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En La vuelta de Martín Fierro, de José Hernández, es el mismo Fierro al final de su vida quien aconseja a sus hijos: “Los hermanos sean unidos, esa es la ley primera”, y agrega que, si no la cumplen, “los devoran los de afuera” (es decir, que no solo los tragan, sino que lo hacen rápidamente, con avidez). A pesar de la certera sabiduría que expresa, el conjunto de profesionales de nuestro país, por estos días, ¿tienen en cuenta el consejo?
Aunque es público y notorio que no soy un conocedor de la situación y los regímenes de las cajas paraestatales, como lo es la llamada Caja Profesional (CJPPU), quiero acercarme al problema sin otra intención que la de contribuir a que se pueda encontrar una solución que sea buena para el país y, en simultáneo, también para las afiliadas y afiliados activos y pasivos de esta Caja.
¿Corriendo con el poncho? No hace muchos días, el secretario de la Presidencia de la República, Pacha Sánchez1 pareció salir a presionar a todo el mundo diciendo que en unos pocos meses no iba a haber plata para pagar las jubilaciones y pensiones de este importante instituto, con todo lo que eso implicaría para los directamente afectados y la sociedad en su conjunto: prácticamente una catástrofe nacional. Casi en los mismos días el ingeniero agrónomo Leonardo Di Doménico llegó a hablar nada menos que de default.
La verdad es que, a partir de tener esa terrible espada sobre nuestras cabezas, suspendida apenas por una crin de caballo como Damocles, uno se tienta y puede llegar a asustarse y decir: “Pero, señoras y señores, ¿qué esperan? ¿Por qué demoran tanto? ¡Voten a tapa cerrada el proyecto que mandó el Poder Ejecutivo al Legislativo y se terminó el problema!”.
Porque meter esa tremenda presión, se quiera o no, juega a dos bandas: a apurar a los legisladores para que aprueben cuanto antes el proyecto, y a preparar para el impacto a la opinión pública y a los propios profesionales bajo el expediente de que “es tan grave la situación que, lamentablemente, no podemos hacer otra cosa”.
¿Pero será así realmente? ¿Y si en lugar de esta manera casi prepotente se busca otra que tenga en cuenta que estamos a las puertas de un presunto gran Diálogo Social, y que, por lo tanto, habría que actuar en forma coherente con este espíritu? ¿Por qué no se instala ya mismo, si es necesario, un diálogo muy concreto, reducido y específico, en el que los representantes del gobierno y de las organizaciones de afiliados activos y pasivos, el sindicato de la Caja y los distintos colectivos de profesionales de verdad se sienten a negociar una salida sólida y lo más consensuada posible?
Apuntes para un breve diagnóstico. Hay dos cosas que previamente pueden dejar de decirse. 1) El Poder Ejecutivo ha tenido y tiene representantes en su directorio. ¿En algún momento se evaluó o evalúa su actuación? ¿La situación actual surgió de repente y los tomó de sorpresa? ¿Nadie vio venir lo que está pasando? ¿El Dr. Saldain y sus adláteres “expertos” estuvieron más de tres años trabajando la famosa reforma y no vieron lo que pasaba, actuando en consecuencia?
2) A la hora de las soluciones, y en la hipótesis de que doña Rentas Generales tenga que aportar algo a la salida, no debemos ni podemos olvidar que cada peso que se ponga saldrá de los bolsillos del pueblo que no es beneficiario de las prestaciones de la CJPPU. Conviene, entonces, en este aspecto, andar con pies de plomo.
Por otra parte, de las cosas que he leído me resultan muy fundadas las que ha expresado Juan Manuel Rodríguez, economista, investigador y docente de la Universidad de la República y de la Universidad Católica, asesor de la Asociación de Afiliados a la Caja de Jubilaciones Profesionales, en la diaria del 5 de mayo. Su visión, cristalina, no concuerda con la del Poder Ejecutivo y, especialmente, una de las cosas que dice es que no es verdad que el default está a la vuelta de la esquina. En particular le quita el dramatismo urgente que le está dando el gobierno, y posibilitaría abrir ese espacio inmediato —incluyendo al Poder Legislativo donde están los representantes del pueblo, también los del Frente Amplio— para atender la coyuntura y los reales problemas de fondo.
Estos parecen ser los siguientes. Primero: la estructura de aportes, basada en fictos y no en ingresos reales —como lo es en el BPS— forma parte importante de la situación que no empezó ahora. ¿Por qué no se explora una rectificación sólida y justa? ¿Por qué tanto secretismo con algunos datos? Como están las cosas, todo parece conducir a que los profesionales activos tengan como solución pagar en categorías inferiores o declararse en no ejercicio. En ambos casos, además de a ellos mismos, se perjudicará la salud financiera de la Caja.
Segundo: el famoso “descalce” vinculado a los llamados timbres profesionales como fuente de ingresos muy importante. En los últimos años (especialmente los dos primeros períodos de gobiernos frenteamplistas), las pasividades profesionales ajustaron, como corresponde, por Índice Medio de Salarios tal cual lo estableció el pueblo uruguayo en la Constitución, pero los ingresos de la CJPPU a través de los timbres se actualizaron por el Índice de Precios al Consumo. Al ser mayor el primero, las finanzas del régimen se han venido viendo seriamente afectadas, estimándose en un 70% el desfasaje (en contra de la Caja: a propósito, el proyecto del Poder Ejecutivo reduce en algo el problema…, pero en modo alguno lo soluciona).
