Profesionales universitarios: derribando mitos

Se dice que con la aplicación de timbres profesionales la sociedad les paga las jubilaciones a los universitarios. No. Quienes aplican timbres profesionales son los usuarios de los servicios, no la sociedad. Son cosas distintas, como se verá, porque no todos los uruguayos hacen uso de servicios profesionales y no todos los uruguayos pagan timbres profesionales siempre. Hay excepciones. Ya lo veremos.

Si bien es cierto que lo que la Caja de Profesionales recauda por concepto de timbres profesionales se destina para cubrir parte de su presupuesto y puede considerarse un tributo, cabe poner en la balanza, para ser justos, que existe una multiplicidad de situaciones en las que esos timbres no se aplican. Esto es lo que se llama “exoneración de aplicación de timbres profesionales”, que está establecida en la propia ley orgánica de la Caja de Profesionales (artículo 71) o en diferentes leyes de Presupuesto o de Rendición de Cuentas.

Me voy a referir a algunas de esas exoneraciones. No aplican timbre profesional por ejemplo salud pública (la Administración de los Servicios de Salud del Estado), el Hospital Militar, el Hospital Policial, los laboratorios y varios otros casos —que no se mencionan aquí por no ser el propósito de este trabajo—, y favorecen así a los sectores más humildes de la población. La sociedad no paga timbres, los pagan los usuarios, y para los sectores humildes hay, como se dijo, multiplicidad de excepciones. También cabe saber que en materia de abogacía el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho —que es excelente— brinda asistencia gratuita y que existe además la abogacía para los más humildes bajo el nombre de Defensoría de Oficio (también un servicio de gran nivel). No todos son usuarios de servicios profesionales, otros muchas veces los reciben gratis y otros muchos más no pagan timbres por estar exonerados.

La actualización del valor de estos timbres —que son parte de los ingresos de la caja— se practica, desde hace 20 años, cada seis meses por el Índice de Precios al Consumo. Por su parte, los egresos de la caja (como el pago de las jubilaciones, las pensiones y los salarios) se actualizan desde la misma fecha por el Índice Medio de Salarios. En la medida que los salarios y las jubilaciones han crecido en el período 2005-2025 (20 años) alrededor de un 65% por encima de los precios, la caja ha perdido y a su vez transferido a los usuarios cientos de millones de dólares que de no ser así harían que hoy la caja fuera superavitaria por este solo concepto.

Además de esta cuantiosa pérdida por timbres profesionales, y consecuente transferencia, otro aporte que hacen los profesionales al Estado (al BPS) lo constituye el hecho de que los profesionales universitarios que no ejercen en forma libre, sino bajo la modalidad de contrato de trabajo (bajo dependencia como trabajadores a salario fijo y bajo subordinación jerárquica), no aportan a la Caja de Profesionales, sino al Banco de Previsión Social. Esta fuga de aportes puede considerarse transferencias que la Caja de Profesionales hace al Banco de Previsión Social como otra forma de solidaridad. Si estos profesionales aportaran a su caja (generando aumento de la base de aportantes como se hizo con la Caja Bancaria en su primer salvataje), esta tendría perfectamente equilibradas sus cuentas sin ningún problema.

Como dije, y voy a desarrollar, el artículo 67 de la Constitución de la República establece en su inciso 3º, literal A, que las prestaciones de pasividad (jubilaciones y pensiones) se financiarán entre otras cosas con impuestos (los establecidos por ley, como ser, siete puntos del IVA como se sabe e Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social). Los profesionales universitarios pagan este último impuesto —que va al BPS, como dije— y también pagan como consumidores los siete puntos de IVA que también van al BPS. Y todo a cambio de nada, ya que la caja no recibe asistencia estatal ninguna; nunca la recibió. Por eso no es cierto que el Estado ahora asiste a la caja. En realidad es una devolución.

No es cierto que los profesionales universitarios sean culpables por sí solos de la debacle de la caja, de haberla fundido o de robar. No es cierto que haya habido corrupción. Esto último nunca se probó (se han hecho con el correr de los años muchas auditorías y ninguna diagnosticó corrupción) y, si alguien tiene elementos de prueba, que los presente a la Justicia.

En cuanto a la culpabilidad, debe saberse que la caja está dirigida por un directorio de siete miembros, dos de los cuales pertenecen al Poder Ejecutivo. Si el Estado estuvo presente desde siempre en la dirección de la caja, no puede decirse que la culpa sea solo de los profesionales. El Estado nunca denunció una desviación, una corrupción, ni pidió la intervención del Tribunal de Cuentas. Nunca pidió o fomentó la reforma de la ley orgánica de la caja. El Estado tiene su responsabilidad incluso en los altos sueldos de los gerentes y los funcionarios de la caja porque votó en mayoría los convenios laborales que dieron lugar a esos sueldos.

No es cierto que los profesionales universitarios en situación de pasividad cobran jubilaciones exageradas o incluso escandalosas en comparación con el Banco de Previsión Social. No son privilegiados. Son buenas jubilaciones. Son jubilaciones dignas que responden al elevado coste de las contribuciones que estando en actividad los profesionales realizaron. Se dice que en promedio las jubilaciones generales son muy inferiores. Pero son inferiores en promedio porque hay en el BPS un número elevadísimo de jubilaciones miserables o de hambre. Visto así, es obvio que en promedio la caja paga mejor. Sucede que en la Caja de Profesionales las jubilaciones son más parejas. ¿Qué sentido tiene compararlas con las más bajas?

En realidad en el BPS hay jubilaciones superiores a las profesionales. Ahora con la nueva ley sobre las jubilaciones y la Caja de Profesionales las jubilaciones y las pensiones de los profesionales van a bajar, corrigiendo así ciertas diferencias con respecto al régimen general, como el cálculo del sueldo básico jubilatorio, la tasa de reemplazo y la edad de jubilación, de manera que ya no habrá motivo para mencionar este supuesto desajuste. Se terminó. Los profesionales son trabajadores, son parte del pueblo y la mayoría son hijos de trabajadores que han hecho un gran sacrificio de superación.

No es cierto que la relación activo-pasivo sea baja en la caja. En realidad es de tres a uno y, si se agregaran quienes trabajan en forma dependiente, sería mayor. El problema está en que los ingresos que perciben los profesionales en actividad hoy son bajos en la mayoría de los casos. Lo que sucede en estos casos es que como no pueden aportar se estancan o retroceden en sus aportes por concepto de montepío o directamente declaran que no ejercen para no aportar. Este es un tema a corregir a futuro y que el proyecto de ley del Poder Ejecutivo empeora porque aumenta el montepío de 18,5% a 22,5%, cosa que los profesionales —jóvenes, sobre todo— no van a poder asumir.

Luis Alberto Acuña