía. Demasiado plomo en demasiados cuerpos para una política pública que sigue errante, desorientada, sostenida por consultores que ya fueron desautorizados por las propias cifras que ahora les toca firmar.
Lo decían los críticos del Observatorio en junio de 2024. Lo dicen los muertos hoy. Si esto es lo que los consultores son capaces de hacer con la “evidencia” —errar por un factor de quince, esconder los datos que los incomodan, sancionar a quien los contradice—, mejor que vayan guardando el discurso de la excelencia estadística y empiecen a tirar las cartas. Al menos en el tarot, equivocarse no cuesta vidas.
