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El futuro de algunas instituciones mutuales de salud está cuestionado por los problemas económicos y financieros que han afrontado y siguen su curso a la fecha (todo ello agregado a la caída en la prestación de los correspondientes servicios).
Existen déficits operativos y resultados negativos a nivel económico, cuya única forma de ser encarados es a partir del incremento de ingresos o la reducción de costos y gastos de toda índole. También se da que los pasivos a enfrentar superan a los activos para cancelarlos. No se ve la forma de que puedan cubrirse en ningún horizonte previsible. Ambos elementos llevan a la afectación patrimonial y dejan grandes dudas sobre la capacidad de sobrevivencia en plazos razonables y estimables.
Se habla de posibles préstamos de instituciones bancarias públicas o de fideicomisos generados por la participación del Estado, que simplemente servirían para extender durante cierto tiempo el funcionamiento precario de las referidas organizaciones. Las soluciones de fondo reclaman mejoras en el funcionamiento general de la gestión, refinanciación o intentos de renegociación de pasivos para una reducción acordada entre las partes, la capitalización de las instituciones (absolutamente fuera de ninguna posibilidad realista). Nada de esto surge como factible a la fecha.
SI una institución no es viable, así debe ser reconocido, como ocurrió en el pasado con otros casos similares y tomarse las medidas pertinentes lo más rápido posible para evitar el agravamiento de la crisis económico-financiera. O pasan los asociados a otras instituciones y se procede a la venta de sus activos (edificios, equipos, etc.) o el Estado debería asumir la anexión de todos ellos al funcionamiento de la asistencia pública.
En particular, se considera inminente la intervención del CASMU, con o sin separación de autoridades. La situación de la institución en crisis lleva más de 15 años, según toda la información disponible. Ante un escenario que indica que la entidad no es viable en el presente ni a futuro, los afectados directos serían sustancialmente asociados, funcionarios y médicos, además de los acreedores que no podrían cobrar lo que se les adeuda. Los asociados se podrían afiliar a otras instituciones de salud, más allá de que estén acostumbrados a hacerlo en la actual. Algunos funcionarios y médicos seguramente serían absorbidos por ese tipo de entidades. Los acreedores deberán asumir el impacto de pérdidas totales o parciales.
Pero ¿por qué se tiene que hacer cargo la ciudadanía de la incapacidad de la conducción de una organización privada? ¿Dónde está el “interés colectivo” detrás de la situación en cuestión?
