Plebiscitos y voluntad popular como trofeos

El Uruguay político padece hoy de una inflación pocas veces vista: la de quienes se sienten facultados, olímpicamente, para interpretar la voluntad de nuestro pueblo, en distintos momentos en que este se ha manifestado, libérrimamente. Como producto y productor de esta inflación ya hemos mencionado en carta a Búsqueda el papel destacadísimo que le ha cabido y le cabe al senador Javier García, verdadero adalid de estas causas convulsas y poco claras.

La Constitución multiviolada. Parece más que prudente y necesario repasar algunos hechos en los que la voluntad ciudadana se ha expresado nítidamente y someterlos al juicio de nuestra pequeña historia. Empiezo diciendo que en la reforma constitucional votada junto con las elecciones de 1967 —hace casi 58 años— se estableció en el artículo 67 de nuestra Carta Magna que se debe “garantizar a todos los trabajadores, patronos, empleados y obreros retiros adecuados (…)”. Pues bien, me permito conminar a todos los gobernantes que han pasado desde entonces a la fecha a que me aseguren y demuestren con hechos y números que tal mandato constitucional se ha cumplido y cumple para el cien por ciento de la población objetivo. Lamentablemente, ni uno solo de ellos podrá decir que ha cumplido a cabalidad con su obligación cívica.

Más cerca en el tiempo, el 31 de octubre de 2004 —hace menos de 21 años— el 65,58% de la ciudadanía aprobó el llamado plebiscito del agua. Desde entonces el artículo 47 de la Constitución mandata: “El agua es un recurso natural esencial para la vida. El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales (…). 3) El servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”.

La verdad es que, si el incumplimiento de la Constitución se penara con cárcel, tendríamos un enorme montón de gobernantes presos… ¿Cuántas decenas y decenas de miles, tal vez cientos de miles, de compatriotas todavía no tienen saneamiento? La firma del proyecto Neptuno por el expresidente Lacalle Pou, ¿no violó flagrantemente el numeral 3 del artículo referido? El mantenimiento de esa decisión violatoria de la Constitución por parte del actual gobierno, ¿no reitera y prolonga en el tiempo la violación antes mencionada?

Un caso paradigmático reciente. En las elecciones nacionales de octubre pasado, el Dr. Lacalle Pou encabezó todas las listas del Partido Nacional. Por lo tanto, todos y todas quienes votaron a ese partido lo hicieron con la intención de que Luis los representara en el Senado de la República. Sin embargo, Luis hizo mutis por el foro (como un actor de teatro clásico se alejó no tan discretamente de la escena) y no tuvo el menor empacho en decidir no ocupar esa banca por la que un sector no menor de nuestro pueblo lo ungió como senador. Así: ¡como si nada!

Repasando: la violación del artículo 67 de la Constitución, las del artículo 47… y el desprecio por lo que quisieron los electores en octubre pasado nos habilita a preguntar serenamente y en voz alta: ¿dónde quedó el respeto a la sacrosanta voluntad popular?

No hacerle decir al pueblo lo que el pueblo no dijo. Si uno analiza sin camisetas que tiñan la mirada lo que pasó en octubre y noviembre del año pasado, creo que algunas conclusiones son meridianamente claras: 1) una mayoría del electorado no apoyó que se dejara escrito en la Constitución que la edad jubilatoria podía ser a los 60 años; 2) tampoco se quiso escribir en la Constitución que las jubilaciones, pensiones, pensiones por vejez e invalidez no pudieran ser menores a un salario mínimo nacional; y 3) tampoco se quiso darle rango constitucional a la desaparición de las AFAP de nuestro sistema jubilatorio.

Esas tres cosas se expresaron con meridiana claridad. Pero de allí no se puede inferir, no se puede sacar como un conejo de vaya a saber cuál galera, ni muchos menos se debe propagandear, que esas tres cosas ya nunca más podrán ser resueltas por medio de una o más leyes.

Porque hay en esta discusión otro gran convidado del que no hablaron ni Javier García ni Guillermo Tolosa: ese convidado señala y afirma categóricamente que junto con las elecciones pasadas la mayoría ciudadana apoyó por más de 100.000 votos el programa de gobierno del Frente Amplio y su candidato.

Y resulta que ese programa de gobierno (que tal vez Tolosa por no haber estado en el país no tuvo tiempo de leer) dice cristalinamente que las pasividades mínimas serán aumentadas significativamente —es decir, muy parecido a lo que queríamos, nada más que de otro modo— y luego se afirma que se compromete a “generar las condiciones para el acceso a la jubilación a los 60 años de edad, manteniendo los estímulos y la capacitación necesaria para que quienes quieran seguir trabajando puedan hacerlo”. Asimismo, de manera contundente se expresa que se va a impulsar (es decir, agrego yo, que se hará hincapié, que se buscará, que se insistirá y que se hará todo lo posible para que exista) “un sistema de seguridad social con tres pilares: solidario (no contributivo), de reparto intergeneracional (contributivo) y de ahorro (no lucrativo)”.

¿El economista Tolosa qué tiene para decir sobre esto? Reitero: estas definiciones se aprobaron, primero por unanimidad en el Congreso del FA previo a las elecciones y luego fueron apoyadas por más de la mitad de la ciudadanía. ¿Quién va a respetar a esa clara mayoría? ¿Esta contundente voluntad popular será ignorada? Si se la ignora y luego el Frente Amplio paga un precio político por ello, ¿saldrá después Fernando Pereira o quien fuere a hacerse la “autocrítica” diciendo que se alejaron de las bases y de las organizaciones sociales?

Daría la impresión de que Yamandú Orsi y su elenco gobernante, todo —incluido Tolosa— deberían curarse en salud.

Adolfo Bertoni

CI 3.289.304-5

Expresidente de ATSS (Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social)

¹Aclaro que no conozco a Tolosa, sé de su itinerario profesional más que afín al liberalismo económico, e ignoro si estaba en el país cuando se votó el plebiscito.