Tercero: Según dice Martín Vallcorba, el otro problema serían los altos montos que al barrer se pagarían por pasividades (lo que no es conveniente dar por bueno, dado que el susodicho tampoco es un experto en este tema: en verdad hay pasividades profesionales muy buenas, buenas, regulares y también bajas).
Cerrando este capítulo, Juan Manuel Rodríguez estima que en 2025 no habría déficit y afirma que la crisis actual podría arreglarse con un préstamo o un fondo de garantías como se hizo con la Caja Bancaria, a cuenta de encontrar las soluciones de fondo.
Las pasividades, un impuesto encubierto, y el IASS. Creo que hoy más que nunca es hora ya, especialmente ante las discusiones que se darán en el Diálogo Social, de insistir en llamar a las cosas por su nombre como lo vengo haciendo hace más de 30 años: como regla general, sobre todo en el Banco de Previsión Social, el solo hecho de que una persona se jubile implica que pasa a pagar un impuesto invisible. Ganaba usted $ 40.000 de sueldo, con suerte va a cobrar un poquito más de $ 20.000 de jubilación; si ganaba $ 80.000 va a pasar a cobrar $ 40.000 y poco, etcétera.2 ¿Esta quita explícita, mes a mes, no implica el cobro de un impuesto invisible que durante el resto de nuestras vidas los jubilados y pensionistas pagamos y pagaremos? ¿De qué suficiencia de las prestaciones, entonces, me hablan?
Pero en el caso hay, además, un impuesto con nombre y apellido muy claro como lo es el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS), que muchos jubilados y pensionistas debemos pagar (reitero, además del tarascón de carácter vitalicio que se nos dio al momento de jubilarnos). No soy jurista, pero me parece particularmente muy sólido el planteo del Dr. López Goldaracena cuando afirma que el IASS es violatorio del artículo 67 de la Constitución reformado mediante consulta popular con un 82% de aprobación en 1989.
Si nada menos que la Carta Magna dice que yo no puedo ajustar menos que la evolución del IMS mi pasividad mensual, ¿tú, señor gobierno, parlamento incluido, vas a venir a descontarme, además, un impuesto cuya fuente es esa pasividad… mientras al mismo tiempo exoneras en cientos de millones de dólares al gran capital? ¿Por qué a los ministros de Economía y Finanzas y sus equipos no se les cruza por la cabeza, a la hora de recabar impuestos, otra cosa que hacerlo casi exclusivamente metiéndoles la mano en el bolsillo a los trabajadores de ayer y de hoy, o a los empresarios pequeños y medianos que viven digna y responsablemente de su trabajo, cumpliendo con sus obligaciones tributarias? En esta situación, por ejemplo, ¿por qué no se buscan recursos donde sí los hay y mucho (empresariado médico; grandes bufetes de abogados; etcétera)? 3
Tal vez la clave del problema. Los que hemos tenido alguna experiencia en negociaciones, sabemos que lo fundamental es que las partes en controversia tengan, cada una, posturas únicas, para de ese modo poder pasar raya y decir: en los puntos a, b y c estamos de acuerdo, pero discrepamos en d, e y f; vamos a enfocarnos en ver si podemos acercar lo más que podamos nuestras posiciones… y así se puede constatar que muchas veces se llegan a alcanzar acuerdos importantes.4
¿Cuál es el problema ahora, en este tema? Por un lado, me parece francamente demasiado intransigente la postura del Poder Ejecutivo y algunos de sus representantes, entre los cuales parece haberse impuesto la orden de no acudir en modo alguno al diálogo. Pero, por otro lado, también forma parte importante del problema que yo veo el hecho hasta ahora comprobable (escribo el 11/5) de que los colectivos de afiliados activos y pasivos a la CJPPU parecen no dialogar y acordar entre sí (sus funcionarios nucleados en AFCAPU y otras organizaciones como la Asociación de Afiliados de la CJPPU, el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, el Sindicato Médico del Uruguay, la Asociación Civil de Profesionales Independientes de la CJPPU, y hasta la Mesa Intergremial de Profesionales Universitarios Salteños en ejercicio y pasivos). Da la impresión, o la certeza, de andar cada uno por su lado… con su propio proyecto. Si esta balcanización no se corrige urgentemente y se hacen serios esfuerzos por alcanzar una postura única, o muy claramente mayoritaria, mucho me temo que todos van a ir “al muere”, cosa que, quiero creer y doy por hecho, nadie desea.
¿No se podrá hacer un esfuercito, o mejor aún, ese gran esfuerzo serio y unitario que posibilite empezar a jugar un juego de ganar-ganar? ¿O estaré pagando tributo a mi pasado como sindicalista, a veces duro pero siempre negociador?
Adolfo Bertoni
Expresidente de ATSS
CI 3.289.304-5
1. Que, dicho sea de paso, me da la impresión que en este tema (¿como en otros?) talentea como loco y demasiado, ya que no me consta que alguna vez lo haya estudiado en profundidad.
2. Los topes máximos también son un impuesto invisible, y ni que hablar de los topes mínimos, que deberían ser aumentados cuanto antes, so pena de declarar insolidarios a los gobernantes, que pueden —y deben— encontrar una solución que, por lo menos, los lleve al valor del Salario Mínimo Nacional.
3. Solo una constancia, ya que es un tema mucho más complejo: ¿por qué, en vez de timbres a veces cuestionados —como están, o aumentados— que los paga el usuario de los servicios profesionales, no se buscan otros recursos por vías como estas o por el estilo?
4. Obviamente, las dos partes tienen que tener voluntad seria de negociar y muy buena fe.