Si le pedimos a la inteligencia artificial (IA) que nos muestre una definición de la justicia, una de las respuestas es: “La justicia es el principio moral, ético y jurídico que busca dar a cada persona lo que le corresponde, garantizando la equidad, la igualdad y la libertad en la sociedad. Actúa como un conjunto de normas que regulan la convivencia, permitiendo la resolución justa de conflictos y la protección de derechos humanos mediante el derecho positivo”. Esta es una definición con la que todos estamos de acuerdo y de alguna manera, poco comprensible, creemos que es la realidad de nuestro sistema de Justicia.
Nuevamente consultada la IA sobre la Justicia como tercer poder del Estado, esta nos dice: “El Poder Judicial es fundamental como tercer poder del Estado al actuar como garante supremo de la Constitución, los derechos humanos y el equilibrio democrático. Su independencia permite controlar los abusos del Ejecutivo y Legislativo, asegurar el cumplimiento de la ley y resolver conflictos, lo que sostiene el Estado de derecho y la paz social”.
En nuestro ideario de nación creemos realmente que nuestro Poder Judicial y el sistema que administra justicia se ajusta a parámetros de igualdad e imparcialidad, y no nos detenemos a analizar o simplemente ver la realidad. La definición es que la justicia es el principio moral, ético y jurídico que busca dar a cada persona lo que le corresponde, garantizando la equidad, la igualdad y la libertad en la sociedad. Nuestro sistema de Justicia busca dar a cada persona lo que le corresponde, garantizando equidad, igualdad y libertad, me temo que no, no somos todos iguales ante la ley, la perspectiva de género de la que se enorgullecen algunos fiscales y jueces desvirtúa la igualdad.
Por otra parte cuesta creer como prácticamente todas las denuncias a políticos quedan en un limbo y terminan archivándose por la razón de Perogrullo de falta de pruebas. La equidad en la práctica se convierte en arbitrariedad, justifica el trato desigual e inclina la balanza según quién sostenga el fiel, vemos con pasividad fiscales y jueces que actúan condicionados por su adhesión y me sospecho que hasta militancia política (preguntémonos cómo se llega de la Fiscalía a ocupar el ministerio político, sin conocimientos o preparación sobre seguridad, ¿qué fue lo que se evaluó o premió?).
Permanentemente, estamos frente a actuaciones de la Justicia escandalosas, desde las desopilantes pérdidas de un pendrive o de los audios de un narcotraficante en un caso de asesinato hasta el aleccionamiento a denunciantes y testigos por parte de fiscales para que declaren de tal o cual manera, y ni que hablar de la total violación de derechos y protección al tener intervenido un teléfono durante tres años. Preguntémonos qué pasó con los comprobados casos de peritajes arbitrarios y deshonestos. No olvidemos las filtraciones de expedientes reservados por parte de un seudoperiodista operador político, quien fue introducido en su momento por el fiscal de Corte en la Fiscalía, que en forma de serie de HBO diariamente lanza acusaciones, pensemos si al tener acceso irrestricto a expedientes y actuaciones secretas o reservadas no las puede aportar o negociar a demandantes y demandados.
Sobre la libertad, qué decir, que todos los hombres podemos terminar el día presos y permanecer así por meses o años por cualquier denuncia inventada o lo que es más increíble por un sueño, porque se ha decretado e impuesto que las mujeres no mienten. Luego la definición nos dice que la Justicia, en su accionar, permite la resolución justa de conflictos y la protección de derechos humanos, bueno, nada más lejos de la realidad. Ejemplos, por decenas o cientos.
Hace unas semanas nos enteramos de que finalizó el juicio que adjudicatarios de viviendas en el Complejo Euskal Erría le hicieron al Banco Hipotecario por defectos en la construcción, luego de 21 años, sí, como lo leen, 21 años, cree alguien que esto puede ser considerado una “resolución justa de conflictos” o el reciente acuerdo por el predio de la Estación de AFE luego de más de 22 años de litigio. Quién puede calcular el daño colateral que ha producido y producen más de dos décadas de juicio, frenando el desarrollo de todo un barrio, impidiendo que se generen cientos o miles de puestos de trabajo en rubros como la construcción o el comercio.
Tener que acudir a la Justicia por conflictos económicos es resignarse a litigar por varios años. Recientemente, un connotado abogado en un editorial se preguntaba si el gobierno había tenido en cuenta que al dar trámite en la Justicia del caso Cardama se condenaba a más de cinco o seis años de litigio.
