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    jueves 11 de julio de 2024

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    Pena de muerte en Uruguay

    POR

    Sr. Director:

    Abusando de su paciencia y asumiendo el escozor que seguro generará el título de estas líneas, le ruego me acompañe en mi reflexión.

    Desde que Rousseau nos mostrara que el orden social es un derecho sagrado y que no viene por naturaleza mucha agua ha pasado bajo el puente.

    Hoy en día todos aceptamos en cierta medida la limitación de algunos de nuestros derechos, como dirían nuestros mayores: ”Tus derechos terminan donde empiezan los de los demás”.

    El problema radica en que en la formación de nuestros ciudadanos, aparte de en lo formal dejar bastante que desear, hay entornos que propician la formación de seres completamente refractarios a cualquier tipo de contrato social o sujeción a las normas.

    Déjenme ejemplificar: ya tenemos más de una generación de niñas de 15 años dando a luz a un hijo no deseado, muchas veces consecuencia de un abuso por parte de primos, padrastros o vaya a saber quién. Niño que a veces ya viene con síndrome de abstinencia por madre adicta. Crecerá mal nutrido, afectando su hardware cerebral, y sin amamantar, afectando su software emocional, sin conocer al padre, recordemos desde Freud su importancia para la introyección de la ley. Su salida del fin de semana es visitar algún tío encarcelado.

    Pero resulta que apenas adolescente descubre que con un fierro en la cintura tiene un lugar en el mundo, plata fácil y la admiración de sus pares. Así que por unos pocos pesos tenemos a un sicario como los de la tele. Señor y dador de vida, ejecutor de la pena capital decretada por algún capo. Sabedor de su impunidad casi segura, nada más que un tironcito de orejas y al barrio a lucir orgulloso su cocarda.

    El crimen, si lo vemos desde la teoría de los juegos, es un negocio, hoy en Uruguay el crimen es negocio. Nuestra sociedad está condenada a padecer cada día más violencia, a emplear cada día más recursos y a crecer por debajo de su potencial, cada día un poquito más infeliz.

    Contra este flagelo no nos queda otra que hablarles con un idioma que entienden: el miedo. Ya sabemos que Uruguay es signatario del Pacto de San José de Costa Rica, ya sabemos que tendremos innúmeras ONG de derechos humanos que van a gritar por estos ciudadanos que nos son derechos y no parecen muy humanos.

    Así que les sugiero a nuestros legisladores (ya sé que es año electoral) que para delitos como violación, asesinato por encargo y conexos al narcotráfico provean a nuestros jueces con un menú de 30 años, 50 años, perpetua (nada de buena conducta) y, por último, la pena capital. A ver si con estos números sigue siendo negocio.

    Néstor Lioret