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El reciente accidente de tránsito que tuvo como protagonista al ministro del Interior, Carlos Negro, ha trascendido la crónica policial para convertirse en un hecho de extrema gravedad institucional. Que un secretario de estado circule con la libreta de conducir vencida y se vea involucrado en un siniestro con ciudadanos heridos es, sin duda, un acto de irresponsabilidad que exige que su renuncia sea puesta de inmediato a disposición del presidente de la República por una cuestión de mínima ética y ejemplaridad pública. Sin embargo, el desarrollo posterior de los hechos nos obliga a poner el foco en un peligro institucional que considero incluso más profundo: el pedido de renuncia emitido por el sindicato de la Guardia Republicana. Genera una profunda preocupación y asombro que, desde el ámbito político, nadie se haya manifestado con respecto a esto; no parece haberse percibido lo medular del asunto y reina un silencio inquietante ante lo que constituye un desafío directo a la autoridad civil.
Hay que ser tajantes: los límites del uniforme deben ser sagrados en una república. La responsabilidad del ministro es ineludible, pero lo que resulta absolutamente inadmisible en un estado de derecho es que un cuerpo policial —un sindicato de funcionarios que portan armas en representación del estado— realice apreciaciones de índole política y pretenda forzar la salida de un superior. Este accionar está absolutamente reñido con la ley y con la esencia misma de las fuerzas de seguridad, las cuales deben ser profesionales, jerarquizadas y, sobre todo, no deliberantes. Si bien el sindicalismo policial tiene su espacio legítimo para reclamos laborales, el salto hacia la exigencia de renuncias ministeriales entra de lleno en el terreno de la valoración política, desbordando sus competencias legales. Por ello, así como el ministro debe dejar su cargo, los policías responsables de esta declaración deberían ser arrestados conforme al reglamento y la normativa vigente, contando para ello con el apoyo de todo el sistema político, que debería ser el primer interesado en proteger su propia legitimidad.
Este principio de no deliberación no es un capricho administrativo, sino una garantía de libertad. Cuando quienes poseen el monopolio de la fuerza legal actúan como jueces del poder político, se camina sobre una línea roja que debilita las instituciones y nos retrotrae a épocas oscuras. Ya sabemos cómo terminan estos relatos: la última vez que aquellos que empuñaban armas en representación del estado se involucraron en temas políticos, el resultado fue una larga interrupción de nuestra democracia y un avasallamiento de nuestros derechos. La subordinación del poder armado al poder civil elegido por el voto es el pilar que sostiene nuestra convivencia y no puede ser moneda de cambio ante ninguna crisis de turno.
No podemos permitir que la indignación legítima por una conducta ministerial nos ciegue ante el riesgo de una policía que se siente con el poder de tutelar la gestión de gobierno. La democracia exige que cada pieza del estado ocupe su lugar: que el ministro responda por sus faltas personales, pero que la Constitución y la estricta prescindencia política de los uniformados se defienda con la máxima firmeza. Porque las libertades se defienden todos los días con celo, y es un deber ineludible de quienes valoramos la tradición civil de nuestra patria; hemos construido la libertad con demasiado sacrificio histórico como para permitir que se debilite aquello que es el fundamento de nuestra república.