Una de las principales tareas y metas del sistema de Justicia, Fiscalía y Poder Judicial, es que los ciudadanos comunes entendamos el accionar y los fallos, estemos informados del desempeño y se nos aclare todo aquello que resulta confuso. Indignante, por ejemplo, fue la noticia de un padre que durante ocho años violó a su hija, comenzando cuando esta tenía siete años, se le decretó prisión domiciliaria durante el proceso porque no había riesgo evidente de fuga, y la pregunta es si un depravado como este monstruo no debe estar en la cárcel desde el primer día. Si este desquiciado hubiera sido denunciado por tocarle hace 15 años la rodilla a una mujer e insinuársele estaría preso desde el primer día.
Al parecer hay una Justicia para las mujeres y otra si son niñas, por cruel que esto suene. A los ciudadanos de a pie nos irrita lo que consideramos un abuso de las prisiones domiciliarias y las tobilleras electrónicas, parece que ante un delito se prioriza los derechos del victimario, siendo todo el sistema absolutamente insensible con las víctimas, las que son invisibilizadas e ignoradas.
Es digno de estudio y análisis el proceso ideológico que ha llevado a la romanización de la delincuencia, que hacer recaer la responsabilidad sobre las víctimas e iza la bandera de los derechos humanos sobre los delincuentes. Para que este parcial diagnóstico sea esclarecedor debemos poner al descubierto que vemos como el sistema, fiscales y jueces, ha creado una fortificación con muros construidos de soberbia, corporativismo, victimización e impunidad; no se les puede decir nada que enseguida amagan con denunciar ante la Corte Americana de Derechos Humanos.
Los fiscales se refugian detrás de las montañas de carpetas que tienen a estudio, son tantas que resulta humanamente imposible dar un trato justo a todas ellas. Muchas veces me pregunto por qué no rechazan contundentemente esta situación y lo que encuentro como respuesta es que esto justifica la arbitrariedad en el tratamiento de ciertas denuncias y el congelamiento de otras (Morabito, González Valencia, Carrera, regasificadora, y la lista de bellas carpetas durmientes sigue y sigue).
Lo que los ciudadanos vemos es que en la Justicia penal hay un exceso de prisiones domiciliarias y tobilleras, además de una rebaja injusta de las penas mediante los juicios abreviados. Injustificable es el argumento de que las cárceles están repletas. En materia civil las demandas tienen asegurados años y años de proceso, en la Justicia de familia la balanza se inclina hacia la posición de las mujeres y se aleja en muchos casos de lo que debería ser justicia, en lo laboral ser empresario o patrón determina entrar al juzgado perdiendo y resignado, donde las pruebas son desestimadas sin mayores argumentos.
Que fiscales y jueces sean personas intachables no quiere decir que la lentitud y el sesgo aplicados en hacer el trabajo que les hemos encomendado (porque no hay que olvidar que son servidores públicos) termine convirtiendo a la Justicia en una entelequia. Los propios fiscales y jueces bien saben quiénes obedecen a posiciones y afinidades ideológicas y quiénes están por fuera de este reclutamiento que inició y enquistó el exfiscal Díaz.
Quizás por ahí debería venir un aggiornamento, para mi gusto más bien una purga, deberían ser celosos de lo que tanto se ufanan y reclaman, la independencia (con todas las letras y su máximo alcance) técnica. Vivimos ante un estado de indefensión, a la que sin la más mínima duda estamos expuestos los más de 3 millones de ciudadanos comunes. Nuestros representantes, diputados y senadores, tienen que encarar este tema con prioridad y realizar un examen a fondo del sistema, sumándole una auditoria de funcionamiento, y de una buena vez establecer plazos para que la Justicia se expida. Pueden decir que si se aplican plazos se corre el riesgo de casos de injusticia, y sí, puede ser, pero con la demora hoy de años y años en los procesos todos los casos terminan siendo injustos.
Reaccionemos ante lo que resulta evidente, los ciudadanos no tenemos el privilegio de contar con seguridad jurídica, pobre del que tenga que caer en esta telaraña o depender de ella. La tozudez, la insistencia y el maquiavelismo con que la izquierda (no toda, por cierto, pero sí la más radical) quiere dominar la Fiscalía nombrando un fiscal de Corte afín y seguir priorizando criterios de selección ideológicos para determinar su estructur se suman ahora a la insistencia en crear un ministerio de justicia, sin dudas para desde este comenzar (o continuar) con un proceso de conquista y dominio político.
Estoy absolutamente convencido de que no tenemos un sistema de Justicia independiente, eficiente y eficaz, y por encima de todo justo, que necesitamos y merecemos. Estamos en un proceso de deterioro que nos llevará, de no reaccionar, a socavar nuestro sistema democrático, a dar la posibilidad de que uno de los espectros políticos domine nuestros tres poderes. Señales hay muchas y en forma diaria, creo que nuestro principal impedimento y condena es que nuestros gobernantes tienen serios problemas en determinar qué es lo importante y qué temas se deben afrontar con prioridad.
Daniel H. Báez
