En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
+
Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad
Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.
Suscribite a Búsqueda
DESDE
UYU
299
/mes*
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En el 2023 escribí una carta al director con reflexiones similares a las que hoy retomo, ya que gobierno tras gobierno durante los últimos 30 años vienen cometiendo los mismos errores, postergando decisiones clave y, sobre todo, cediendo espacio a la mediocridad.
Uruguay continúa gestionando sus asuntos marítimos como si fueran cuestiones secundarias. La administración pública parece concebida como refugio para los que no lograron un cargo electivo. La llamada “casta política”, sin distinción de colores partidarios, ha instalado una cultura del acomodo que relega la idoneidad a un plano meramente decorativo.
Las designaciones en organismos como la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y la del Río de la Plata (CARP) son un claro reflejo de ello. Yamandú Orsi, en su rol de precandidato del Frente Amplio, se comprometió públicamente a incorporar delegados de la Armada en ambas comisiones. No cumplió. Y hoy, esos espacios siguen ocupados por figuras que, aunque políticamente alineadas, carecen de conocimientos técnicos mínimos.
La renuncia de la vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), ocurrida semanas atrás, expuso con crudeza problemas estructurales en la conducción del organismo. La salida, que no estuvo acompañada de explicaciones públicas convincentes, fue interpretada en el sector como una muestra de malestar por la falta de rumbo y de coordinación interna en una institución clave para la logística y el comercio exterior del país.
Lejos de corregir el rumbo, el gobierno designó como sucesor a un exlegislador sin antecedentes en el ámbito portuario ni conocimientos técnicos en gestión logística o marítima. En medios cercanos a la operativa del Puerto de Montevideo se percibe esa decisión como un retroceso, en un momento en que la competencia regional exige profesionalismo, planificación y liderazgo.
La situación se agrava por la indefinición respecto a la designación del capitán del Puerto de Montevideo, cargo que permanece vacante desde hace meses. Se trata de la máxima autoridad operativa para la coordinación y la supervisión de la actividad diaria en la terminal portuaria más importante del país.
Mientras tanto, Montevideo pierde terreno frente a puertos regionales más dinámicos, como el de Buenos Aires o el de Río Grande del Sur, que avanzan con reformas logísticas y tecnológicas. En Uruguay, en cambio, no se vislumbra una política portuaria clara ni una voluntad firme de modernizar la gestión.
En un contexto global en el que los flujos comerciales demandan eficiencia y previsibilidad, la falta de dirección en la ANP no es un asunto menor. Se trata de una señal preocupante sobre el manejo de una de las principales plataformas logísticas del país, con impactos que trascienden lo portuario y alcanzan al conjunto de la economía nacional.
En el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la situación no es mucho mejor. La Dirección Nacional de Recursos Acuáticos es tratada como un apéndice irrelevante. Su debilidad institucional es directamente proporcional al desinterés político por desarrollar un sector con potencial productivo equivalente al del agro. Sin investigación, sin control y sin planificación, lo que podría ser un pilar económico más hoy es apenas un casillero olvidado del organigrama estatal.
La pesca nacional atraviesa una crisis profunda y estructural. En la actualidad, solo una pequeña parte de la flota pesquera permanece operativa, y lo hace en condiciones bastante precarias, la mayoría de los barcos están obsoletos, presentan graves falencias de mantenimiento y muchas veces no cumplen con los estándares básicos de seguridad y operatividad.
En el plano laboral, el conflicto es igualmente preocupante. El sindicato del sector se encuentra en permanente actitud confrontativa, impulsando reclamos que muchas veces se perciben como arbitrarios o desconectados de la realidad operativa. Además, se denuncia un manejo de corte mafioso dentro del gremio, con presiones y amenazas hacia quienes no están afiliados, lo cual constituye una clara violación de las libertades individuales y del derecho a la libre asociación.
Por último, la falta de garantías por parte de las autoridades competentes para proteger a los trabajadores no sindicalizados refuerza un sistema discriminatorio y coercitivo. Esta omisión impide que muchas personas ejerzan su derecho constitucional al trabajo en condiciones de libertad y seguridad, lo que configura una situación inadmisible en un Estado de derecho.
Dentro del Ministerio de Transporte y Obras Públicas se carece de gente competente en los temas relacionados al transporte marítimo y fluvial, ya que desde hace más de medio siglo seguimos con una ley de la marina mercante totalmente obsoleta, anacrónica e ineficaz para fomentar la navegación de cabotaje y la generación de empleo genuino.
Todo esto evidencia que el problema no es de un gobierno en particular, sino un modelo de conducción política que se ha vuelto estructural. Un modelo que prioriza lo partidario por sobre lo técnico, lo inmediato por sobre lo estratégico y lo simbólico por sobre lo sustancial.
Uruguay necesita una política marítima de Estado, una hoja de ruta que reconozca el valor económico, geopolítico y ambiental de su “pradera azul”, que rompa con el ciclo de improvisación permanente y apueste por la profesionalización de sus cuadros técnicos. Si seguimos navegando sin rumbo, el naufragio institucional no será una metáfora, sino un diagnóstico.
